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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte en custodia del Estado de Nicaragua del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023 y llamó a la comunidad internacional a mantener el escrutinio sobre el país.
“La CIDH insta a la comunidad internacional a mantener el escrutinio sobre Nicaragua, demandar el cese de la represión, y asegurar la rendición de cuentas por todas las violaciones a los derechos humanos registrados en el país que permanecen en la impunidad”, señalan en un comunicado.
Sobre la muerte de Rivera indican que el 31 de mayo de 2026, la CIDH tomo conocimiento de su muerte, “luego de más de dos años durante los cuales el régimen de Nicaragua mantuvo oculto su paradero y se negó a proporcionar información sobre su condición de salud”.
“Este repudiable hecho tiene un impacto colectivo dada la trayectoria de Brooklyn Rivera como líder histórico del pueblo miskito y defensor de los derechos territoriales, así como de la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe”, indica la declaración.
El organismo reprochó, además, que el Gobierno que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo, no entregó el cuerpo de Rivera a sus familiares y miembros de su comunidad que llegaron a reclamarlo, y que, más bien, seis de ellos “fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”.
Alertan por presos políticos
La muerte de Rivera, según la CIDH, “vuelve a poner en evidencia la grave situación de las personas detenidas por motivos políticos, cuyo paradero y condición de salud permanecen desconocidos”.
“¿En qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?” Esa es la pregunta que se hacen los familiares de presos políticos en desaparición forzada en Nicaragua tras la muerte de Rivera bajo custodia estatal.
Los familiares de cinco presos políticos también denunciaron que el caso del líder indígena miskito ha incrementado el temor de que otros detenidos bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan morir en iguales circunstancias.
La CIDH recordó, que en 2025, condenó la muerte bajo custodia estatal de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, “en cuyos casos sus familiares permanecieron durante semanas sin información sobre su paradero y estado de salud, y solo tuvieron certeza de su fallecimiento al momento de la entrega de sus cuerpos, en medio de amenazas y amedrentamientos”.
En el comunicado urgen a Nicaragua a “garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo su custodia o sujetas a su jurisdicción y liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos”, incluyendo los familiares de Rivera y miembros de la comunidad.
