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Estados Unidos sancionó el sábado 18 de abril de 2026 al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por participar en “graves violaciones de los derechos humanos”, una acción que Washington realiza en recordación de los cientos de víctimas tras las protestas de abril de 2018 en el país centroamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que “hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”.
“Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos”, añadió Rubio.
Bajo la sección 7031(c), la designación de Luis Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos.
Luis Cañas, el operador de Murillo en el MINT
A finales de diciembre de 2023, la presidencia ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el nombre al Ministerio de Gobernación (Migob) y renombrarlo “Ministerio del Interior (MINT)”, como se llamó en los años 80, cuando se encargó de espiar, perseguir, encarcelar y reprimir a los considerados “enemigos de la revolución”.
La resurrección MINT fue la última etapa de un proceso de “mutación” que ejecutó la dictadura. A mediados de 2022 ya le había asignado el poder de perseguir, confiscar, expulsar y desterrar a los opositores y organismos independientes.
Con el regreso de Ortega al poder, el antiguo Ministerio de Gobernación comenzó a cargo de Ana Isabel Morales, quien en 2017 fue sustituida por María Amelia Coronel Kinloch, antes ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
Sin embargo, el poder real en el Ministerio del Interior lo ejerce el viceministro Luis Cañas, un expolicía, que formó parte de las unidades especializadas en lucha antidroga en los años 90. Cañas es el principal operador de Rosario Murillo para el manejo del Ministerio del Interior, en el que la ministra Amelia Coronel tiene una función decorativa.
Luis Cañas es uno de los 54 altos funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de “graves violaciones de derechos humanos” y “crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua, en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.
De acuerdo con el GHREN, el viceministro instruyó a directores de las cárceles nicaragüenses a obstaculizar el acceso de los abogados defensores y desobedecer órdenes judiciales de liberación y exhibición personal. Además, ordenó implementar una política sistemática de trato discriminatorio contra reos políticos, y dirige un equipo para decidir si una persona entra o no a Nicaragua.
Las últimas sanciones
El jueves 16 de abril, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.
Las sanciones del jueves abarcaron también a siete empresas mineras, que como el resto de los señalados, han estado involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que todas estas entidades e individuos “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” ligadas al sector aurífero.
Washington ha acusado al Gobierno de Ortega-Murillo de reprimir a los disidentes de su gestión. En marzo de 2026, la misión estadounidense en Managua denunció que la “crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable” y criticó que mantengan detenidas a personas ancianas y enfermas.
*Con información de EFE.
