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Las democracias y los sistemas electorales no se ponen verdaderamente a prueba cuando los resultados electorales son claros y contundentes. Su examen más exigente ocurre cuando las elecciones se definen por márgenes mínimos, en contextos de alta polarización política y con sociedades profundamente divididas.
Es precisamente en esos momentos cuando se revela la fortaleza —o la fragilidad— de las instituciones democráticas.
En términos cardiológicos, las democracias no solamente deben superar con buenos resultados los electrocardiogramas electorales, sino también y sobre todo las pruebas de esfuerzo.
Los recientes balotajes presidenciales de Perú y Colombia constituyen un caso de estudio particularmente ilustrativo. Ambos países llegaron a la segunda vuelta con sociedades polarizadas, campañas cargadas de confrontación y resultados extremadamente ajustados.
En Perú, la diferencia final es de apenas alrededor de 0.22 puntos porcentuales. En Colombia, de 0.96 puntos. Sin embargo, pese a las similitudes iniciales, los desenlaces han sido radicalmente distintos.
Las instituciones importan
Durante décadas, el debate sobre las instituciones estuvo dominado por la economía del desarrollo.
Numerosos estudios demostraron que los países con instituciones sólidas tienden a crecer más, atraer mayores inversiones y generar mejores condiciones para reducir la pobreza. Todo ello sigue siendo cierto.
Pero la experiencia latinoamericana reciente demuestra que las instituciones cumplen una función igualmente decisiva: garantizar la estabilidad y la calidad de la democracia.
Las elecciones son indispensables, pero no suficientes. Lo que distingue a una democracia robusta de una vulnerable es la capacidad de sus instituciones para procesar legítimamente los conflictos políticos y canalizar las disputas dentro de reglas aceptadas por todos los actores.
Perú ofrece un ejemplo preocupante de lo que ocurre cuando ese mecanismo se debilita. Tras el balotaje del 7 de junio, el país ingresó en una prolongada incertidumbre política. Semanas después de celebrada la elección, el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha podido proclamar oficialmente al próximo presidente. El candidato que quedó en segundo lugar frente a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, se niega a reconocer los resultados y optó por impugnar la totalidad del voto en el exterior. La controversia se trasladó de las urnas a los tribunales y al debate público, alimentando tensiones que terminaron erosionando aún más la confianza ciudadana en el sistema político en general y el electoral en particular.
Colombia recorrió un camino muy diferente. El balotaje del 21 de junio se desarrolló con normalidad y altos estándares de integridad electoral pese a los serios desafíos y amenazas del contexto dentro del cual tuvo lugar.
La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral demostraron una notable capacidad técnica y operativa. Apenas dos horas después del cierre de las mesas, ya se disponía de cerca del 99 % de los resultados del preconteo. La rapidez, la transparencia y la consistencia de la información transmitida reafirmaron el profesionalismo y la independencia de ambas instituciones y fortalecieron la confianza en el proceso electoral y en sus resultados.
La calidad de los liderazgos también importan
Pero la diferencia fundamental no estuvo únicamente en la calidad de la administración electoral. También estuvo en la conducta de los actores políticos.
Pese a una diferencia de apenas 251,000 votos, Iván Cepeda reconoció públicamente, este miércoles, la victoria de Abelardo De la Espriella. Poco después, el Pacto Histórico retiró las reclamaciones que había presentado. Ese gesto evitó que el país ingresara en una dinámica de confrontación institucional que podría haber agravado las tensiones políticas existentes.
Conviene subrayar un aspecto que suele pasar inadvertido. En una democracia, quien debe aceptar la derrota no es el presidente saliente ni el gobierno en ejercicio. Quien tiene la responsabilidad de reconocer los resultados es el candidato derrotado. Y en Colombia, Cepeda asumió esa responsabilidad con sentido institucional.
Otro tema diferente —y en mi opinión lamentable— es la indebida injerencia del presidente Petro en la campaña y sus frecuentes denuncias —sin avalar las mismas con sólidas pruebas— de fraude o graves irregularidades e incluso de solicitar la nulidad de la elección basándose en el antecedente de Rumanía.
Tres cuestiones decisivas
La comparación entre ambos países —Perú y Colombia— permite identificar tres factores decisivos.
El primero es la calidad de los organismos electorales. La confianza pública no se construye de un día para otro. Es el resultado de años de trabajo técnico, independencia institucional y transparencia. Cuando los ciudadanos confían en el árbitro electoral, incluso los resultados más estrechos pueden ser aceptados sin poner en riesgo la estabilidad política. Cuando esa confianza es débil, cualquier diferencia ajustada puede convertirse en una crisis como ha ocurrido en Perú en los dos últimos procesos.
El segundo factor es la calidad del liderazgo político. Las instituciones son fundamentales, pero no operan en el vacío. Su eficacia depende también de la voluntad de los líderes para respetar las reglas del juego democrático. La aceptación de una derrota electoral constituye una de las pruebas más importantes del compromiso democrático. Gobernar requiere liderazgo, pero saber perder también.
El tercer factor es la cultura política. Detrás de las leyes, los procedimientos y los organismos existen valores compartidos. La democracia solo funciona cuando sus actores entienden que la alternancia en el poder es normal, que ninguna fuerza política tiene un derecho permanente a gobernar y que la derrota electoral no representa una exclusión definitiva del sistema político. En una democracia madura, perder una elección no significa perder la democracia.
Lecciones de democracia
La principal lección que dejan los recientes procesos electorales de Perú y Colombia trasciende las coyunturas nacionales. No se trata de una discusión sobre candidatos, ideologías o programas de gobierno. Se trata de una reflexión sobre la arquitectura democrática de la región.
Las democracias no sobreviven únicamente gracias al voto. Sobreviven gracias a instituciones creíbles, autoridades electorales competentes, liderazgos responsables y una cultura política que valore el respeto a las reglas por encima de las conveniencias circunstanciales.
Cuando alguno de esos elementos falla, incluso una victoria legítima puede transformarse en una crisis política de gran magnitud. Cuando todos funcionan adecuadamente, incluso una derrota dolorosa puede ser absorbida por el sistema sin poner en riesgo su estabilidad.
En tiempos de creciente polarización, desinformación y desconfianza hacia las instituciones, América Latina haría bien en recordar esta lección. Las instituciones no son el decorado de la democracia. Son su columna vertebral.
Y, en ocasiones, la decisión de aceptar una derrota electoral puede hacer más por la democracia que la propia victoria.
