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Durante años, el Gobierno de Nicaragua ha presentado una narrativa de estabilidad macroeconómica y crecimiento moderado. Sin embargo, esta fachada esconde una estructura económica profundamente desigual, cuya supervivencia depende de un frágil ecosistema de dependencias externas y concesiones internas. El modelo económico nicaragüense no es un proyecto de crecimiento con equidad; es un frágil armazón construido sobre tres pilares tambaleantes: la inversión estatal clientelar, los enclaves exportadores de bajo valor agregado y el flujo de remesas de una diáspora forzada y del exilio. La eventual suspensión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) no es solo una amenaza externa al régimen de los Ortega Murillo; es el espejo que refleja las grietas estructurales de un sistema al borde del colapso y la consecuencia lógica de la deriva autoritaria de un régimen que ha institucionalizado la violación de derechos humanos, e ignora el clamor de los nicaragüenses que demandan justicia y libertad.
El primer pilar, la inversión pública en infraestructura, ha sido vendido como sinónimo de buen gobierno, justo y solidario. Carreteras, puentes, pasos a desnivel, y edificios gubernamentales se erigen como monumentos a un supuesto desarrollo. Pero esta estrategia es, en esencia, un mecanismo de control fiscal y político. La concentración de recursos en megaproyectos, a menudo opacos en su financiamiento y adjudicación, o fallidos, ha creado una economía dependiente del gasto estatal, sofocando cualquier atisbo de diversificación productiva. El Estado no actúa como un facilitador de un mercado dinámico, sino como su principal actor y beneficiario, ahogando con su sombra a las pequeñas y medianas empresas del país. Tras la crisis de 2018, este control se ha intensificado, eliminando cualquier política de estímulo genuino al sector privado independiente. El resultado es una economía sin resiliencia, donde la “estabilidad” es un espejismo mantenido artificialmente, y donde el “clima de negocios” es un concepto que solo aplica a la élite formada por grupos económicos que se benefician de su cercanía y vínculos con el orteguismo.
El segundo pilar descansa en sectores exportadores que son reliquias de un subdesarrollo crónico. La industria textil, la agroindustria y la minería operan como enclaves modernos, islas de privilegio legal y fiscal desconectadas del tejido económico nacional. Con un alto porcentaje de las exportaciones concentradas en las zonas francas textiles, Nicaragua se ha convertido en una maquiladora gigante, especializada en la exportación de pobreza con valor agregado cercano a cero. Estos sectores, protegidos por exenciones tributarias y basados en mano de obra barata y precarizada, no generan los encadenamientos productivos necesarios para impulsar un desarrollo con equidad. Son economías de extracción y despojo, no de transformación. Su riqueza no se filtra; se evapora en dividendos para capitales extranjeros y en réditos políticos para una élite local.
El tercer pilar es el más perverso en su ironía: la economía informal y las remesas. Con un 70% de la economía operando en la sombra, Nicaragua es un país donde la norma es la ausencia de derechos laborales y protección social. Este vasto universo informal no se sostiene por su propia vitalidad, sino por el flujo de divisas que envían los más de 800 000 nicaragüenses que han huido del país en los últimos siete años. De forma perversa, las remesas son el salvavidas que mantiene a flote el consumo interno, generando a su vez los impuestos al consumo que financian al mismo Estado que provocó la huida masiva. Es un ciclo macabro: la represión y la falta de oportunidades expulsan a la población; su trabajo en el exterior sostiene el consumo interno; y este consumo provee de recursos a un régimen que no tiene incentivos para cambiar un modelo que le es funcional a los fines de continuidad dinástica. La dependencia de las remesas convierte a la economía nicaragüense en un rehén de las políticas migratorias de otros países y de la suerte de sus ciudadanos en el exterior.
