AA
Share
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 5 de abril de 2026 medidas cautelares a favor de Bayardo Arce Castaño, ex asesor presidencial en Asuntos Económicos, y su núcleo familiar, tras determinar que el excomandante guerrillero se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” bajo la custodia del Estado nicaragüense.
Mediante la Resolución 23/2026, el organismo interamericano demandó al Gobierno de Nicaragua acciones inmediatas para garantizar la vida, integridad y salud de Arce, quien permanece detenido desde julio de 2025.
La decisión de la CIDH se sustenta en los reportes sobre las condiciones de reclusión de Arce Castaño. Según la solicitud presentada ante el organismo, el beneficiario se encuentra bajo un régimen de aislamiento severo, sin acceso a atención médica especializada para sus padecimientos crónicos, factor crítico dada su condición de persona mayor.
El órgano autónomo de la OEA destacó que la falta de información oficial sobre su estado actual y el contacto limitado con su familia agravan el riesgo de “daño irreparable”.
De acuerdo con la CIDH, el Estado de Nicaragua no proporcionó información ni respondió a los requerimientos de la Comisión durante el proceso de análisis.
El 22 de marzo de 2026, la dictadura orteguista difundió una serie de imágenes de Bayardo Arce, en las que se observó sumamente enflaquecido. Días previos, los seis hijos e hijas del ex asesor presidencial demandaron —a través de una carta pública— una “prueba pública de vida” del exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN.
Exigencias al Estado
La resolución vinculante de la CIDH demanda a las autoridades nicaragüenses cumplir con los siguientes puntos:
- Valoración médica inmediata: Realizar un examen integral y garantizar el acceso a medicamentos y especialistas.
- Adecuación de condiciones: Asegurar que el lugar de detención cumpla con estándares internacionales para personas de la tercera edad.
- Cese de hostigamiento familiar: La CIDH identificó un patrón de vigilancia e intimidación contra el núcleo cercano de Arce, por lo que exige medidas de protección para sus parientes.
- Comunicación: Garantizar el contacto regular con abogados y familiares.
La Comisión aclaró que el otorgamiento de estas medidas no implica un prejuzgamiento sobre el fondo de una posible demanda por violaciones a la Convención Americana, sino que actúa como un mecanismo de prevención ante un riesgo inminente.
Bayardo Arce se suma a la lista de figuras políticas sobre las cuales la CIDH ha emitido pronunciamientos urgentes ante la falta de garantías procesales y de salud en el sistema penitenciario del país.
A finales de enero de 2026, la justicia de la dictadura orteguista condenó a Bayardo Arce por el supuesto delito de “lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua”, según un comunicado de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Además, le cancelaron todas sus empresas y confiscaron todos sus bienes.
