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En Nicaragua el peligro de sufrir tortura es “muy alto”. Las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y el Sistema Penitenciario Nacional, La Modelo, se han convertido en “centros de tortura” y la impunidad por esos actos crueles e inhumanos “es absoluta y estructural”, según el índice anual de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
El índice —que analiza la situación en 39 países con información de organizaciones de la sociedad civil— advierte que la situación de Nicaragua es comparable con la de Rusia, Irán, Libia, El Salvador, Etiopía, Afganistán, Bielorrusia y Baréin. Países donde se registran “violaciones sistemáticas” de la prohibición absoluta de la tortura.
La situación en Nicaragua demuestra “un patrón grave y sistemático de tortura que se intensificó tras la represión de abril de 2018”, señala el Índice de la OMCT. La clasificación evalúa, entre otros aspectos, el marco legal de los países, sus mecanismos de prevención de la tortura por parte de fuerzas de seguridad y en centros de detención, o los métodos para rendición de cuentas y atención a las víctimas.
En las cárceles conocidas como El Chipote y La Modelo se han documentado “al menos 40 métodos de tortura y malos tratos, incluyendo violencia sexual, descargas eléctricas y aislamiento prolongado”, advierte la OMCT. Al menos 46 presos políticos permanecían en estos centros de detención hasta mayo de 2026 y ocho han muerto bajo custodia desde 2019.
Brutalidad policial y violencia institucional
El índice advierte de un “riesgo alto” relacionado con la sistemática “brutalidad policial” y de “grupos paramilitares” que actúan con el consentimiento de las autoridades. En la reforma constitucional “Chamuca” los grupos paramilitares fueron rebautizados como “policía voluntaria”, consolidando así “su impunidad estructural”, subraya la OMCT.
“En operaciones rutinarias de aplicación de la ley, el Monitoreo Azul y Blanco registró 208 detenciones arbitrarias en 2025, realizadas sin orden judicial; en muchos casos, las familias desconocen el paradero de los detenidos, lo que equivale a desapariciones forzadas de corta o larga duración”, se lee en el índice global.
Entre las prácticas documentadas durante las detenciones se incluyen esposas excesivamente apretadas, posiciones de estrés, palizas y amenazas.
También la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua documentó 23 casos de tortura específicamente en el momento de la captura.
Torturas en El Chipote y La Modelo
Para la OMCT, las condiciones de detención en Nicaragua constituyen en sí mismas “una forma de tortura”. Apuntan que el sistema penitenciario “opera con una ocupación del 177%” y, solo en 2025, se registraron 143 denuncias de tortura perpetradas por personal penitenciario.
“En El Chipote, se aplican sistemáticamente técnicas de tortura sensorial: aislamiento total, luces permanentemente encendidas o apagadas para desorientar a los detenidos, acceso a la luz solar de solo 10 a 15 minutos por semana, prohibición de hablar, leer o escribir, celdas selladas sin ventilación ni ropa de cama. A esto se suman la privación del sueño, la alimentación insuficiente, las temperaturas extremas, la violencia sexual y la desnudez forzada durante los interrogatorios, y el escaso o nulo acceso a atención médica”, dice el índice.
Agregan que la detención incomunicada es “práctica habitual” para los presos políticos, quienes pueden permanecer meses sin contacto con sus familias o abogados. Desde 2018, ocho presos políticos han muerto bajo custodia, cuatro de ellos en los últimos nueve meses, y no existe un Mecanismo Nacional de Prevención ni una supervisión independiente de los centros de detención.
Impunidad “absoluta y estructural”
Para la OMCT, “la impunidad por tortura en Nicaragua es absoluta y estructural”. Enfatizan que en el país “no se ha registrado ni una sola condena, ni una sola investigación de oficio por parte del Ministerio Público, ni ningún agente ha sido suspendido por denuncias de tortura”.
El organismo mundial recordó que el colectivo Nicaragua Nunca Más documentó más de 229 casos de tortura desde 2018 y la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua registró 143 denuncias solo en 2025. Pero advierten que estas cifras son “estimaciones mínimas”, ya que la mayoría de las víctimas se abstienen de presentar denuncias por temor a represalias.
“La impunidad opera desde las altas esferas: el presidente (Daniel) Ortega ha estigmatizado a los presos políticos, lo que indica a los perpetradores que sus actos no serán sancionados. El poder judicial, subordinado al Ejecutivo, no investiga a los funcionarios que actúan bajo las órdenes del régimen”, señala el índice de la OMCT.
Destacan que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua identificó a 54 funcionarios en una cadena de mando responsables de crímenes de lesa humanidad, pero “ninguno fue investigado internamente”.
El Estado contra las víctimas
Las víctimas de tortura en Nicaragua “carecen de cualquier forma de reparación, reconocimiento o apoyo estatal”, enfatiza la OMCT. Lejos de protegerlas, “el Estado las persigue” y quienes presentan denuncias se enfrentan a “vigilancia, acoso o re-detención”, subrayan.
El organismo mundial destaca el caso de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en 2023 y los 135 expulsados a Guatemala en 2025, quienes también fueron despojados de su nacionalidad y privados de sus bienes, pensiones y otros derechos, “agravando el daño en lugar de repararlo”.
Agregan que en muchos casos, esto ha traído consigo consecuencias como: apatridia, ruptura de lazos familiares y comunitarios, desplazamiento y empobrecimiento, descritos por las víctimas como una forma de muerte civil.
Falta de compromiso político contra la tortura
La OMCT valora que en Nicaragua no existe “compromiso político con la prohibición de la tortura”, a pesar de que el país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.
Enfatizan que la reforma constitucional “Chamuca”, aprobada en febrero de 2025, derogó el artículo que prohibía expresamente la tortura y creó la “policía voluntaria”, un eufemismo para los grupos paramilitares que participaron en la represión de 2018.
“No existe una ley de prevención específica ni un Mecanismo Nacional de Prevención” en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Además, el rechazo del Estado a la supervisión internacional es “sistemático y hostil” y “ninguna recomendación de la Convención contra la Tortura se ha implementada”, remarcan.
