Morir fuera de Nicaragua: el largo camino para volver a casa
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Alexa Zamora recomienda usar Signal y VPN y que los medios independientes tengan protocolos de seguridad digital para evitar ataques en internet
Alexa Zamora, especialista en derechos digitales, desnacionalizada por la dictadura de Ortega y Murillo, analiza la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua. // Fotoarte: CONFIDENCIAL
La entrada en vigor de la nueva ley de Telcor, conocida como la “nueva Ley Mordaza”, ha generado preocupación y temores entre los usuarios y consumidores de internet y los creadores de contenidos, que son los principales blancos de una norma que pretende legalizar la vigilancia del Estado en Internet y el bloqueo contra los sitios web de los medios independientes.
Sin embargo, aún bajo el Estado policial que prevalece en Nicaragua y la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, “la tecnología ofrece alternativas para los usuarios y medios frente a la ley mordaza de Telcor”, afirma Alexa Zamora, experta nicaragüense en derechos digitales.
Zamora es autora del estudio “Análisis a la Ley de Telecomunicaciones Convergentes”, publicado en noviembre de 2024 por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), y recomienda a los usuarios “usar VPN y mantener las comunicaciones sensibles a través de aplicaciones seguras como Signal”. A los medios de comunicación independientes sugiere “establecer protocolos de seguridad digital para evitar ataques y vulneraciones en Internet”.
En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite el domingo 9 de noviembre de 2025 en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Zamora alertó sobre los peligros que entraña la “Ley Mordaza”, pero destacó la experiencia de Venezuela, donde a pesar del bloqueo por proveedores privados a las plataformas de internet de los medios independientes, la tecnología permite acceder a la información y derrotar la censura.
La nueva Ley de Telecomunicaciones, que entró en vigor este 6 de noviembre, ha sido criticada porque, entre otras cosas, pone en riesgo la privacidad de las comunicaciones telefónicas y las comunicaciones a través de Internet. ¿De qué manera puede Telcor, con las prerrogativas que le da esta ley, violar los derechos digitales de los usuarios en sus comunicaciones? ¿Qué tipo de servicios pueden ser monitoreados?
Esta ley por sí misma viola una gran mayoría de los derechos digitales, que no son más que la traspolación de los derechos humanos en las plataformas digitales que usamos a diario. En primera instancia está el derecho a la privacidad, porque al dar la potestad de generar procesos de monitoreo en tiempo real de la actividad en red de los usuarios, sin la autorización de éstos, y sin necesariamente estar vinculado a procesos judiciales, viola el derecho a la privacidad.
Lo otro está relacionado a mantener la neutralidad de la red. La neutralidad de la red garantiza que en las plataformas digitales no se restrinja de manera arbitraria o no se suprima la información que se vierte en la misma, atendiendo obviamente a las normas comunitarias y también teniendo como muro de contención evitar el discurso de odio. Pero con esta reforma el Estado por sí mismo puede controlar qué es lo que se publica en la red y que no. Bloqueando, por ejemplo, sitios webs que consideren que no se alineen al discurso oficial. Entonces esto restringe el tipo de información a la cual el usuario puede acceder, limitando lo que llamamos neutralidad de la red, además de la libertad de expresión y otros derechos.
Estas restricciones que está señalando la ejecutaría Telcor de manera directa o a través de los proveedores de Internet o de las compañías de telecomunicaciones. ¿Cómo funciona el mecanismo?
Esta es una de las cosas más peligrosas de esta Ley. Tenemos información que el Estado tiene este mecanismo y redes de monitoreo y de bloqueo de actividad en la red por diferentes tipos de mecanismos. Pero esta ley además obliga a los proveedores de servicios a brindar información y además bloquear actividades en la red a demanda del ente regulador.
¿Pueden protegerse los usuarios de Internet, de telecomunicaciones, frente a estas amenazas, cuando en Nicaragua vivimos bajo un estado policial, o están completamente en manos arriba?
Realmente, sí hay mecanismos, y hay que ser claro esto solamente una formalización de un proceso que ya se viene dando hace un poco más de un año, en el cual el régimen no solamente monitorea la actividad en línea, sino que ejecuta ataques en línea contra determinados sitios. Entonces, parte de los protocolos que (deben) tener los usuarios y también quienes realizan actividades en la red y que tienen medios de comunicación, es el establecimiento de protocolo de comunicaciones seguras.
Algunas cosas son de sentido común. WhatsApp sí utiliza un cifrado de extremo a extremo, lo cual quiere decir que, aunque el proveedor de servicio quisiera acceder a tus comunicaciones, no puede hacerlo directamente. Pero para prevenir cualquier tipo de vulneración que puede suceder, es importante mantener las comunicaciones sensibles a través de aplicaciones seguras como Signal, que además de estar cifrada de extremo a extremo, tienen sus servidores alojados en países seguros y que además de esto dan la opción de no recopilar los datos de los usuarios.
También se recomienda no tomar screenshots. Los protocolos básicos de seguridad que hay que tener para evitar que cualquier información que no queramos caiga en las manos equivocadas.
Por último, a quienes ofertan espacios en línea o que son medios de comunicación se les recomienda, el establecimiento de protocolos de seguridad digital para evitar ataques y vulneraciones. La no recolección de datos de los usuarios que puedan ser de carácter sensible, la utilización también de servidores seguros en terceros países, que brinden los estándares de seguridad que se necesitan para mantener a los usuarios lo más a salvo posible.
