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El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, advierte que el Gobierno que dirigen los esposos y “copresidentes” nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, está demostrando que se puede desmantelar el Estado de derecho “sin tanques”.
Conocido como el “cazador de dictadores”, Bródy argumenta, en una entrevista con EFE, que el mensaje mencionado se envía al mundo con la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, sin notificación, sin proceso disciplinario y sin comunicación oficial alguna.
El aviso que se envía desde Managua, si eso se normaliza, es “que se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos”, sentencia.
“Un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, no tiene Estado de derecho; tiene un instrumento de castigo”, alerta el experto de la ONU.
Para Bródy, si la comunidad internacional deja pasar esa medida sin costo, el mensaje para otros Gobiernos con tentaciones autoritarias es que la abogacía —la última línea de defensa del ciudadano— puede eliminarse con una tecla.
“Por eso creo que los colegios de abogados del mundo entero deberían pronunciarse: hoy son sus colegas nicaragüenses los borrados”, avisa el letrado.
Al menos 2000 abogados habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, según han denunciado los profesionales afectados y fuentes judiciales a la prensa nicaragüense. Ni el Gobierno ni el Poder Judicial han ofrecido una explicación.
Reed Bródy alerta: Ciudadanos se quedan sin defensa
Reed Bródy explica que un abogado borrado del registro judicial no puede presentar escritos ante los tribunales, no puede representar clientes, no puede ejercer como notario, es decir, profesionalmente, deja de existir.
“Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa”, comenta.
El jurista compara esa medida con otras tácticas de control del gobierno sandinista, como el cierre masivo de ONG, universidades, medios independientes, e iglesias.
“Ahora le toca a la abogacía. El patrón se repite: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano”, señala Bródy.
Así mismo, el abogado húngaro sostiene que esa medida es una violación directa al derecho internacional, en especificó el de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, en cuya redacción participó hace más de 35 años y que prohíbe apartar a un letrado del ejercicio sin proceso justo ante un órgano independiente.
Cancelación de abogados viola el derecho internacional
“No son un código gremial aislado: son la expresión concreta de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos —la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada a todas las garantías necesarias para su defensa— y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, anota Reed Bródy.
Se trata de un tratado vinculante que Nicaragua ha ratificado y ninguno de esos derechos puede ejercerse en la práctica sin abogados libres e independientes.
El Principio 28 establece que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben sustanciarse ante un comité imparcial de la propia profesión, un organismo independiente establecido por ley o un tribunal, con revisión judicial independiente.
“En Nicaragua no se cumplió ninguno de esos elementos (…) Y por eso la violación no es solo de los Principios: al vaciar de defensores el sistema, se vacían de contenido las garantías de la Declaración Universal y del Pacto. Es exactamente lo que esos instrumentos se escribieron para impedir”, explica el especialista.
Reed Bródy dice que como Grupo de Expertos de la ONU han constatado que Nicaragua no cumple ni siquiera con el estándar mínimo razonable de independencia judicial, y si a ello “se le suma una abogacía purgada o atemorizada, el resultado es la indefensión: el ciudadano frente al Estado, sin intermediario, sin escudo”.
Por tanto, para el experto, las vías que quedan son en gran medida internacionales: la documentación de las violaciones, los mecanismos internacionales de protección, y la responsabilidad de terceros Estados de actuar mediante sanciones selectivas, jurisdicción universal y acciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
