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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el encarcelamiento de un grupo de guardabosques indígenas mayagnas presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que permanecen en la cárcel “La Modelo”.
“Condenamos el encarcelamiento por parte de la dictadura de Murillo-Ortega (sic) de guardabosques nicaragüenses por denunciar la venta y el arrendamiento ilegal de tierras”, denunció la oficina adscrita al Departamento de Estado a través de su cuenta en X.
Los guardabosques son criminalizados por el régimen Ortega-Murillo por informar sobre la venta y el arrendamiento ilegal de tierras pertenecientes al territorio indígena Mayangna Sauni As.
Entre los guardabosques detenidos, identificados en la lista de personas presas políticas figuran:
- Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, arrestados el 28 de agosto de 2021
- Dionisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno Arcángel, presos políticos desde el 3 de diciembre de 2021.
También otros cuatro guardabosques, todos arrestados arbitrariamente el 13 de agosto de 2023:
- Tony Alberto Bruno Smith, de 30 años
- Rodrigo Bruno Árcangel, de 54 años
- Oliver Bruno Palacios
- Evertz Antonio Bruno Palacios, de 21 años
Gobierno estadounidense responsabiliza al régimen
Estados Unidos —según el mensaje—, “exigirá responsabilidades por los abusos cometidos por los dictadores hasta que se haga justicia”.
Según esa oficina, el único delito de los guardabosques nicaragüenses comunitarios “ha sido informar con valentía sobre la corrupción del régimen” de Nicaragua.
Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando el Ministerio Público de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas —identificadas como guardabosques comunitarios— de invadir territorios indígenas y atacar a pobladores del Caribe norte. Diez de los 34 fueron condenados.
Los guardabosques estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de “colonos” en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la Fundación del Río, que tras ser ilegalizada por las autoridades de Nicaragua, tiene ahora su sede en San José, Costa Rica.
La organización ambiental sostiene que el régimen fabricó los casos para silenciar a quienes denunciaban la invasión de colonos y el tráfico ilegal de tierras.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río y actualmente exiliado, afirmó entonces a CONFIDENCIAL que las detenciones “demuestra una clara manipulación del proceso judicial y la criminalización por parte del régimen de Daniel Ortega a los defensores de la tierra”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.
En Nicaragua, miskitos y mayangnas sufren el avance de los colonos, grupos violentos que cuentan con la complicidad del régimen sandinista. “La continuidad y frecuencia de ataques armados perpetrados por grupos de colonos y del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia del Estado”, refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua.
Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.
Los indígenas presos políticos en Nicaragua sufren una constante discriminación en las cárceles “La Modelo” y “La Esperanza” —ambas en Tipitapa, Managua—, cuyas autoridades y custodios los llaman “brujos” y tachan de “hechizos” sus bebidas y medicinas naturales, además les prohíben hablar sus lenguas originarias, reveló un estudio publicado en agosto de 2025.
Con información de EFE