Esta tríada de dependencias ha creado una crisis laboral sin precedentes. Más de un millón de personas están fuera del mercado formal. Casi la mitad de la fuerza laboral se hunde en un sector agropecuario de subsistencia o en un comercio informal donde la precariedad es la norma. El modelo es intrínsecamente excluyente: es incapaz de absorber a su propia población en empleos dignos y sostenibles. No es una falla del sistema; es su característica definitoria. Se beneficia de una masa de trabajadores desesperados, sin alternativas, que aceptan cualquier condición con tal de sobrevivir.
El análisis no estaría completo sin mirar hacia la Costa Caribe, donde las contradicciones del modelo se agudizan. La Costa Caribe es fundamental para la economía del país. Las regiones contribuyen entre el 12-15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país (UNDP 2005). Ambas regiones representan el 47 por ciento del área terrestre total de Nicaragua y una parte importante de área cultivable de productos agrícolas, producción agropecuaria y extracción de minerales, oro en particular. La posible suspensión del DR-CAFTA podría, paradójicamente, frenar temporalmente el mercado ilegal de tierras en territorios colectivos indígenas y afrodescendientes, un proceso instigado por la expansión ganadera para la exportación. Sin embargo, también amenazaría la producción de alimentos básicos, profundizando la inseguridad alimentaria. El riesgo real es un giro aún más pronunciado hacia la minería de oro, un sector extractivo por excelencia que devasta el medio ambiente y no ofrece beneficios a las comunidades. El sector pesquero, aunque pequeño en su contribución al PIB del país, es vital para el consumo y el ingreso comunitario. Son las economías de subsistencia de estos pueblos, históricamente marginados, las que podrían mostrar mayor resiliencia ante el colapso del modelo formal, una triste lección sobre la fortaleza de lo comunitario frente a la fragilidad de la economía que excluye y despoja.
Ante este panorama, la posible suspensión del DR-CAFTA por parte de Estados Unidos, motivada por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la destrucción del estado de derecho, no es el problema de fondo. Es la consecuencia inevitable. La dependencia rentista de Nicaragua con su principal socio comercial—dos tercios de sus exportaciones van a EE. UU.—es la prueba del fracaso en construir una economía robusta internamente y diversificada; una economía que respete los derechos humanos, laborales y el estado de derecho. Una suspensión podría contraer el PIB en un 3%, según estimaciones del FMI, pero ese número es solo la punta del iceberg. Revelaría la absoluta vulnerabilidad de un sistema que apostó todo a un acuerdo comercial sin construir las bases internas para aprovecharlo de manera sostenible e inclusiva. China es el segundo socio comercial de Nicaragua, y las exportaciones hacia ese país se incrementaron en un 390 por ciento en 2024, comparado con 2023. A pesar de esto, Nicaragua importa más de China, lo que implica un déficit comercial creciente con ese país, algo que no es sencillo revertir a corto plazo. Además, los bienes importados de China han desplazado gradualmente a los medianos y pequeños negocios en manos de nicaragüenses.
Nicaragua se encuentra en una encrucijada histórica. Puede elegir profundizar su aislamiento, buscando mercados alternativos que, en el mejor de los casos, replicarán el modelo de enclave sin resolver las causas profundas de un crecimiento excluyente y el autoritarismo. O puede embarcarse en la única ruta viable: una transformación profunda que pase por la reintegración democrática, el respeto irrestricto a los derechos humanos y una reingeniería total de su modelo económico. Esta transformación debe orientarse hacia la diversificación productiva, la agregación de valor, el fortalecimiento del mercado interno y la justicia social.
En el corto plazo, una posible suspensión temporal de Nicaragua del DR-CAFTA podría desacelerar el modelo agroexportador que debilita las economías comunitarias y despoja a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de sus medios de vida. Una suspensión gradual y selectiva debería hacer una excepción de los productos pesqueros por su importancia social y económica para las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe. Es una oportunidad, dolorosa pero crucial, para comenzar a construir, sobre los escombros de un modelo agotado, una economía para los nicaragüenses, no para unos pocos.
