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Estudiantes: cierre de universidades es parte de la estrategia de control del régimen

Estudiantes y expertos en educación, aseguraron que el cierre de universidades son parte de la estrategia de control del régimen de Daniel Ortega

Audiovisuales Confidencial

8 de febrero 2022

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Estudiantes y expertos en educación, aseguraron que el cierre de universidades son parte de la estrategia de control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La dictadura sandinista cerró siete universidades privadas y asociaciones ligadas a otras, en las últimas dos semanas, dejando en incertidumbre a los estudiantes de estas casas de estudio.

El abogado y notario público, Yader Morazán, asegura que la forma en que procedió el régimen en contra de las universidades “no es válida”, porque “ninguna decisión estatal, sea administrativa o judicial, es válida si se ejecuta sin un debido proceso y menos sin intervención y debida defensa de las partes involucradas”, tal como manda la Constitución Política de Nicaragua.

En este caso, el Ministerio de Gobernación (Migob) acusó a las universidades de no haber presentado sus registros financieros y de tener sus juntas directivas acéfalas, cuando fue esa misma institución la que se negó a recibir la documentación, según denunció el rector, Adrián Meza, de la Universidad Pablo Freire, una de las casas de estudios canceladas.

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Además, valora Morazán, aunque el régimen tuviera la razón al cancelar las personerías jurídicas: “ninguna resolución parlamentaria es legal (por carencia de requisitos), aun en trámite de urgencia, cuando se somete para su discusión con apenas 24 horas de anticipación, ya que la ley dispone 48 horas previas para discusión”.

La ilegalización de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y la Universidad Paulo Freire (UPF), fue ejecutada de forma inesperada el miércoles pasado, ya que ni siquiera estaba en el orden del día de la Asamblea Nacional.

Tras la cancelación de las personerías jurídicas siguió la intervención del Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuya presidenta, Ramona Rodríguez, expresó a los medios de propaganda oficial que esa entidad se hará cargo de las universidades canceladas y hasta prometió bajar los aranceles que pagaban los estudiantes.

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