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La lista de presos políticos en Nicaragua no disminuye. Pese a que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la excarcelación de un reducido grupo, las organizaciones de derechos humanos reportaron nuevas detenciones por motivos políticos, evidenciando que la represión continúa en distintos puntos del país y que la lista de presos políticos nunca queda vacía.
El 10 de enero de 2026, el régimen otorgó el beneficio de “convivencia familiar” a 30 nicaragüenses, argumentando la conmemoración de sus 19 años en el poder. El Monitoreo Azul y Blanco recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, con información recibida de las familias, y tras la excarcelación confirmó a 24 de los 62 presos políticos que tenía registrados hasta diciembre de 2025.
Sin embargo, días antes de la excarcelación, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Rosario Murillo ordenó un “estado de alerta” y aumentó la vigilancia en barrios y redes sociales. En resultado, un grupo de 60 nicaragüenses fueron detenidos, en su mayoría sin información oficial sobre cargos o procesos judiciales. De ellos, al menos, 49 permanecen en prisión. Esto eleva la lista de presos políticos a 87, de los cuales 42 están identificados.
El subregistro se reafirma nuevamente
Entre las 24 personas excarceladas —según la verificación del Monitoreo—, solo 18 estaban en la lista oficial del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Seis de los excarcelados no habían sido registradas previamente. Esto vuelve a confirmar el subregistro en las cifras de presos políticos por “el clima de miedo” que impera en Nicaragua.
44 de la última lista de presos políticos siguen en prisión
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene 44 personas presas políticas que estaban en la lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicada a inicios de diciembre de 2025. A ellos se suman 49 de 60 arrestados en enero.
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De los 44 presos políticos que quedan en la lista del Mecanismo, 13 son adultos mayores y 11 siguen en desaparición forzada. Dos de los detenidos ya cumplieron condena, pero el régimen se niega a liberarlos, entre ellos, Jaime Enrique Navarrete Blandón y José Manuel Urbina Lara.
Entre los detenidos también hay ocho indígenas mayangnas, y diez de los prisioneros fueron detenidos antes de 2018, evidenciando la persistencia de la represión política en Nicaragua.
La puerta giratoria de los presos políticos en Nicaragua
Las organizaciones defensoras definen la situación de los presos políticos y la vigilancia sostenida en Nicaragua como “efecto puerta giratoria”, porque algunos presos políticos son excarcelados, pero en la víspera o días posteriores se registran nuevas encarcelaciones.
Las 49 personas secuestradas el 9 de enero de 2026 “continúan detenidas sin información sobre su situación legal”, según organizaciones de monitoreo y denuncia. Los arrestos arbitrarios ocurrieron en Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur. Estos aún no ingresan a la lista del Mecanismo, que tiene pendiente publicar un nuevo informe.
Reos políticos identificados en cárceles de la dictadura
Los encarcelamientos masivos de opositores comenzaron en 2018. Desde entonces más de 1485 ciudadanos han sido reconocidos como presos políticos por los organismos de derechos humanos.
Jonathan Snayder López
De los reos de conciencia encarcelados en el contexto de la Rebelión de Abril, es el que más tiempo lleva en prisión. Es originario del municipio de Bonanza, en el Caribe Norte. Fue detenido el 22 de junio de 2018 y está en la cárcel La Modelo, de Tipitapa, Managua. Lo judicializaron por supuesto robo agravado.
Jaime Navarrete Blandón
Sigue preso a pesar de que ya cumplió su condena de tres años y seis meses por el supuesto delito de posesión de estupefacientes. Sin embargo, no está libre porque el judicial “revivió” la pena de 22 años de prisión, que había sido perdonada por la Ley de Amnistía, aprobada en 2019. Navarrete fue recapturado el 24 de julio de ese año.
José Manuel Urbina Lara
Es un reconocido abogado y opositor del régimen orteguista. Fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, tras involucrarse en un accidente de tránsito en el que falleció una persona a quien le dio un aventón en marzo de 2021. Es uno de los presos políticos mayores de 60 años de edad.
Walner Ruiz Rivera
Es originario de Masaya y fue deportado el 11 de noviembre de 2021 por las autoridades migratorias de Costa Rica, donde se había exiliado. El régimen orteguista circuló a Ruiz, a través de la Interpol, por los supuestos delitos de terrorismo, tráfico de droga, la muerte de un policía incinerado en Masaya y la quema de la Alcaldía de Granada.
Isaías Castro Ruiz
Detenido el 5 de diciembre de 2021. Tiene 49 años y es originario de Jalapa, Nueva Segovia. Sigue detenido en condiciones inhumanas, con riesgo inminente para su vida y sus derechos humanos en el penal de Cuisalá, en Chontales.
Luis Arturo Rizo Martínez
Tiene 54 años y, según registro del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, es originario del municipio de Ticuantepe. Cumplió cuatro años en prisión desde su captura arbitraria el 17 de diciembre de 2021.
