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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del nicaragüense Ricardo José Mendoza Irigoyen, de 64 años, detenido de forma arbitraria el 23 de enero de 2026 y quien se encuentra en condición de desaparición forzada, informó este jueves la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
En una declaración, ese organismo indicó que la CIDH resolvió otorgar medidas cautelares en beneficio de Mendoza Irigoyen tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia, que ponen en riesgo su vida e integridad personal en Nicaragua”.
La solicitud interpuesta por el Colectivo ante la CIDH destaca que el beneficiario fue detenido luego de un operativo en su vivienda de la zona de carretera sur, en Managua.
Desde entonces, sus familiares no han tenido información sobre su paradero o destino pese a las gestiones de búsqueda realizadas ante autoridades estatales.
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua determinar su paradero, informar si se encuentra bajo custodia estatal y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales, anotó el Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José.
Desde su detención, sus familiares han realizado gestiones de búsqueda en diferentes dependencias estatales, sin embargo las autoridades no han brindado información oficial.
Régimen calla sobre Ricardo Mendoza Irigoyen
La CIDH señaló que el Estado de Nicaragua tampoco respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.
Ante esta situación, la Comisión solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar su situación y paradero, precisar si se encuentra bajo custodia estatal e informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención. También pidió revelar el lugar donde permanece recluido y garantizar el acceso de sus familiares y representantes legales.
Según información pública, Mendoza Irigoyen no militaba en ningún partido político ni había participado en manifestaciones o actividades partidarias.
Durante años trabajó para una empresa estadounidense dedicada al estudio de la flora nicaragüense.
El Colectivo ha denunciado que su situación constituye una desaparición forzada y ha exigido al Estado de Nicaragua brindar información inmediata sobre su paradero, presentar una prueba de vida, permitir el contacto con sus familiares y defensa legal, garantizar su atención médica y liberarlo sin condiciones, así como la de todas las personas presas políticas.
