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Sanciones económicas, restricciones de visados, cancelación de programas migratorios y un récord de más de 8000 nicaragüenses deportados de Estados Unidos ha dejado en Nicaragua, el primer año del segundo mandato de Donald Trump.
Los cambios en las políticas hacia Nicaragua empezaron desde la misma noche del 20 de enero de 2025, día en que Trump tomó posesión, con la suspensión de los programas de migración legal a Estados Unidos que promovió la Administración anterior de Joe Biden.
A esta medida se le sumó la imposición de aranceles del 18%, el más alto de Centroamérica, la suspensión de visados a más de 250 funcionarios de la dictadura nicaragüense y a empresarios que promueven la migración irregular.
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Más de 8000 nicaragüenses deportados
Un récord de 8045 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos hacia Nicaragua y a México durante 2025, según información de Human Right First y de un funcionario del Departamento de Estado. Siendo así el año en que más migrantes fueron expulsados de suelo estadounidense.
En total, hubo 67 vuelos con 7431 deportados a Nicaragua que representa un incremento de 158% en comparación al año anterior. Además de otros 614 connacionales deportados a través de las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos.
El incremento de vuelos con deportados comenzó a notarse a partir de abril de 2025, cuando se documentaron tres vuelos y no dos como se reportaba históricamente. Sin embargo, fue durante el último cuatrimestre, de septiembre a diciembre, que se documentó cifras récord de diez vuelos al mes.
El fin de la política de migración regular
El mismo día que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ordenó suspender el programa de parole humanitario que permitía la migración legal durante dos años a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Asimismo, canceló el programa de Movilidad Segura, con el cual nicaragüenses refugiados podían migrar legalmente.
Ambos programas fueron impulsados durante la Administración de Joe Biden, en un intento por reducir la migración irregular que se observó desde 2021.
Siguiendo esta política antiinmigración, Trump también intentó cancelar definitivamente el Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, este programa aún sigue vigente tras la decisión de un juez concluyó que en el caso de Nicaragua, no se tomó en cuenta el contexto sociopolítico que vive el país desde 2018.
En enero de 2026, Nicaragua también fue incluida entre un grupo de 75 países a los que se les suspendió la emisión de visados de inmigración que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró que esta medida intenta impedir el ingreso de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.
Aranceles y sanciones económicas
En abril de 2025, Nicaragua fue afectada con la imposición de un arancel del 18% a las exportaciones, el más alto de Latinoamérica, como parte de un plan arancelario de Trump.
A esta decisión se sumó la aprobación de un arancel gradual que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, a las mercancías importadas que no se origen bajo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
La medida se adoptará para “abordar las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con abusos de los derechos laborales, violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”.
El nuevo arancel “se establecerá en 0% el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10% el 1 de enero de 2027 y al 15% el 1 de enero de 2028. Cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18%”.
Restringen visados a 250 funcionarios orteguistas
El 18 de abril de 2025, el Gobierno de EE. UU. impuso restricciones de visado a 250 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser cómplices de la violación a derechos humanos y del exilio de opositores.
Con esta decisión se elevó a más 2000 la cantidad de funcionarios y operadores políticos sancionados por Estados Unidos, según anunció el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Aunque el Gobierno de EE. UU. no revela el listado de los funcionarios con restricciones migratorias, se sabe que hay personal cercano a la pareja dictatorial, miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, altos oficiales de policías, alcaldes, jueces y algunos de sus familiares.
Castigo a empresarios que promueven la migración irregular
La Administración de Trump siguió imponiendo restricciones migratorias a empresarios nicaragüenses señalados de facilitar la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Estas medidas se han impuesto hacia propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos.
El Departamento de Estado asegura que estos brindan servicios deliberados para ayudar a los extranjeros a entrar ilegalmente a Estados Unidos. La decisión ocurrió después que se documentara que Nicaragua estaba siendo usada como “trampolín” de migrantes del Caribe y extracontinentales y que la dictadura se estaba beneficiando con la aplicación de “multas” por permitir el paso.
En enero de 2025, Estados Unidos aseguró que había cerrado más de 70 rutas de vuelos chárter, incluidas las rutas que conectan Nicaragua con Cuba y Libia. “Nadie debe beneficiarse de los migrantes vulnerables: ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos”.
