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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha perdido la “capacidad de cumplir” con sus funciones principales —administrar justicia y garantizar el funcionamiento del sistema judicial— y se mantiene subordinada al poder político del régimen orteguista, alertaron juristas nicaragüenses a CONFIDENCIAL.
El Poder Judicial está reducido a “una oficina que está al servicio, principalmente, de Rosario Murillo”, sostuvo Azahálea Solís Román, desnacionalizada nicaragüense y abogada especialista en Derecho Constitucional.
Solís participó junto al abogado y activista político Juan Diego Barberena, en un panel en el programa Esta Semana, al cumplirse dos años de la expulsión de Alba Luz Ramos y el inicio de una purga masiva en la CSJ, que destruyó su estructura y la mantiene paralizada y sometida a las decisiones de la “copresidencia” que comparten Daniel Ortega y Murillo.
Barberena explicó que la paralización del sistema de justicia es resultado de la “cooptación y captura total” de la “intervención política” ejecutada por Rosario Murillo. Los funcionarios judiciales no ejercen poder alguno y el ejemplo más claro es la figura del vicepresidente Marvin Aguilar, quien tras la expulsión de la magistrada Alba Luz Ramos fue identificado como “presidente en funciones”, en el que parecía un ascenso inmediato, pero nunca fue nombrado.
“Marvin Aguilar está ahí como vicepresidente o a veces como presidente en funciones, pero no ejerce ni coordinación política ni presidencia, administrativa jurídica de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó Barberena.
“Lo que existe en la Corte Suprema de Justicia hoy día —según Barberena— es una coordinación política que la ejerce el secretario Róger Martínez por medio de los enlaces de Rosario Murillo (…) Ahí, ni Marvin Aguilar, ni Juana Méndez, ni Armando Juárez, ni el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplen ninguna función, en mi opinión, ni política ni jurídica”.
Solís señaló que en la actual estructura “ninguno de ellos tiene ningún poder, ni administrativo, ni siquiera para resolver el problema de una máquina de coser”.
Parálisis de la Corte afecta a los nicaragüenses
Ambos juristas coincidieron que el impacto por el impasse que se vive en el sistema de justicia repercute en el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses.
Según Barberena, ese impacto se refleja en la incapacidad de los tribunales para resolver las demandas de los ciudadanos.
Agregó que la parálisis afecta incluso en los casos comunes como las de un trabajador que reclama su indemnización o las de ciudadanos que buscan hacer valer sus derechos ante la ley. “No existe capacidad, entonces, de que el Tribunal resuelva esa pretensión o de que la segunda instancia o la casación, le dé la razón a ese demandante”, explicó.
Según Solís, la ciudadanía está dándose cuenta que la Corte Suprema de Justicia “tiene que ver con su vida cotidiana”, en casos de “pensión alimenticia” o “alguien que fue injustamente despedido sin indemnización”, por ejemplo.
O en otros casos —dijo Solís—, frente a la liberación masiva de presos comunes, “sin ninguna base jurídica”, no hay dónde interponer una queja ciudadana. “¿A quién te quejas? A nadie (…) Creo que hemos llegado a la concreción de lo que la Constitución “Chamuca” ha establecido, que es que no existen poderes”, señaló la jurista nicaragüense en el exilio.
No hay forma de constituir salas
Luego de más de tres décadas como magistrada del Poder Judicial, Alba Luz Ramos fue desalojada de su oficina durante un operativo policial ordenado por Rosario Murillo, el 24 de octubre de 2023, y desde entonces la CSJ se convirtió en una institución “totalmente inoperante”, como explicó CONFIDENCIAL en el especial titulado CSJ sigue paralizada a dos años de la intervención de Murillo.
Según Barberena, esa intervención redujo la capacidad de la Corte para mantener la “supremacía de la Constitución” y ejercer su función de control sobre las leyes y los actos administrativos.
“Hoy día la Corte no está ni siquiera dictando autos en las distintas salas sobre los recursos de casación que han sido interpuestos, lo cual evidencia una violación del derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía en general”, dijo Barberena.
A la caída de Alba Luz Ramos se suma la purga de otros magistrados y empleados públicos, junto con el despojo de funciones y recursos que ha reducido a la Corte Suprema de Justicia a un “órgano inoperante”.
Barberena describió una Corte sin independencia ni estructura funcional, acéfala desde la destitución de facto de su presidenta, Alba Luz Ramos. Una fuente judicial dijo que la Corte está operando bajo la influencia del secretario general administrativo y enlace político del Frente Sandinista en ese tribunal, Róger Martínez.
“El presidente de la Corte Suprema de Justicia, conforme el deber ser no existe, no existe porque además de que no ha sido nombrado, nadie está ejerciendo esa función (…) Lo que hay es una coordinación política en la Corte Suprema de Justicia, que cumple las directrices e implementa las órdenes de Rosario Murillo”, enfatizó Barberena.
Para Solís, lo que ocurre con Alba Luz Ramos, “que está en su casa desaparecida”, es la metáfora que resume el actual estado del Poder Judicial en el país.
Rosario Murillo impone funcionarios “leales”
Barberena añadió que la parálisis que vive el máximo tribunal de justicia responde a una decisión política. “Rosario Murillo necesita mantener este órgano sin ningún tipo de función jurisdiccional, porque es una forma de garantizar en el plano político la sucesión dinástica que ya está garantizada en el plano jurídico”.
El desmantelamiento del sistema judicial, afirmó Barberena, incluye la sustitución de jueces y magistrados por figuras más sumisas.
En una nueva reestructuración de funcionarios, dirigida por Fidel Moreno, en julio de 2024 se nombraron 60 jueces sin carrera judicial.
“Las fichas responden totalmente al grupo en el poder, a la dictadura de Ortega Murillo, en todos los órganos jurisdiccionales, en la Corte, en lo que hay de la Corte Suprema de Justicia (…) Ahí van a estar hasta que Rosario Murillo decida que van a estar ahí”, dijo Barberena.
Mientras tanto, la purga de empleados públicos en el Órgano Judicial no ha cesado y a finales de octubre de 2025 se reanudó en todos los niveles y a nivel nacional, incluyendo a jueces, secretarios judiciales, trabajadores del área administrativa, conductores y guardas de seguridad
Esa dinámica, puntualizó Solís, “responde a la lógica de la lealtad, de la confianza que debe tener Rosario Murillo en quienes estén ahí”.
*La entrevista completa con Azahálea Solís y Juan Diego Barberena se transmitirá el domingo 2 de noviembre de 2025, en el programa Esta Semana, a las 8:00 P. M. en el canal de YouTube de Confidencial.
