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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó el viernes 19 de junio de 2026 su preocupación por una eventual “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que el país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.
“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1500 o 1800 coligalleros (mineros artesanales). Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua ¿Para dónde creen que se van a venir esos coligalleros”, declaró Fernández, tras una gira de campo a la localidad de Las Crucitas, un sitio cercano a la frontera entre ambos países que está tomado por la minería ilegal de oro.
La mandataria agregó que su preocupación es que ocurra “un problema de invasión de esta cantidad de personas aquí”, lo que calificó como “una bomba de tiempo para Costa Rica que urge de una solución de manera inmediata”.
“Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente y con un problema de seguridad donde no vamos a dar abasto”, añadió Fernández.
El Gobierno de Nicaragua ha cedido entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a diecinueve empresas chinas que ocupan 1 274 908.33 hectáreas, lo que representa más del 8.5% del territorio nicaragüense y que incluyen áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la oenegé ambientalista Fundación del Río, en un informe titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’.
A mediados de abril de 2026, EE. UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.
La minería de oro en Costa Rica, cerca de reactivarse
El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses, y decomisan material y equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y que ambientalistas afirman acarrea efectos nocivos al medio ambiente.
La presidenta, quien fue evacuada la mañana del viernes 19 de junio de 2026 de la gira en Las Crucitas tras escucharse a lo lejos una explosión, instó a los diputados a aprobar el proyecto de ley para que una empresa explote el oro en la zona y se eviten los daños ambientales derivados de la minería ilegal, además de dejar de gastar cerca de 1.3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad en la región.
En Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto concesionada a la minera canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía perdió la concesión en 2010 sin haber comenzado a construir la mina y a partir de entonces el sitio fue aprovechado por mineros artesanales ilegales que utilizan técnicas que emplean mercurio y cianuro.
La presidenta Fernández dijo que hay registros de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados más de 35 veces, por lo cual impulsará un proyecto de ley para endurecer los controles.
Funcionarios del Gobierno costarricense también han dicho varias veces que el oro extraído en Las Crucitas termina en Nicaragua.
