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Douglas Cerros Lanzas, condenado por chismes y rumores

Douglas Cerros Lanzas fue condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aunque su familia sostiene que su juicios se basó en chismes y rumores.

Audiovisuales Confidencial

8 de febrero 2022

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Douglas Cerros Lanzas fue condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, aunque su familia sostiene que su juicios se basó en chismes y rumores.

Aproximadamente a las dos de la tarde del sábado 6 de noviembre, Douglas Alfredo Cerros Lanzas salía de su trabajo —en una financiera en Ocotal, Nueva Segovia—, cuando un compañero le preguntó si iría a votar al día siguiente. “No, no habrá sorpresa”, respondió sin malicia, según familiares. Más o menos cinco horas después, el ciudadano fue arrestado por la Policía Nacional, a media cuadra de su vivienda en el barrio Hermanos Zamora, del municipio norteño.

La respuesta franca del ciudadano llegó a oídos del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Ocotal, el subcomisionado Bayron Mauricio Maradiaga Rubio, quien lo mandó a detener y lo acusó —sin pruebas— por “menoscabo a la integridad nacional”.

Maradiaga fue el testigo principal en un juicio contra Cerros Lanzas, que se celebró el pasado 27 de enero y duró casi doce horas. La jueza Verónica Fiallos Moncada, del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, declaró culpable al nicaragüense por los supuestos delitos de “conspiración” y propagación de noticias falsas.

En el juicio contra Cerros Lanzas, el jefe policial declaró que investigó y denunció al ciudadano porque “le contaron” que promovía el “no voto” en los comicios presidenciales de 2021. Sin ninguna prueba, Maradiaga afirmó que, además, “le contaron” que el acusado participaba, supuestamente, en reuniones de grupos opositores.

“Todo lo que ellos dicen (testigos) es falso. Empezaron a inventar todo por medio de un chisme; un invento de ellos para perjudicar a mi papá y a nosotros como familia. En ningún momento hemos dañado a alguien de Ocotal”, asegura Sidley Cerros Espinoza. 

La jueza Fiallos aún no ha notificado la condena, aunque el fiscal Alberto Mena Gámez solicitó una condena de doce años de cárcel: ocho años por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, y cuatro años por presuntamente propagar noticias falsas.


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