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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue utilizando una estrategia coordinada de “desinformación y estigmatización” contra personas defensoras de derechos humanos, mediante el uso de ‘turbas digitales’ o ‘granjas de troles’ que acosan, amenazan y desacreditan a las personas en Nicaragua.
Así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, publicado en octubre de 2025.
Esta vez, la CIDH reconoce la existencia de un “patrón coordinado” que sirve para “desacreditar sus actividades de defensa” y estigmatizar a los defensores.
“La estigmatización también puede estar vinculada con el inicio de procesos penales a través de la emisión de discursos que las acusan de la comisión de un delito sin que necesariamente hayan sido judicialmente comprobados”, señala el informe.
Este modelo expone que las “granjas de troles” actúan como un brazo propagandístico y de intimidación.
En 2023, una investigación de CONFIDENCIAL alertó sobre el resurgimiento de las “granjas de troles sandinistas” eliminadas por Facebook y Twitter en 2021. En aquel año en total fueron 1414 cuentas las eliminadas que incluían: 896 cuentas personales, 132 páginas y 24 grupos de Facebook y 362 usuarios de Instagram.
El informe anual 2024 sobre Nicaragua de la CIDH destacó investigaciones realizadas por medios independientes y organizaciones civiles que mencionan la existencia de “turbas digitales” o “granjas de troles” que usan TikTok, Instagram, Facebook, Telegram y X para atacar.
Las instituciones desde donde operan son:
- Correos de Nicaragua.
- Alcaldía de Managua.
- Instituto de la Juventud (Injuve).
- Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un marco legal creado en Nicaragua
Sin embargo, el informe indica que la población opta por no difundir información o expresar sus ideas y opiniones en redes sociales por temor a ser criminalizado por el régimen que controla el sistema de justicia.
El documento destaca el uso de marcos legales restrictivos que buscan criminalizar la expresión crítica en el entorno digital.
En Nicaragua, el régimen usa la Ley 1042 mejor conocida como “Ley Especial de Ciberdelitos” como un instrumento de persecución judicial, describe la CIDH. El régimen también utiliza la Ley 1055 sobre defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que incluye el delito de “traición a la patria”,
La primera que tipifica el delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías”, castiga a quienes difunden información o denuncias incómodas para el régimen y la segunda se usa para criminalizar a las personas defensoras por medio de la figura de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
En su informe, la CIDH recuerda que estas leyes han servido para justificar detenciones arbitrarias y procesos penales contra defensoras y defensores.
En septiembre de 2021, el organismo expresó su preocupación por la acusación contra la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo y el líder campesino Pedro Mena, procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Ambos fueron desterrados.
CIDH registra agresiones digitales
El impacto de este patrón coordinado de estigmatización se agrava en el caso de las mujeres defensoras.
Entre 2020 y el 31 de octubre de 2024, se registraron más de 7400 agresiones digitales en la región mesoamericana —que incluye a Nicaragua, El Salvador, Honduras y México—, muchas de ellas dirigidas específicamente contra mujeres.
Las “agresiones virtuales” más frecuentes, según el informe de la CIDH son:
- Hostigamientos.
- Amenazas.
- Divulgación de hechos falsos.
- Campañas de desprestigio.
- Cuestionamientos o puestas en duda del liderazgo, moral, ética o profesionalidad de las defensoras o sus organizaciones.
“Se trata de agresiones violentas, coordinadas, de marcado carácter sexual y malintencionadas que infligen un daño psicológico sumamente real, sepultan carreras profesionales de mujeres y priva a la sociedad de importantes voces y perspectivas”, puntualiza el informe.