Giovanni Guido Morales
Fue arrestado el 14 de febrero de 2022, cuando un patrulla policial lo interceptó cerca de su domicilio. Es una de las víctimas de la represión estatal. Perdió su ojo derecho, debido a disparos de paramilitares el 7 de junio de 2018. Permanece en La Modelo, en Tipitapa.
Efrén Vílchez López
El pastor evangélico, originario de San Rafael del Sur, está recluido en La Modelo desde el 15 de mayo de 2022. Aunque no participó en las protestas antigubernamentales, desde 2018 fue objeto de asedio por simpatizantes sandinistas y la Policía orteguista por su ideología liberal.
Beyker Ferreti Hernández
Tiene 25 años y fue apresado el 20 de octubre de 2022. Está acusado por la Fiscalía del régimen orteguista del supuesto asesinato del bebé de 14 meses, Teyler Lorío, el 23 de junio de 2018. El padre del menor, Nelsón Lorío, rechazó la acusación contra Ferreti. Lorío aseguró que es la tercera persona que la dictadura intenta involucrar en la muerte de su pequeño.
Nancy Elizabeth Henríquez
La diputada suplente fue arrestada el 1 de octubre de 2023, tras alertar sobre la detención de Brooklyn Rivera Bryan, diputado propietario y líder del partido Yatama. Fue condenada a ocho años de prisión por los falsos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Leonel Palacios Vanegas
Un comunitario mayangna de Kauhmakwas, que había denunciado la invasión de colones en territorios indígenas y en junio de 2024 fue acusado de asesinato. Lo capturaron el 3 de diciembre de ese año. Está detenido en el Sistema Penitenciario Nacional de Waswali, Matagalpa, y se desconoce si ya fue condenado.
Anibal Martin Rivas Reed
El exmilitar nicaragüense, de 61 años, fue capturado el 17 de mayo de 2025. Sentenciado a 50 años de cárcel por “traición a la patria”, luego de haber permanecido 42 días desaparecido por el régimen orteguista.
Según el conteo del Mecanismo, hay dos personas que aparecen en la lista en calidad de “anónimo”. Además, el exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Henry Ruiz, conocido como “Comandante Modesto”, está bajo “casa por cárcel” desde marzo de 2025.
Los guardabosques mayagna
Un grupo de ocho guardabosques han sido criminalizados por el régimen Ortega-Murillo. El primer grupo condenado a cadena perpetua por la masacre en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, del Territorio Mayangna Sauni As, en la que 11 indígenas miskitos y mayangnas fueron asesinados en agosto de 2021, está integrado por:
- Argüello Celso Lino. Antes de su detención el 28 de agosto de 2021 era maestro de la escuela y juez comunal de la comunidad de Suniwás, perteneciente al territorio mayangna Sauni As. Tiene padecimientos graves de vesícula biliar.
- Ignacio Celso Lino. El síndico territorial, de 51 años, fue detenido el 28 de agosto de 2021. Una vez fue detenido, su propiedad fue invadida por los colonos no indígenas.
- Donald Andrés Bruno Arcángel. Minero artesanal y miembro del grupo de guardabosques voluntarios que defienden la madre tierra en el sector Kahka. Fue detenido el 3 de diciembre de 2021.
- Dionisio Robins Zacarias. Ha sido militante del Partido Liberal Constitucionalista, tradicional opositor del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 3 de diciembre de 2021 fue detenido acusado de participar en la masacre de Kiwakumbaih.
En noviembre de 2025, Estados Unidos condenó el encarcelamiento del grupo de guardabosques indígenas mayangnas presos políticos del régimen. El segundo grupo de guardabosques mayangnas está integrado por:
- Rodrigo Bruno Arcangel. Detenido el 13 de agosto de 2023, sin orden judicial. Condenado por crimen organizado y amenazas con armas, portación ilegal de armas de fuego, y otros delitos. Permanece recluido en La Modelo.
- Oliver Bruno Palacios. Detenido el 13 de agosto de 2023. Inicialmente lo acusaron de integrar una banda delincuencial. Condenado a 25 años de prisión y permanece en La Modelo.
- Evertz Antonio Bruno Palacios. El joven de 21 años cursaba la secundaria al momento de ser detenido arbitrariamente el 13 de agosto de 2023.
- Tony Alberto Bruno Smith. Preso político desde el 13 de agosto de 2023 cuando fue capturado arbitrariamente. También lo acusan de ser cabecilla de bandas delincuenciales.
Un informe de Naciones Unidas agrega que, “el Estado utiliza a los indígenas condenados como ejemplo para que los demás miembros de las comunidades indígenas se abstengan de defender sus tierras y territorios tradicionales y ancestrales”.
