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Dos representantes republicanos ante el Congreso de Estados Unidos, Chris Smith, por Nueva Jersey, y María Elvira Salazar, por Florida, presentaron una propuesta de ley que amplía las sanciones establecidas en dos leyes estadounidenses contra la dictadura Ortega-Murillo: la “Nica Act” y la “Renacer”.
El nuevo texto legislativo está identificado como HR 7055 y se denomina Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua. En la iniciativa de Smith —que preside el Subcomité de África de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes— y Salazar —presidenta del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental— se proponen sanciones específicas contra la dictadura, a la que responsabilizan “por crímenes contra la Iglesia católica, el clero y el pueblo de Nicaragua”.
Tal como fue presentada, la HR 7055 supone una enmienda a la Ley de Condicionalidad de la Inversión de Nicaragua de 2018, conocida como “Nica Act”, y a la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, o “Ley Renacer”.
Su aprobación obligaría al secretario de Estado, por medio del jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones y en consulta con el Secretario del Tesoro, a coordinarse con varios socios de Estados Unidos. Eso incluye a los Gobiernos de Canadá, más varios países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para imponer sanciones específicas a las personas sujetas a sanciones autorizadas por la “Nica Act”, y la “Ley Renacer”.
El texto amplía los criterios a considerar para aplicar sanciones al régimen. A la vez, fortalece las sanciones económicas, prohíbe la asistencia financiera y la inversión de Estados Unidos en Nicaragua, y refuerza la importancia de proteger los derechos humanos y fomentar elecciones libres y justas en el país.
Ley busca cerrar otros grifos financieros
Tal como fue presentada, la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 plantearía nuevas obligaciones al Gobierno de Estados Unidos, en su relación con Nicaragua, tal como lo señala la siguiente lista.
- Cesar inmediatamente cualquier inversión estadounidense en la economía nicaragüense;
- Oponerse a la asistencia financiera o técnica al Gobierno de Nicaragua por parte de los miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE);
- Imponer sanciones específicas a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega tras el arresto, procesamiento, condena y/o sentencia de cualquier individuo por cargos de motivación política; graves violaciones de los derechos humanos de los presos políticos; y apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia;
- Plantear las preocupaciones internacionales sobre la crisis de derechos humanos y democracia en Nicaragua, y apoyar a los líderes y grupos religiosos y de oposición silenciados por el régimen de Ortega-Murillo;
- Proporcionar financiamiento y apoyo a programas que promuevan los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, incluidos programas que documenten los abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen desde abril de 2018; y
- Buscar una solución a la crisis política en Nicaragua llamando a elecciones libres y justas y al cese de la violencia política en el país.
Se espera que el texto sea aprobado de forma expedita en ambas cámaras legislativas, y que sea presentado sin dilación al presidente Trump.
Estrategia de “perfil bajo” es insuficiente
Dos líderes políticos nicaragüenses se hicieron eco de la noticia destacando sus alcances en materia económica, a la vez que como una demostración de que el tema de Nicaragua “no está en el olvido”, pese a la intensa y variada agenda política que sacude a Washington.
El economista Juan Sebastián Chamorro, miembro del Consejo Político de Monteverde, la consideró como “un recordatorio a los dictadores Ortega y Murillo”, mientras que Alfredo Gutiérrez, coordinador general de Liberales Nicaragua, mostró su “entusiasmo” y “gran satisfacción” por la iniciativa.
Chamorro destacó que esa ley está diseñada para seguir ejerciendo presión por parte del Legislativo estadounidense en contra de la dictadura, y confía que será aplicada por el Ejecutivo de Donald Trump.
Opinó que “es consecuencia de lo que está pasando en Venezuela y Cuba”, y recordó a los codictadores que, “su apego a los Castro… Maduro, y a los ayatolás de Irán, constituye una amenaza al Hemisferio Occidental y a los valores democráticos de los pueblos, en particular del pueblo de Nicaragua”.
Citando al representante Smith, el expreso político explicó que esa legislación pone a Nicaragua bajo observación cuando prohíbe la inversión estadounidense en nuestro país, se opone a otras fuentes de financiamiento, e implementa sanciones selectivas.
“Estamos aumentando la presión internacional sobre la dictadura Ortega Murillo, para que cumplan con el pueblo nicaragüense, adopten elecciones libres y justas, y rechacen la represión política”, dijo el representante republicano.
Gutiérrez consideró que la presentación de esta propuesta de ley muestra que Nicaragua no está en el olvido, ni en el Congreso, ni en el Senado. “Nos llena de gran satisfacción ver que aquellos que pensaban que mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvieran bajo perfil, iban a pasar desapercibidos en Washington, y no es el caso”, señaló.
El cambio de las políticas hacia el hemisferio occidental (en referencia a la captura y arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro), “nos ayudan a que se abra la puerta para volver a tener fe de que en Nicaragua habrá libertad”, explicó Gutiérrez. “Lograremos salir de la dictadura… podremos tener otra vez nuestro pueblo libre con progreso, miles de exiliados que estamos sufriendo fuera de Nicaragua podremos regresar a nuestra patria, a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país”, declaró.
