9 de marzo 2023
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Estos últimos años, McKinsey & Company (una de las “tres grandes” empresas de consultoría) ha estado en boca de todos, pero no por buenos motivos. Su trabajo para grandes corporaciones y Gobiernos se ha convertido en fuente de escándalos e intrigas en todo el mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, McKinsey aceptó pagar casi 600 millones de dólares por su participación en la mortal epidemia de opioides: la empresa fue acusada de haber asesorado a Purdue Pharma sobre cómo “potenciar” las ventas de OxyContin. En Australia, el trabajo de la empresa para la estrategia nacional de descarbonización del Gobierno anterior recibió críticas por ser un intento evidente de proteger a la industria australiana de los combustibles fósiles. Y una investigación del The New York Times halló que en Puerto Rico, su filial de inversiones (MIO Partners) estaba posicionada para obtener ganancias con los mismos títulos de deuda que sus consultores estaban ayudando a reestructurar.
La lista podría seguir y seguir. Pero como mostramos en nuestro nuevo libro, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps our Economies (Las grandes consultoras/la gran estafa: cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros Gobiernos y deforma nuestras economías), estos escándalos son solo la punta del iceberg. Es verdad que en cualquier empresa hay alguna manzana podrida, pero en el caso de la industria de consultoría, el problema real está en su modelo de negocios subyacente.
El valor estimado del mercado mundial de servicios de consultoría en 2021 fue entre 700 y 900 mil millones de dólares. Pero a pesar del papel creciente del sector en la vida económica y política, sus actividades casi nunca se ven como lo que son: síntomas de problemas estructurales del capitalismo contemporáneo más profundos. Aunque la industria de consultoría no sea totalmente responsable por la financierización de la economía, el “cortoplacismo” de las corporaciones o el vaciamiento del sector público, es indudable que todo eso la beneficia. A lo largo de la historia del capitalismo moderno, las “Big Con” (en inglés: las “grandes consultoras” o la “gran estafa”) han estado siempre listas para subirse a cada nueva ola de disfunción.
En el sector público promovieron una ola de privatizaciones, reformas administrativas, recurso a la financiación privada, subcontratación, digitalización y austeridad, y obtuvieron de ella grandes beneficios. En el sector corporativo ayudaron a normalizar nuevos modelos de gobernanza, desde la difusión de la contabilidad de costos y de las corporaciones multidivisionales en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hasta el surgimiento del reinado del accionista en la fijación de prioridades y la asignación de recursos.
Hoy la industria de consultoría promete revertir los mismos problemas que ayudó a crear; de allí el auge de nuevos contratos para la provisión de asesoramiento en lo referido a indicadores “ambientales, sociales y de gobernanza corporativa” (ASG/ESG). No es sorprendente que esta nueva línea de negocios haya traído consigo numerosos conflictos de interés. McKinsey, por ejemplo, asesoró en algún momento a no menos de 43 de las 100 empresas más contaminantes.
Un hecho muy elocuente fue el papel de las consultoras en la crisis de la covid‑19. Durante los primeros dos años de la pandemia, los Gobiernos gastaron sumas enormes en contratos de consultoría, con resultados dudosos en el mejor de los casos y dañinos en el peor. En Francia, las consultoras estuvieron muy involucradas en la campaña de vacunación. Pero en vez de mostrarse como un ejemplo de eficiencia, el programa francés resultó un desastre. A inicios de enero de 2021 se habían aplicado apenas 5000 dosis, contra 316 000 en Alemania y 139 000 en España (los tres países iniciaron los programas más o menos al mismo tiempo).
Puede ocurrir a veces que los Gobiernos contraten consultoras para cubrir faltantes en sus capacidades propias. Pero por desgracia, se ha convertido en norma otorgarles lucrativos contratos de gran alcance incluso en áreas que obviamente deberían ser parte de las competencias del Estado. Por eso en 2020, un ministro conservador del Reino Unido se quejaba de que a los funcionarios públicos se les negaran una y otra vez “oportunidades para trabajar en algunas de las cuestiones más desafiantes, complejas y gratificantes”, y que la dependencia “inaceptable” respecto de las consultoras privadas estaba infantilizando al servicio público.
Cuando todo se subcontrata, las agencias públicas no pueden desarrollar en su seno las habilidades y el conocimiento que se necesitan para hacer frente a nuevos retos. Y es preocupante. Los epidemiólogos advierten que con la próxima pandemia global, la cuestión no es “si” se producirá sino “cuándo”. Tenemos que invertir con urgencia en la capacidad de los Gobiernos y de las agencias sanitarias públicas para detectar nuevos brotes y contenerlos antes de que puedan extenderse.
Al fin y al cabo, las grandes consultoras no siempre son expertas en las áreas para las que se las contrata. Como reveló The New York Times (citando una fuente perteneciente al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), las consultoras que estuvieron detrás de la caótica campaña de vacunación francesa tendían a “importar modelos operativos de otras industrias que no siempre eran eficaces en salud pública”.
Depender cada vez más de grandes consultoras con modelos de negocios extractivos atrofia la innovación y la capacidad estatal, debilita la rendición de cuentas democrática y dificulta discernir los efectos de las acciones políticas y corporativas. Y en una era de disrupción climática, estas consecuencias se han vuelto existenciales. Cuando se desperdician los fondos públicos y otros recursos, y cuando las decisiones en los Gobiernos y en las empresas se toman con impunidad y poca transparencia, el costo lo pagamos todos.
Para colmo de males, la promesa de un trabajo significativo (y mejor remunerado) en la industria de la consultoría está alejando del servicio público a muchos jóvenes profesionales inteligentes y bienintencionados. (Aunque felizmente, hay indicios de que muchos jóvenes consultores se están desilusionando con el sector).
El primer paso para combatir cualquier adicción es reconocer el problema; solo entonces podemos reducir la dependencia. En tiempos de creciente cuestionamiento de las ortodoxias económicas y búsqueda de alternativas, analizar y deshacer el papel de las grandes consultoras en la economía actual puede servir para hallar soluciones. Para crear una economía que funcione mejor, tenemos que invertir en la capacidad y el conocimiento práctico del Estado, reintroducir la idea de propósito público en el sector público y eliminar del sistema la intermediación costosa e innecesaria de la industria de consultoría.
Gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de los peligros de una dependencia excesiva de las consultoras (y de la forma de capitalismo que han ayudado a crear). Actores reformistas están desarrollando nuevos modelos de gobernanza innovadores, que van de la creación de consultoras internas en el sector público a “laboratorios” de políticas y programas locales de licitación pública orientados a las comunidades.
Para transformar nuestras economías al servicio del interés público es necesario cambiar nuestros conceptos y discursos en relación con el papel del Estado. Tenemos que dejar de ver al Estado como un mero agente de rescate y reducción de riesgo del mercado y reconocerlo como un actor económico crucial. Organizaciones privadas y personas con conocimiento y capacidad auténticos pueden seguir siendo una fuente valiosa de asesoramiento. Pero deben asesorar y ser fuente de “consulta” en forma transparente y desde un costado, en vez de asumir una posición de mando y cobrar por sus servicios cualesquiera sean los resultados.
*Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.
