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Plenamente identificados hay al menos 13 proyectos financiados con fondos del Estado que fueron utilizados para sostener la “represión” en Nicaragua—que solo en dos meses durante la denominada “Operación Limpieza” implicó el gasto de cinco millones de dólares—, según documentó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU. En este desvío de fondos, se señala que el secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Fidel Moreno, es el operador más visible de esa “estructura paralela”.
La “estructura paralela”, que se mantuvo “oculta” a la mayoría de los miembros del partido, era coordinada por la entonces vicepresidenta Rosario Murillo, ahora “copresidenta” de Nicaragua.
Dentro de esa estructura, Fidel Moreno, aparece como el encargado en transmitir las órdenes de Murillo y coordinar las operaciones que se llevarían a cabo.
“La figura más paradigmática es Fidel Moreno, porque demuestra cómo el partido es el Estado, el Estado es el partido, y el partido y el Estado son la familia en la figura de Rosario Murillo”, señaló Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en una conferencia de prensa, tras la presentación del informe.
Según el GHREN, se identificaron 13 proyectos, con una duración de entre uno y tres meses, financiados con recursos del presupuesto del Gobierno central y que serían ejecutados para reprimir en municipios de los departamentos de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa.
El saqueo a alcaldías y ministerios
A finales de mayo o principios de junio de 2018, siguiendo “instrucciones” de Murillo, Fidel Moreno convocó una reunión en la Alcaldía de Managua, en la que “ordenó que una parte del presupuesto de cada entidad se reasignara para financiar la logística de las operaciones de los grupos armados progubernamentales y otros gastos relacionados con la represión”.
En esa reunión en la que participaron la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Guiomar Irías Torres, secretarios políticos departamentales del FSLN y, según se informa, secretarios políticos del FSLN de al menos seis instituciones públicas, incluidos cuatro ministerios.
Las entidades fueron convocadas porque sus presupuestos incluían partidas destinadas a “bonificaciones económicas y asistencia social a la población que podían ser fácilmente malversadas o desviadas”, señala el informe.
Irías, según el informe, fue la encargada de transmitir la orden a “varias autoridades municipales y secretarios políticos departamentales del FSLN”. A su vez, ella supervisó su aplicación en los “municipios que se encontraban bajo el control del partido”.
El GHREN estimó que el costo logístico de los dos primeros meses de operaciones ascendía a cinco millones de dólares. En entrevista con CONFIDENCIAL, el presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, indica que la cifra total de la represión no la tienen calculada, pero sí podrían calcular lo desviado en los 13 proyectos que tienen plenamente identificados en la próxima actualización del informe. Sin embargo, dijo que lo primordial es que pueden “demostrar el vínculo directo entre la malversación o el desvío de fondos y violaciones de derechos humanos”.
Moreno y los asesores del FSLN trabajaron en “encubrimiento”
De acuerdo al informe, Fidel Moreno ha sido el encargado de coordinar la estructura paralela “con un equipo de asociados de gran confianza, entre los que se incluyen expertos en auditoría y finanzas, miembros de alto nivel del FSLN y personal de la Alcaldía de Managua”.
“Su función es transmitir órdenes y supervisar el cumplimiento de las instrucciones de la señora Murillo. Han establecido mecanismos para encubrir la financiación de actividades represivas incorporándolas a procesos oficiales de rendición de cuentas y contabilidad, bajo la responsabilidad de la secretaría de finanzas del FSLN”, detalla el documento.
Pago de estipendios y empleos ficticios
El desvío de fondos del Estado sirvió, en un principio, para financiar la denominada “Operación Limpieza”, que se empezó a ejecutar en junio de 2018, acciones del régimen encaminadas a desmantelar las barricadas y la protesta de la población en las calles y carreteras del país durante 2018.
Los fondos utilizados provenían de partidas presupuestarias municipales asignadas inicialmente a proyectos de corto plazo de “limpieza”, “asistencia humanitaria” o “relaciones públicas”.
“Los fondos públicos destinados a la asistencia social y a los gastos operativos se han desviado sistemáticamente para sostener operaciones de seguridad violentas y a los grupos armados progubernamentales. Esta información nos ha permitido reconstruir la lógica operativa de la financiación corrupta de las violaciones en el país”, mencionó el presidente del GHREN.
El informe identifica distintos mecanismos mediante los cuales se habrían utilizado recursos públicos para sostener la represión en Nicaragua. Entre ellos destacan:
- Pago de estipendios o empleos ficticios para miembros de la Juventud Sandinista, grupos armados progubernamentales, participantes en turbas y familiares de personas afines al Gobierno asesinadas durante las protestas.
- Compra de alimentos, combustible y transporte.
- Financiamiento a grupos armados progubernamentales con el fin de que llevaran a cabo “actos de vandalismo de bandera falsa contra propiedades y negocios privados de militantes del FSLN, tales como apedreamientos, saqueos e incendios provocados”.
- En Managua, financiaron pagos para indemnizaciones y rehabilitación de propiedades por daños causados como consecuencia de esas acciones.
El Grupo identificó además la existencia de una empresa de servicio de comedores propiedad de un familiar de Murillo como el “principal proveedor de comidas”.
Beneficiaron empresas ligadas al FSLN para “justificar” gastos
Para reconstruir este esquema de financiamiento, el Grupo de Expertos señala que revisó una amplia cantidad de documentos y recurrió a decenas de testimonios.
La investigación incluyó 73 entrevistas a 39 fuentes diferentes y examinaron más de 1700 documentos, entre los que se incluyen registros de nóminas, mensajes de correo electrónico, documentación presupuestaria y de auditoría, recibos y otras pruebas de pago.
“Los informes financieros incluían gastos que fueron manipulados para dar una apariencia de legalidad”, según el Grupo de Expertos.
La investigación revela que empresas vinculadas a miembros del Frente Sandinista que “operan a través de propietarios nominales que emiten presupuestos inflados e informes financieros de servicios que nunca se prestaron”.
A partir de estas evidencias, los expertos concluyeron que el desvío de recursos estatales formó parte de una estrategia deliberada para sostener la represión.
El informe advierte que estas prácticas no necesariamente se limitaron a los momentos más intensos de la crisis política de 2018.
“La práctica de financiar los gastos de los partidos políticos y la represión del Estado con fondos públicos —agrega el informe—, continúa hasta el día de hoy”.
Además de estas transacciones financieras encubiertas, el Frente Sandinista ha sostenido parte de su financiamiento, no solo con las aportaciones de los militantes del partido, sino también con las “contribuciones obligatorias de los funcionarios públicos, incluidos los miembros del Poder Judicial”.
El Grupo ha confirmado que varios empleados públicos que no cumplieron esta orientación “sufrieron represalias”.
Los actos represivos y el “uso indebido y el desvío de fondos públicos” han sido señalados por el GHREN como “graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
