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Hay palabras que trascienden la política y terminan convirtiéndose en una prueba moral. Las declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández sobre Nicaragua son una de ellas.
Al afirmar, el pasado 13 de junio en NTN24, que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, la mandataria no solo ignoró años de represión, fraude electoral y persecución política perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ampliamente documentados por organismos internacionales. También rompió con una de las tradiciones más nobles y respetadas de la política exterior costarricense: la defensa inequívoca de la democracia, las elecciones con integridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales. No fue un error de forma. Fue un grave error de fondo.
Lo que dijo —y lo que omitió deliberadamente
En sus declaraciones, Fernández evitó referirse a las denuncias de fraude electoral, las graves violaciones a los derechos humanos, la persecución contra defensores y periodistas, el cierre de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación, el destierro de opositores y críticos del régimen, la concentración absoluta del poder en manos de Ortega y Murillo, y las denuncias sobre operaciones de persecución y asesinato transnacional contra disidentes nicaragüenses en territorio costarricense.
No fue un olvido. Fue una omisión deliberada de los hechos más perturbadores de la realidad nicaragüense.
La mandataria llegó incluso a destacar que Nicaragua mantiene estabilidad económica y realiza inversiones, agregando que no se puede comparar la situación de los nicaragüenses con la de los cubanos o venezolanos. Más allá de la discutible precisión de esa afirmación, el argumento cumple una función política evidente: normalizar una dictadura porque existen otras peores.
Pero las dictaduras no dejan de ser dictaduras porque haya otras más represivas. La ausencia de democracia no se mide por comparación relativa, sino por la negación sistemática de libertades fundamentales.
Los hechos que la presidenta se negó a ver
Lo que Fernández describió como “la forma de gobierno que han elegido” ha sido caracterizado por organismos internacionales, expertos independientes y organizaciones de derechos humanos como uno de los regímenes más autoritarios del continente.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó una reforma constitucional que formalizó el poder compartido de Ortega y Murillo, extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años, otorgando además al Ejecutivo facultades extraordinarias sobre los demás poderes del Estado. Ortega permanece en el poder desde 2007 y eliminó los límites a la reelección presidencial mediante una reforma constitucional en 2014.
La represión tampoco pertenece al pasado. Organizaciones de derechos humanos continúan documentando decenas de presos políticos, desapariciones forzadas y restricciones crecientes a las libertades civiles. Desde las protestas de abril de 2018, la represión estatal ha dejado más de 300 personas asesinadas y miles de heridos.
Las violaciones a los derechos humanos registradas por organizaciones independientes aumentaron dramáticamente entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Lejos de estar estabilizándose, el aparato represivo continúa expandiéndose.
Y para Costa Rica existe además una dimensión particularmente sensible.
El asesinato en San José del opositor nicaragüense y ex mayor del Ejército Roberto Samcam Ruiz, en junio de 2025, confirmó los temores que exiliados y organizaciones de derechos humanos venían denunciando desde hace años: la persecución del régimen no termina en las fronteras de Nicaragua.
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua concluyó que existe una extensa red estatal de vigilancia e inteligencia que involucra instituciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y representaciones diplomáticas para monitorear y perseguir a opositores dentro y fuera del país.
El régimen al que la presidenta describe como un vecino estable y armonioso es señalado por expertos internacionales de extender la persecución política más allá de sus fronteras. Ese dato, para Costa Rica, no es secundario. Es central.
La traición a una tradición histórica
La posición de Fernández no solo resulta moralmente cuestionable. También representa una ruptura con una de las tradiciones más valiosas de la política exterior costarricense.
Costa Rica construyó gran parte de su prestigio internacional sobre la defensa de los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional. Esta tradición recibió un fuerte impulso a partir de la década de 1980, cuando el presidente Óscar Arias promovió el proceso de paz centroamericano que le valió el Premio Nobel de la Paz.