Los presos políticos desaparecidos
Otro grupo de presos políticos permanece en condición de desaparición forzada, sin información oficial sobre su paradero ni estado físico. Según el Mecanismo, la desaparición forzada, además de “borrar temporalmente a la persona del espacio público, impide a sus familias conocer su paradero”.
Brooklyn Rivera Bryan
Líder miskito, diputado regional destituido y presidente del partido indígena Yatama. Fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi. Tiene 73 años y nadie de su familia ha podido verlo. En octubre de 2023, la CIDH le otorgó medidas cautelares.
Douglas Gamaliel Álvarez
Tiene 46 años. Es exmiembro de la Contra y originario de El Castillo, en Río San Juan. Solicitó refugio en Costa Rica, pero fue extraditado a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. La dictadura lo acusa de matar a un policía y a un civil en octubre de 2022.
Víctor Boitano Coleman
Coronel del Ejército en retiro, y tiene 64 años. Fue detenido el 23 de abril de 2024, en Managua. Su esposa relató que los policías lo golpearon antes de llevárselo. Algunos excarcelados políticos aseguran que lo vieron en la cárcel La Modelo, pero no hay información oficial.
Angélica Chavarría
Tiene 39 años y es originaria de Managua. La última vez que su familia supo de ella fue el 20 de mayo de 2024, cuando allanaron la casa de su pareja y exjefe del Ejército, Humberto Ortega, quien murió el 30 de septiembre como preso político. La CIDH le otorgó medidas cautelares en enero de 2025.
Eddie González Valdivia
Militar en retiro y profesor universitario. Tiene 67 años. Fue detenido el 14 de julio de 2024 por la Policía y civiles armados, en medio de un tiroteo. Lo acusan de homicidio agravado en grado de frustración y otros delitos.
Steadman Fagoth
Líder miskito, ex aliado político y ex asesor presidencial de Daniel Ortega. El Ejército de Nicaragua confirmó que lo detuvo el 14 de agosto de 2024 en Waspam y que luego lo entregó a la Policía. En marzo de 2025, la Corte IDH ordenó su liberación junto a la de otros cinco presos políticos.
Álvaro Baltodano Cantarero
Exguerrillero sandinista, es general de brigada en retiro y tiene 73 años. Fue operador político de Ortega en la oposición y ministro asesor entre 2007 y 2022. Fue detenido el 14 de mayo de 2025 en Matagalpa, y sentenciado a 20 años de cárcel por supuesta “traición a la patria”, con orden de confiscar todos sus bienes.
Álvaro Baltodano Monroy
Empresario e hijo del militar en retiro. Fue detenido el 21 de julio, cuando viajaba en la carretera Nandaime-Rivas. Al mismo tiempo, la Policía allanaba su casa en Managua. Administraba varios negocios e inversiones, entre ellas la confiscada Planta Momotombo. Fue acusado de “lavar” dinero.
Larry Martínez Romero
Tiene 31 años. Es albañil, participó en las protestas de 2018 y ya había sido preso político. Es originario de Masaya y fue detenido el 13 de agosto de 2025. (Sin foto disponible)
Carlos Brenes Sánchez
Tiene 70 años. Es exguerrillero del Frente Sandinista. Es coronel del Ejército en retiro, fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados, y ya había sido preso político entre 2018 y 2019, encerrado en una celda de castigo.
Salvadora Martínez Aburto
Tiene 68 años. Fue detenida arbitrariamente junto a su esposo Carlos Brenes el 14 de agosto de 2025. En 2018 denunció el arresto de su marido, y alzó la voz por su libertad.
Los 10 presos políticos previos a 2018
De los más de 80 nicaragüenses que permanecen en prisión por motivos políticos, 10 de ellos fueron encarcelados previo a 2018.
Marvin Vargas Herrera. Tiene 54 años y es un exmilitante sandinista arrestado el 8 de mayo de 2011, y reconocido como el preso político vivo más antiguo del régimen orteguista. Tras varias órdenes de libertad incumplidas, en 2017 fue acusado en un nuevo proceso, resultando una nueva condena de doce años de prisión.
Los otros nueve fueron condenados por la “masacre del 19 de julio”, un ataque armado contra una caravana de simpatizantes del Frente Sandinista en 2014, entre ellos:
- Wilfredo José Balmaceda Castrillo
- Walter José Balmaceda Ruiz
- Zacarías Isabel Cano Angulo
- José Ricardo Cortez Dávila
- Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo
- Rosendo Antonio Huerta González
- Jairo Alberto Obando Delgadillo
- Leonel Antonio Poveda Palacios
- José Olivar Meza Raúdez, quien ya habría cumplido su condena el 27 de julio de 2024
Según el Mecanismo, la lista de personas presas políticas debe entenderse “como un mínimo verificable, dentro de un universo probablemente mayor y aún no plenamente documentado”.
