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Al menos 66 violaciones a derechos humanos fueron documentadas en Nicaragua durante enero de 2026, en medio de un contexto de “profundización del patrón represivo” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el último informe del Monitoreo Azul y Blanco.
Las violaciones a derechos humanos pasaron de 20 reportadas en diciembre de 2025 a 66 casos en enero de 2026, lo que representa un incremento del 230%, según datos del organismo defensor de los derechos humanos.
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el Monitoreo registró un total de 100 detenciones arbitrarias. De ese total, 59 personas fueron excarceladas días o semanas posteriores a los hechos, mientras que 41 seguían en situación de detención arbitraria al cierre del informe.
El mayor número de detenciones ocurrieron en enero cuando el organismo registró 73 casos, de las que 69 estuvieron relacionadas con la publicación en redes sociales de “mensajes positivos” sobre lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro.
El 26% de esas detenciones se concentraron en Managua, seguido de Matagalpa (25%), Chontales (21%), Jinotega (10%), Madriz (7%), Chinandega (5%) y la Costa Caribe Norte (3%).
Las capturas —según el Monitoreo Azul y Blanco—, ocurrieron sin “orden judicial ni fundamento legal”. A sus familias tampoco se les informó sobre su paradero o situación jurídica, lo que constituye “desapariciones forzadas”.
El informe señala que, en numerosos casos, no fue posible identificar el perfil de las personas detenidas debido a la “autocensura de la población”, motivada por “amenazas contra familiares” para que no denuncien los hechos.
Torturas a detenidos por opinar sobre Venezuela
Una de las personas detenidas por opinar en redes sociales sobre lo ocurrido en Venezuela denunció que fue “capturada violentamente en su vivienda”. Más de 11 agentes de la Policía Nacional, principal brazo represor de la dictadura, la detuvieron y sometieron a “desnudez forzada, interrogatorios constantes, hambre, sed y amenazas, incluyendo intentos de fabricación de cargos por narcotráfico para forzar confesiones”.
Esta persona permaneció tres días “sin condiciones mínimas, con alimentación insuficiente, sin acceso a defensa ni comunicación con su familia, siendo obligado además a borrar su redes sociales y a presentarse diariamente a firmar, bajo vigilancia”.
El informe también denuncia “coacción” contra trabajadores del Estado, ya que instituciones públicas y operadores políticos presionaron a empleados para que compartieran mensajes de apoyo al régimen de Maduro en sus cuentas personales de redes sociales y WhatsApp.
A su vez, el régimen ordenó a sus operadores políticos mantener la “vigilancia territorial y virtual”.
La vigilancia también se extendió a excarcelados políticos en noviembre de 2025 y enero de 2026, quienes han sido objeto de visitas constantes e interrogatorios para saber lo que hacen e informen sobre cualquier actividad opositora.
Represión religiosa y migratoria
En enero, el Monitoreo comprobó que la represión religiosa se mantiene en el país. El organismo documentó las siguientes situaciones:
- Detención arbitraria de un pastor en el departamento de Matagalpa, cuyos motivos no fueron informados y que fue liberado días después.
- Interrogatorios a feligreses en Estelí, Jinotega y Matagalpa, a quienes se les exige la presentación de cédulas de identidad.
- En León se prohibió a las comunidades eclesiales continuar con actividades de evangelización casa a casa.
El Monitoreo también alertó sobre el uso de la política migratoria como mecanismo de castigo. Al menos cuatro personas nicaragüenses fueron impedidas de ingresar al país tras viajes al exterior, mientras otras cuatro optaron por el autoexilio como mecanismo de protección ante persecución personal, vigilancia, amenazas y riesgo de detención arbitraria.
Tratos crueles e inhumanos en el penal
Además, el Monitoreo registró 13 incidentes dentro de las cárceles contra presos políticas, que son víctimas de torturas y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Se reportan casos de aislamiento prolongado, hacinamiento, falta de ventilación, privación de agua, alimentación insuficiente o en mal estado, negación de atención médica y restricciones a la comunicación con familiares.
La diputada suplente y presidenta del partido indígena Yatama, Nancy Elizabeth Henríquez James, presenta “pérdida significativa de peso, debilidad física, problemas de memoria, dificultades para hablar y desplazarse, sin acceso a atención médica adecuada para sus padecimientos”.
Asimismo, el preso político Jaime Navarrete permanece en condiciones de “encierro con limitada ventilación —lo que agrava problemas respiratorios derivados de una fractura nasal—, sin acceso a ropa de cama, con restricciones de lectura y en un estado de depresión severa”.
Las violaciones a derechos humanos reportadas en enero de 2026 representan un incremento del 40.4% en comparación con enero de 2025, cuando se documentaron 47 casos. El aumento equivale a 19 violaciones adicionales interanualmente, confirmando que la represión no solo se mantiene, sino que se ha intensificado en el inicio del año.
Durante 2025, los meses con mayor número de incidentes fueron abril (75), julio (73) y agosto (88). Estos picos evidencian que el aparato represivo se activa con mayor fuerza en momentos específicos, elevando de manera significativa el número de violaciones documentadas por el Monitoreo Azul y Blanco.
Aunque en los últimos meses de 2025 se observó una reducción —con 29 casos en octubre y noviembre y 20 en diciembre—, hubo un repunte de casos enero de 2026 asociado a lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
