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La tensión global sobre las políticas de Donald Trump ha creado muchos conflictos, pero, en particular, hay un choque de moralidades: entre cuál de estas tiene más autoridad, si la soberanía, la autodeterminación, el liderazgo global y el personal, no solo del presidente Trump.
El choque ocurre en el momento en que estos cuatro esquemas están erosionados, si no desgastados y en conflicto. ¿Hay una jerarquía moral y legal en relación con la autodeterminación o soberanía, estatal, popular, del líder, y el de los derechos humanos?
¿Puede un líder justificar una intervención en nombre de prevenir una transgresión y un transgresor, siendo este un transgresor también? ¿O puede justificarse una transgresión (como la intervención extranjera sin autorización de Naciones Unidas) si esta da un valor mayor (como el de restaurar la soberanía popular) que el acto mismo? El filósofo John Rawls posiblemente asentaría que sí, porque en su perspectiva de fallar en lo justo apoyado en el velo de ignorancia, la respuesta está en garantizar la mejor situación posible para (el, o) los más vulnerables, protegiéndose de las peores eventualidades —(usado el principio de la diferencia: la continuidad del régimen vs una transición complicada).
Pero este choque está tocando la fibra moral del norteamericano promedio.
La sociedad norteamericana ve pocos cambios positivos. Militarmente, se presenta el riesgo de que el presidente haya expuesto a Estados Unidos ante ataques terroristas, porque sus juegos de guerra dejan el despliegue militar en plena vista, en medio de recortes al presupuesto y funcionarios en las agencias de inteligencia y la diplomacia de la política exterior y el desarrollo. Las maniobras militares carecen de un propósito lógico de interés nacional, mientras la centralización en la toma de decisiones hace a un lado a los estrategas. Lamentablemente, el mundo avanza sin la misma motivación para cooperar con Estados Unidos: en Davos, el capitalismo y la democracia, aunque no le dieron la espalda al presidente Trump, dejaron claro que quieren continuar con la cooperación compleja, en vez del unilateralismo de la doctrina Trump.
En el ámbito nacional, el gobierno ha desprotegido a los pobres de las prestaciones sociales que podrían prevenir el deterioro de la seguridad alimentaria o la salud sin distinguir entre el que realmente necesitaba apoyo y del que se aprovechaba del sistema. El país ha levantado las barreras de protección que dan las vacunas y expuesto a las nuevas generaciones a variantes de enfermedades que se solían prevenir.
Económicamente, el costo de la vida sigue subiendo; los aranceles no hacen al país competitivo, sino más bien lo hacen menos atractivo. A pesar de que se ha expulsado a más de 300 000 trabajadores migrantes en estatus irregular, el desempleo está creciendo, y esto afecta a las pequeñas empresas que necesitan esta mano de obra. La paradoja del desempleo es obvia: los empleos altamente calificados no crecen, y las deportaciones de trabajadores poco calificados aumentan la presión económica sobre los empleadores, mientras que las materias primas se encarecen; el microempresario está sufriendo. El ataque a la libertad de expresión mediante la censura, la desinformación y las mentiras genera ansiedad e impaciencia en la gente, ya que el apetito por el conocimiento y la claridad de lo que pasa es inagotable.
En general, a un año de gobierno de Trump, la opinión pública ha aumentado su crítica al presidente; ha disminuido su apoyo, con casi el 60% del electorado que lo ve desfavorablemente; el Congreso republicano está debatiendo cómo equilibrar su apoyo al presidente y mantener o subir su popularidad ante sus constituyentes, mientras los demócratas están aumentando su resistencia política.
Los Americanos están recurriendo a la compasión como su reajuste corrector en medio de esta tensión, pero se avizoran conflictos y luchas en todos los ámbitos legal, social o económico, que incluso moderarían el presidencialismo imperial del ejecutivo en el contexto internacional, hasta en relación con Nicaragua.
La dictadura en Nicaragua en medio de la tormenta política
Nicaragua está en medio de todo este engranaje de manera subyacente, ya que la dictadura forma parte de la “troika de las tiranías”, un país que para Marco Rubio sigue siendo “enemigo de la humanidad”. Cerca de medio millón de nicaragüenses en estatus irregular, sin autorización legal para permanecer en el país, están en riesgo de ser devueltos a una dictadura o de ser enviados a terceros países con los que Estados Unidos ha firmado convenios.
¿Cómo apalancarse frente a esta situación para visibilizar a Nicaragua y presionar más a la dictadura? y si se logra generar atención, ¿quién está preparado para responder a la presión de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si mañana el presidente Trump decide, o si se apruebe la nueva propuesta de ley en el Congreso y dijera, que se suspende el petróleo a Nicaragua y se declare a Nicaragua como un riesgo financiero a menos que Ortega y Murillo cumplan con reformas democráticas?