La otra medida que ha generado preocupación es la pretensión de esta ley de regular a través de Telcor los contenidos de los medios de comunicación o de cualquier otro generador de contenidos. ¿Qué mecanismos le otorga la ley a Telcor para controlar y censurar medios más allá de lo que ya existe en el país?
Esta ley es especialmente peligrosa, primero por la ambigüedad de su aplicación en términos de establecer los mecanismos. No existe todavía un reglamento a la ley, que es el que establece los procedimientos, lo cual da paso a que se puedan llevar a cabo arbitrariedades que pueden venir de la mano con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, que tiene como objetivo censurar y criminalizar la actividad en línea, además de que ya existe una unidad específica en la Policía y que trabajan de la mano con tecnología rusa y china para monitorear la actividad en la red.
Es importante utilizar el sentido común. Si uno sabe que vive en un país dentro de una dictadura, use su VPN, use sus canales seguros para acceder a la información. Para el usuario promedio el uso de VPN es fundamental, incluso para evitar ataques que no están directamente vinculados a la ley, como es el robo de datos que se puede dar, porque además estamos especialmente vulnerables en Nicaragua.
El establecimiento de estas prácticas de verificación en dos pasos para que no te roben las cuentas, la navegación, de ser posible con VPN o de la forma más anónima posible, te ayudan a prevenir, digamos que pueda ser criminalizado por tu actividad en línea.
¿Pueden los medios de comunicación protegerse y proteger a sus audiencias de bloqueos de Internet, como ocurre por ejemplo en países como Venezuela, donde además de proveedores estatales hay proveedores privados que están siendo obligados a bloquear a los medios de comunicación y, sin embargo, los medios tienen mecanismos para vencer esos bloqueo?
Sí, una de las cosas increíbles de la tecnología es que frente a estas leyes siempre hay alternativas. Por ejemplo, la navegación por sitios VPN, le garantiza al usuario poder acceder. Pero si no tenés VPN y el sitio por ejemplo tiene mecanismos o utiliza plataformas que hacen difícil el bloqueo de estas redes o de estos sitios web, pues eso ya es un plus.
Y también hay que diferenciar entre bloqueos de sitios, que es probablemente lo que vayamos a estar viendo con más frecuencia después de la implementación de esto, versus los apagones de Internet. Hay proyectos que han sido desarrollados por Venezuela que es el que conozco más de cerca, que permite acceder a información, incluso durante, o posteriormente, apagones de internet.
Yo puedo hablar por la experiencia de CONFIDENCIAL y garantizar a nuestra audiencia y a nuestras fuentes que seguimos manteniendo comunicaciones seguras y que nuestro medio de comunicación, y creo que la mayoría de los medios digitales independientes, también están preparados para seguir operando a pesar del intento de hacer estos bloqueos de Internet. Pero ¿qué pasará con las redes sociales, con las personas que se comunican primordialmente a través de Facebook o que utilizan YouTube, Instagram y otras redes sociales?
Es muy poco probable que el régimen vaya a comenzar a bloquear estas plataformas de redes sociales como tal. Primero por el nivel de tráfico que tienen, aunque no es imposible, ya lo hemos visto sobre todo en Venezuela, que ha habido momentos en los que se bloquean estas plataformas. Pero estas son cosas que los VPN nos ayudan a superar. Las plataformas y los proveedores de servicios de redes sociales tienen protocolos que trascienden, a veces las restricciones nacionales, pero siempre hay mecanismos para evadir esos bloqueos.
También otra recomendación es comenzar a migrar a redes sociales descentralizadas. Nosotros usamos mucho Nostr que tiene dos plataformas, Damos y Primal, que además de funcionar como cualquier red social, como un Facebook, te permite compartir noticias en tiempo real. Son muy difíciles de bloquear y además de esto permite a medios de comunicación o activistas monetizar su actividad en la red. Pero lo más importante es que son herramientas en contra de la censura.
¿Cómo afecta esta ley a las empresas, a los proveedores de Internet que operan en Nicaragua, que no son del Estado, y a las compañías de telecomunicaciones?
El cumplimiento de este tipo de normas realmente los afecta, sobre todo porque van contra los estándares básicos de funcionamiento que ellos (deben tener). Yo no descarto que en un corto plazo veamos conflictos legales, porque en Nicaragua los principales proveedores de internet no son estatales y además hay normativas internacionales que ellos deben de cumplir para la protección de los derechos de los usuarios y esta ley se lo impide.
En julio de este año, por ejemplo, se anunció que la empresa china Zhengzhou Coal Mining una empresa minera, aparece ahora como empresa de telecomunicaciones en Nicaragua y según dos contratos con el Ministerio de Hacienda, de casi 107 millones de dólares, va a operar y a desarrollar una red 4G con equipos de la marca Huawei. ¿La nueva ley de Telcor regula la competencia, o tiene los dados cargados para empresas chinas?
Esto viene con dados cargados, incluso hubo una normativa que salió después de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, donde el Estado cedía infraestructura de comunicaciones para facilitar las operaciones de estas empresas chinas.
Más allá del tema de la libre competencia y garantizar igualdad de condiciones para todas las empresas proveedoras de servicio, un factor que preocupa especialmente en el caso de Nicaragua, es que este tipo de tecnología que viene de China ya ha sido documentado, que ya ha sido utilizado no solamente en China, sino en países aliados, para poder establecer mecanismos de control, censura, y más peligroso (aún) para perfilar a los usuarios en la red.
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.
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