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Una jueza estadounidense ordenó mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350 000 haitianos para evitar su deportación, como pretende la Administración de Donald Trump, pero políticos y activistas advierten de que el alivio es temporal y persiste el riesgo de una crisis en Haití y Estados Unidos.
La jueza Ana Reyes bloqueó de forma temporal el fin del TPS, que expiraba el martes 3 de febrero de 2026, al señalar que la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, “no tiene los hechos de su lado o, al menos, los ha ignorado”, pues la secretaria insiste en que la situación en Haití ha cambiado y los haitianos deben volver.
Pero Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, avisó que llevarán el caso a la Corte Suprema al acusar a la jueza de “activismo ilegal” y que el TPS debía ser “temporal”.
“El TPS de Haití se concedió después de un terremoto que ocurrió hace más de 15 años (en 2010), nunca pretendía ser un programa de amnistía de facto, y aún así, las administraciones previas lo usaron así por décadas”, escribió McLauhlin en sus redes sociales.
Crisis en Haití y en EE. UU.
Los haitianos deportados retornarían a un país en crisis, con casi 6000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo y la violencia de las pandillas en aumento desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, según expuso un informe de la ONU la semana pasada.
El propio Trump ha implementado una prohibición de viaje por la violencia en Haití.
“Este es un paso importante (el fallo de la jueza), pero no uno permanente. Enviar personas de regreso a la violencia y a la crisis es cruel, y yo seguiré luchando por protecciones duraderas para que las familias estén seguras”, anunció el congresista Maxwell Frost, representante federal de Florida con raíces haitianas.
Además de la situación en Haití, la American Business Immigration Coalition (ABIC) ha advertido de una posible crisis en asilos y hospitales en estados como Florida, que perdería una fuerza laboral de 113 000 personas con la deportación de los haitianos con TPS, quienes aportan 1300 millones de dólares en impuestos estatales.
Los trabajadores con TPS representan a nivel nacional el 15% de todos los empleados de salud que no son ciudadanos, mientras que más del 20% de los haitianos en Estados Unidos trabajan en este sector, según datos de la ABIC.
“Son las casas de reposo donde nosotros hemos visto este mayor impacto, sobre todo en distritos como Miami, Nueva York, Ohio, también algunos lugares en California y en Minesota, en donde muchos enfermeros y enfermeras haitianas vinieron en los últimos años”, expresó a EFE Luis Zaldívar, director de proyecto de ABIC.
Por ello, ABIC ha lanzado la campaña ‘Care for Seniors, Care for America’ (Preocúpate por los mayores, preocúpate por EE. UU.) para avisar que “esto es un tema que va a estar afectando directamente a estadounidenses que están viviendo en las casas de reposo y necesitan que tengan enfermeros”.
Trump contra el TPS
Zaldívar señaló la intención de Trump de eliminar el TPS, al anticipar que después de Haití iría contra el de Nicaragua, El Salvador y también varios países africanos como Sudán del Sur.
La justicia federal de Estados Unidos anuló la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60 000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, tras un fallo emitido el 31 de diciembre de 2025 por la jueza del Distrito Norte de California, Trina L. Thompson, dejando claro que “el presidente no está por encima de la ley”.
Asimismo, recordó que “en los últimos casos parecidos a este”, como el de Venezuela en 2025, la Corte Suprema “ha resuelto que mientras se resuelva el tema judicialmente pueden empezar las deportaciones”.
“Entonces estamos ahí en un vacío legal, digamos, en el cual vamos a esperar cuál es la respuesta de la Administración”, observó.