Estas son preguntas válidas porque mucha gente mira una oportunidad, después de lo ocurrido en Venezuela. El descaro entre algunos llamados opositores es monumental al calcular lo que hay que decirle a Trump para que les haga el favor de sacar a los dictadores. Algunos quieren que se propongan soluciones atractivas para Estados Unidos, pero la mayoría entiende poco exactamente en qué consiste eso. Sin precisión alguna hablan de mostrar las alianzas de Nicaragua con Rusia, China, o Irán, como amenazas del interés nacional de Estados Unidos, y otros del rol de los dictadores en el narcotráfico y en promover la migración, como palancas para atraer la atención de Estados Unidos sobre Nicaragua.
Sin embargo, Estados Unidos está al tanto de todo lo que pasa, de lo que espera Rosario Murillo del gobierno estadounidense y lo que ella quisiera proponer. Por eso, para formular una estrategia de presión sobre Nicaragua, es importante tener clara la base en la que se ubican estos dos países, y saber qué es lo que quieren los nicaragüenses.
Primero que todo, no hay diálogo, ni negociación, ni interés de parte de la Administración actual de acercarse a Nicaragua. Lo que existe es un seguimiento sigiloso mientras se preparan medidas. Al mismo tiempo, los dictadores quieren dar a entender que ellos no son los malos, y que ellos ayudarían a contener el narcotráfico y la migración y que van a proseguir con su ruta electorera. El discurso de Murillo es decir que “No queremos discordia. Queremos concordia”. Por no decir, “por favor no me toquen”. Lo que ella no toma en cuenta es que controlar la migración depende de una reforma política de la dictadura para retraerse de la ruta dinástica.
Segundo, Estados Unidos tiene tres prioridades regionales: asegurarse que las deportaciones continúen, incluso a través de terceros países (y esto va en curso); asegurarse de que la normalización política en Venezuela avance, mientras se explora cómo abordar o intervenir en el contexto cubano. El colapso económico cubano es una realidad, pero la gente podrá vivir con mucho menos por mucho más tiempo (la hambruna no llegará a ocurrir). Lo que es más incierto es el momento en que, como en Nicaragua, explote una reacción contra Díaz Canel, y el régimen colapse antes que la economía y Estados Unidos salga al frente. Esto es lo que tiene a Estados Unidos rascándose la cabeza. Y, además, prevenir que ocurra otro desorden regional; y Nicaragua y Haití son los dos candidatos que pueden causar problemas. Lo de Haití está contenido en un plan de seguridad transnacional frente a un proceso incierto ante el fin del Consejo Transicional en Febrero. Mientras tanto, Nicaragua es un desorden político, porque se enmarca en quienes han abusado del orden liberal internacional. Aunque Rosario Murillo mantiene al país controlado, bajo una cultura del miedo, con una economía que camina sin crisis, la fragilidad en la que se encuentra su propio liderazgo es tangible.
Aunque ni Estados Unidos ni Nicaragua piensan en negociación, Murillo se encuentra más expuesta a un contexto internacional que no la quiere y no la necesita. Esta situación crea una oportunidad para exponer las piezas de su vulnerabilidad para ejercer presión.
Tercero, lo que queda es saber qué quieren los nicaragüenses. Y sí, muy crudamente los nicas quieren que estos dictadores se vayan, o que los saquen. Ya no quieren más restricción de libertades, de autocensura, de temor en la clase media que no los dejen entrar al país por haber hecho un “like” en Facebook, o de tener que buscarse como vivir o competir contra la corrupción, los chinos y lidiar con el mal servicio público.
Hay un desdén contra Murillo porque los nicaragüenses quieren un sistema con una economía justa y vivir en paz, pero no en la paz del estado policial de Rosario Murillo, sino en la que no tenés que cuidar tu espalda de que te estén vigilando y te lleguen a recoger. Ir a misa es un acto de resistencia; la celebración del triunfo de Sheynnis Palacios fue una fiesta patriótica democrática, como lo fue la celebración en casas de la salida de Maduro, y las críticas contra la invasión china.
Desde el entorno cívico opositor, el mensaje a la Administración Trump y al Congreso debería demostrar que saben lo que quieren los nicaragüenses y que tienen el capital político para comunicar ese sentimiento con sus redes internas y externas, con propuestas concretas para mover la aguja en la dirección de una transición política democrática. Estados Unidos sabrá dónde presionar, pero necesita contar con un interlocutor legítimo, que no se limite a decir “cómo usted mande, señor”.
