Dictadura mantiene en “desaparición forzada” a seis familiares de Brooklyn Rivera
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¿En qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?”, denuncian familiares de presos políticos en desaparición forzada
El líder indigena miskito Brooklyn Rivera, inconsciente y postrado en una cama, es auscultado por un médico del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua. | Foto: CCC
“¿En qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?” Esa es la pregunta que se hacen los familiares de presos políticos en desaparición forzada en Nicaragua tras la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal. Mientras denuncian el riesgo que enfrentan otros detenidos, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas calificó el caso del líder indígena miskito como “uno de los más graves documentados” en los últimos años.
Rivera, de 73 años de edad, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras más de 970 días de encierro ilegal, lo que incrementa la “incertidumbre sobre el estado de salud y las condiciones de reclusión de otras personas actualmente bajo custodia estatal”.
Los familiares de cinco presos políticos también denunciaron que el caso del líder indígena miskito ha incrementado el temor de que otros detenidos bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan morir en iguales circunstancias.
“Su muerte no es un hecho aislado: es el resultado predecible de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado”, señalaron. Los familiares de presos políticos que firman el comunicado son:
“¿De quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante?”, se preguntan en el comunicado. Agregan que la dictadura tampoco “ha informado su paradero, no ha permitido comunicación alguna ni presentado ninguna evidencia de su estado de salud”.
Para los familiares de las personas detenidas “un Estado que perpetra la desaparición forzada carece de autoridad moral”.
Los firmantes del comunicado también recordaron que entre los presos políticos hay “adultos mayores, con enfermedades crónicas graves y sin acceso a atención médica especializada”.
Asimismo, solicitaron la liberación inmediata de sus familiares y demás presos políticos, información oficial e inmediata sobre su paradero y estado de salud, y acceso médico independiente a través de la Cruz Roja Internacional.
“Cualquier prueba de vida debe cumplir condiciones mínimas verificables: declaración libre y espontánea. Un video con guión o una fotografía sin contexto médico independiente no constituyen prueba de vida, constituyen propaganda”, concluyeron.
La muerte en custodia policial de Brooklyn Rivera evocó de inmediato los trágicos patrones que precedieron a las muertes bajo custodia estatal de los también presos políticos Hugo Torres Jiménez, histórico comandante guerrillero, en febrero de 2022, y Humberto Ortega Saavedra, general de Ejército en retiro y hermano del dictador Daniel Ortega, en septiembre de 2024.
Los otros presos políticos fallecidos bajo custodia estatal son el opositor de Carazo Mauricio Alonso Petri y el jurista Carlos Cárdenas Zepeda, muertos con menos de una semana de diferencia tras sus arrestos recientes, en agosto de 2025.
A la lista se suman el abogado Santos Flores, quien denunció abusos sexuales de Daniel Ortega en contra de su hermana menor de edad y falleció en prisión de forma sospechosa en noviembre de 2021, y el nica-estadounidense Eddy Montes, asesinado por un oficial penitenciario en una celda de la cárcel “La Modelo”, el 16 de mayo de 2019.
Para el Mecanismo, la muerte de Brooklyn Rivera no puede “quedar envuelta en el mismo silencio que rodeó su desaparición”.
“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de esclarecer las circunstancias de su muerte, permitir investigaciones independientes e imparciales y rendir cuentas sobre lo ocurrido durante los más de dos años y medio en que Brooklyn Rivera permaneció bajo su custodia”, señaló la organización.
“Desde el momento de su captura (de Brooklyn Rivera), las autoridades nicaragüenses nunca informaron públicamente sobre la existencia de una causa penal, acusación formal o proceso judicial en su contra”, señaló el Mecanismo en un comunicado publicado el 3 de junio de 2026.
El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales—, subrayó que durante más de dos años y medio, el régimen nunca informó sobre el “paradero, estado de salud y situación jurídica” del líder indígena.
“La información disponible indica que las condiciones de detención y la falta de acceso oportuno a información contribuyeron a generar un escenario de vulnerabilidad extrema. Durante meses circularon reportes sobre pérdida significativa de peso, problemas respiratorios y deterioro físico progresivo”, reiteró la organización de derechos humanos.
Según el Mecanismo, el caso de Rivera reúne los siguientes elementos “recurrentes en la persecución contra personas consideradas opositoras al régimen”:
La Unión Europea se sumó a las peticiones de organismos internacionales que demandan una investigación independiente sobre las circunstancias del fallecimiento de Rivera.
“Solicitamos a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los acontecimientos que condujeron a su fallecimiento”, indicó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.
“Brooklyn Rivera, un respetado líder indígena miskito y exlegislador, que se encontraba detenido desde septiembre de 2023 —agregó la Unión Europea—, transmitimos nuestras condolencias a su familia, a su comunidad y a todos aquellos que trabajaron a su lado”.
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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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