AA
Share
Las sanciones de Estados Unidos no son un recordatorio, sino parte de la política exterior de ese país para penalizar a los actores cómplices de las atrocidades cometidas en Nicaragua, mientras la estructura cleptocrática que se aprovecha de la captura del Estado. Contrario a las mentiras de Rosario Murillo y un senil Daniel Ortega, las sanciones no afectan al pueblo, porque estas enfocan su impacto con precisión.
La trayectoria de las sanciones
La sanción es una condena justo frente a la privación física, económica y política que la dictadura ha causado en los últimos diez años. Hasta ahora, Estados Unidos (EUA) ha impuesto más de 85 sanciones. 25 sanciones fueron dirigidas a instituciones y 60 a personas individuales, sin incluir a 23 jueces de la llamada Lista Engel.
La Unión Europea (UE), por su parte, ha sancionado a 31 personas, y Canadá, a 35. El Reino Unido ha sancionado a 14 personas. Suiza ha sancionado a 14 individuos. Todos estos sancionados conforman el grupo ligado al círculo de poder que opera en el ámbito administrativo para sostener el sistema represivo.
Penalizando la represión
La sanción más reciente que incluye a Luis Cañas tiene un peso simbólico porque este individuo es uno de los pocos sandinistas históricos leales a Murillo, originalmente castigado por conductas delictivas, involucrado en robos y tomas de fincas, y rescatado por Moncada Lau cuando el régimen necesitaba fichas dispuestas a seguir con la represión originada en Abril 2018. Cañas asume un rol preponderante en la represión a varios niveles, como la contratación de francotiradores, la detención arbitraria y la recolección de inteligencia sobre líderes cívicos y ciudadanos en general. Cañas ha sido el embudo que decide quién entra o sale, y ha participado en el cobro de una visa política como mecanismo de extorsión económica para quienes se les negó la entrada al país. El es responsable directo del cierre ilegal y arbitrario de más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil.
Pero también representa un peso político, toda vez que la comunidad internacional y Estados Unidos continúan ligando la situación nicaragüense a la represión, una de las demandas del Departamento de Estado y parte de un continuum de presión y penalización a transgresores que pueda elevarse hasta la penalización directa contra Daniel Ortega. La familia entera de Ortega está sancionada y bajo el escrutinio de sus operaciones. Hasta ahora, de la estructura achicada del círculo de poder quedan pocos personajes sin ser sancionados—entre ellos Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres, quienes constituyen el hilo diplomático que Estados Unidos permite mantener.
Combatiendo la cleptocracia
Lo más emblemático de la ola de sanciones que implementa Estados Unidos este año, sin embargo, es su puntería contra la estructura cleptocrática y corrupta que el clan familiar utiliza para su enriquecimiento ilícito. Estados Unidos ha ido, poco a poco, esquineando a la dictadura para prevenir la profundización del robo que cometen a costa del Estado. Más de 20 de las sanciones a instituciones han ido sobre la estructura que el clan familiar utilizó para el enriquecimiento ilícito de estos.
La acción más emblemática se da con la sanción a los negocios que Rafael Ortega y su exesposa ejecutaron en el marco de los negocios petroleros. Esa actividad era multimillonaria y les garantizaba captar una renta anual de ocho cifras a través de los arreglos con Petro Caribe. La sanción sacó al clan del negocio petrolero, mientras Nicaragua cambia su dependencia petrolera de Estados Unidos en medio de la crisis Venezolana y las sanciones mismas.
La sanción impuesta en abril contra instituciones apunta a desmantelar una recomposición gradual de la acción ilícita de la familia que trata de construir un imperio millonario a través de concesiones mineras a empresas chinas y montar sus negocios dentro de ese rubro. La dictadura, a través de varias entidades estatales como el Ministerio de Energía y Minas y ENIMINAS, ha otorgado más de 10 000 km² en concesiones mineras en cuestión de cuatro años a una serie de empresas que funcionan como agencias vinculadas a la empresa Zhong Fu Development S.A.. La dictadura familiar ha realizado esas concesiones mientras de manera paralela continúa su táctica de confiscar propiedades privadas y extorsionar a empresas para gradualmente debilitarlas y desplazarlas.
El modelo económico del clan familiar es altamente destructivo para los nicaragüenses porque no les genera beneficios, sino solo al clan. La dictadura se ha aprovechado del alto precio del valor del oro, y buscado cómo capitalizarse del mismo con las confiscaciones, concesiones ilícitas, y extorsión tributaria y económica. Este año, Nicaragua aumentará la exportación de oro de 600 000 a 800 000 onzas.
¿Qué sigue? La apuesta equivocada de Murillo y la presión de Estados Unidos
Para Estados Unidos, Nicaragua es un caso sui generis en el que la dictadura ha sabido manejar un perfil bajo a pesar de las presiones. Estados Unidos ubica la importancia de transformar a Nicaragua por una vía democrática bajo los tiempos de la inercia de la política que lleven su curso a un declive acelerado, tales como una muerte de Ortega, un conflicto interno familiar y clientelar, la corrupción descontrolada o una protesta social no esperada.
Por eso, su presión es diferente a la de Cuba y Venezuela y no está en la lista de espera después de Cuba. Estados Unidos quiere evitar el riesgo de otra ola migratoria y de represión, reconociendo obstáculos adicionales. Sin embargo, no baja la guardia, de manera que mantiene cierto nivel de presión que distorsiona el modus operandi. Los costos para Laureano Ortega, Zhong Fu Development, por ejemplo, implicarán reorganizar la estructura exportadora que en su mayoría se dirige a Estados Unidos.
El principal esfuerzo en este momento debe consistir en continuar presionando a la dictadura para desmontar su estructura represiva y cleptocrática aliada con China, dos demandas que Estados Unidos ha ejercido. Pero dentro de ese contexto, la oposición cívica tiene que señalar la magnitud del robo que ejecutan a la ciudadanía nicaragüense que no tiene para su propia manutención; así como exponer la captura de Estado a pesar que el FMI ha endosado el crecimiento económico del país a costa de la represión (con la expulsión de miles de nicaragüenses que ahora envían remesas) y del robo (a través de la extorsión, la confiscación y las concesiones ilícitas).
