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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la implementación de una nueva modalidad de contratación pública denominada Acuerdos Marco, mediante la cual se constituirá como fiscalizador y oferente de las contrataciones del Estado, a través de un catálogo de “bienes estandarizados”.
Los Acuerdos Marco fueron establecidos en la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, aprobada en febrero de 2025, pero no se han implementado todavía. Estos permitirán seleccionar a los “contratistas o proveedores con los que las entidades del Estado deberán contratar los bienes y servicios estandarizados”, según el artículo 26, numeral 1, de dicha ley.
Para la implementación de este tipo de contrataciones, Hacienda habilitará la plataforma del Catálogo Electrónico para Acuerdos Marco (CEAM), una especie de tienda virtual, donde las entidades del Estado podrán generar sus órdenes de compra de “bienes estandarizados”, según el Acuerdo Ministerial 005-2026, publicado en Diario Oficial La Gaceta, del martes 28 de abril de 2026.
“Un bien estandarizado es, por ejemplo, el papel, porque muchas de las instituciones lo utilizan”, explicó un especialista en contrataciones públicas que solicitó anonimato. “Entonces, lo que se hace básicamente es condensar todos los requerimientos de compra de papel que puedan tener las instituciones públicas y decir, bueno, se necesitan X cantidad de papel”, detalló.
Reunidas todas las órdenes de compras de “bienes estandarizados”, la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), del Ministerio de Hacienda, seleccionará “una especie de gran proveedor” y “ejecutará compras globales”, de acuerdo con el experto.
“Las instituciones solo van a indicar qué producto del catálogo requieren y —una vez seleccionado este gran proveedor, que es el que va a suministrar a todas las instituciones públicas— irán guiñando (durante el año) y les irán suministrando”, ejemplificó.
De órgano regulador a parte contratante
Con la implementación de los Acuerdos Marco, la DGCE —creada como ente regulador de las contrataciones públicas— ahora ejercerá una función de ejecutor. “Pasa de ser un regulador y un juez a una parte, porque se convierte en el órgano contratante”, enfatizó el especialista.
Esta situación “le da dos camisas” a la DGCE y “no se sabe cómo se va a manejar una situación de conflicto, siendo que el ente regulador ahora es el ejecutor”, comentó.
Este doble rol de Hacienda en las contrataciones del Estado también genera —de acuerdo con el experto— una serie de dudas, principalmente porque en Nicaragua el sistema de compras está “coactado”, como el resto del Estado, y no existe ningún tipo de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
“Aquí podríamos estar de frente a una modalidad (de compras) que beneficie a proveedores que están asociados a los intereses de la familia-Estado-partido. Es decir, son compras que podrían estar sujetas a situaciones de tráfico de influencia para beneficiar a un proveedor en relación a otro. Y especialmente si el proveedor fuese un proveedor que está asociado con los intereses particulares de la cúpula en el poder”, remarcó el especialista.
De acuerdo con el especialista, los Acuerdos Marco solo aplican para compras estandarizadas. Por tal motivo, las instituciones públicas continuarán utilizando otras formas de contratación como las licitaciones, que pueden ser públicas o selectivas; las contrataciones simplificadas, las contrataciones menores o los concursos.
Aclaró que este sistema de contrataciones ya se ha aprobado en otros países, que tiene beneficios como el ahorro de tiempo y recursos. Pero, advirtió que, si se aplica discrecionalmente “podría ser simplemente un instrumento más para cometer irregularidades del sistema de compras y generar abuso de recursos públicos”.
Solo grandes proveedores podrán competir
El especialista valoró también que esta modalidad de contrataciones pueden generar “un efecto discriminador” hacia algunos proveedores, ya que, al generarse compras globales de los bienes estandarizados, solo los grandes proveedores podrían competir.
“Hay competidores que no van a poder entrar porque estamos hablando de cantidades sustanciales de estos bienes estandarizados que se requieren. Entonces, si no son un gran proveedor en este mercado, que es un mercado de las compras pequeñas… difícilmente van a poder suministrar las cantidades que se requieren”, subrayó.
Un proveedor mediano “probablemente pudiese competir en un procedimiento de compra menor con una institución, pero cuando hablamos de suministrar grandes cantidades, aquí solo van a ir los grandes”, sostuvo el especialista.
Al restringir el mercado de las compras del Estado a los grandes proveedores, “se pueden cometer muchas irregularidades y, claro, puede haber una competencia bastante desleal”, comentó el especialista. “Es como una barrera a la entrada que te dice si sos un gran proveedor, si puedes participar. Si no, ni siquiera puedes entrar a esta competencia”.