Aquel esfuerzo regional no se limitaba a poner fin a los conflictos armados. Exigía elecciones libres, respeto a los derechos humanos y apertura democrática. Paradójicamente, Nicaragua fue uno de los países que suscribió esos compromisos.
Décadas después, el mismo Daniel Ortega que los firmó encabeza el régimen que los ha desmantelado sistemáticamente.
El propio Arias advirtió reiteradamente sobre los peligros de la concentración de poder y citó expresamente a Ortega como ejemplo de deriva autoritaria incompatible con los valores democráticos.
Costa Rica —después de la crisis política retiró de 2018 y de las detenciones de 2021–, tomó la decisión correcta, basada en principios, de no romper relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial nicaragüense pero conducirlas a nivel de un encargado de negocios.
Lo que hace Fernández ahora es revertir esa posición moral sin anuncio, sin debate público y sin ofrecer una explicación estratégica convincente.
Cuando los expresidentes reaccionan
La gravedad de las declaraciones quedó reflejada en la reacción de figuras históricas de la política costarricense.
La expresidenta Laura Chinchilla cuestionó duramente las palabras de Fernández, recordando que los procesos electorales nicaragüenses han sido reiteradamente denunciados como fraudulentos por organismos internacionales y ofreciendo disculpas al pueblo nicaragüense.
El expresidente Luis Guillermo Solís también expresó su desacuerdo, señalando que las declaraciones evidencian un profundo desconocimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo y recordando que la defensa de esos derechos ha sido una constante de la política exterior costarricense.
Cuando dirigentes provenientes de tradiciones ideológicas distintas coinciden en una crítica tan severa, el problema trasciende la disputa partidaria. Se trata de una cuestión de principios.
La no injerencia como refugio de la indiferencia
Fernández justificó su posición apelando al principio de no injerencia y afirmando que los asuntos de Nicaragua corresponden al ámbito interno de ese país.
Es un argumento conocido. También es uno de los más utilizados por quienes prefieren evitar cualquier incomodidad frente a gobiernos autoritarios.
Pero los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas y la persecución política no son asuntos internos. El sistema internacional moderno se construyó precisamente sobre la idea de que existen violaciones tan graves que trascienden las fronteras nacionales.
Costa Rica entendió históricamente esa realidad de manera temprana. Por eso logró construir una autoridad moral desproporcionadamente mayor a su tamaño geográfico o económico.
Renunciar ahora a esa tradición implica renunciar a una de las principales fuentes de influencia internacional del país.
El contexto geopolítico que Fernández ignoró
Las declaraciones de la presidenta se producen además en un momento particularmente delicado.
Mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre el régimen Ortega-Murillo y exige la liberación inmediata de los presos políticos, y mientras diversos organismos internacionales endurecen sus críticas a Managua, Costa Rica parece moverse en dirección contraria.
No se trata simplemente de una diferencia de tono diplomático.
Se trata de un cambio sustantivo en la posición histórica de un país que durante décadas fue considerado una referencia regional en materia de democracia, elecciones libres y derechos humanos.
El costo de las palabras irresponsables
Actualmente, cerca de 200 000 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses permanecen pendientes de resolución en Costa Rica. Detrás de cada expediente existe una historia de persecución, miedo, exilio o ruptura familiar.
Muchas de esas personas huyeron precisamente del régimen que la presidenta describió como el resultado de una elección supuestamente democrática.
Por eso la frase de Fernández no es solamente inexacta. Es profundamente injusta.
Como señaló acertadamente la ex presidenta Laura Chinchilla, “existen dos posibles explicaciones para semejante afirmación: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país. Si es lo segundo, deshonra una tradición construida durante generaciones”.
Durante décadas, Costa Rica fue admirada porque comprendió que la neutralidad frente a las dictaduras no es prudencia: es complicidad. Esa convicción le otorgó prestigio, influencia y autoridad moral mucho más allá de su tamaño.
Pero cuando una democracia comienza a normalizar una dictadura, el problema ya no está únicamente en Managua. También está en San José.
