AA
Share
La Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio —que reúne a más de 60 organizaciones dedicadas a la movilidad humana— presentó una guía para prevenir la xenofobia y los discursos de odio durante la campaña electoral de Costa Rica, que inició formalmente el 1 de octubre de 2025.
La Guía de Abordaje de la Migración en Campaña Electoral es una iniciativa presentada a la Mesa por la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), y nace como respuesta al discurso de odio contra los migrantes, especialmente nicaragüenses y venezolanas.
De los más de 2.1 millones de mensajes de odio generados en redes sociales costarricenses —según el informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025—, aproximadamente 326 000 se relacionan con xenofobia, siendo nicaragüenses y venezolanos, las principales víctimas de un discurso que las vincula con “criminalidad, aprovechamiento del sistema público y amenaza cultural”.
De acuerdo con la Guía, el documento busca orientar a los partidos políticos que participan en la contienda electoral para que aborden el tema migratorio de manera responsable, con “enfoque en derechos humanos, que garanticen un debate libre de estigmatización y desinformación”.
La adopción de esta Guía puede ser un “compromiso ético y voluntario de las candidaturas y partidos políticos para fortalecer la comunicación política”.
Las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica se realizarán el 1 de febrero de 2026 y, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), están llamados a votar más de 3.7 millones de costarricenses.
Lineamientos de la guía
Las organizaciones que participaron en la elaboración de esta guía también esperan que a lo largo de la campaña se visibilicen las necesidades de las poblaciones migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas, y se tomen en cuenta los aportes que realizan al país.
La guía está construida sobre la base de los siguientes diez ejes que sirven como recomendaciones para los actores políticos:
- Promover narrativas basadas en datos y rechazo a discursos xenófobos y discriminatorios en campañas.
- Incorporar el enfoque de derechos humanos en los planes de gobierno.
- Fomentar la articulación entre instituciones estatales, organismos internacionales, academia y sociedad civil.
- Desvincular la inseguridad con la migración.
- Evitar transferir la responsabilidad del debilitamiento de los servicios de salud por la demanda de la población extranjera.
- Defender la educación como derecho universal.
- Reconocer el aporte de la población migrante en el desarrollo económico, social y cultural del país.
- Promover un discurso integrador con enfoque de derechos humanos.
- Reconocer que las personas migrantes y refugiadas son sujetos de derechos.
- Capacitación a equipos de comunicación de partidos políticos.
La implementación de la Guía no solo contribuirá a “prevenir la propagación de discursos de odio y desinformación”, sino que también ayudará a que exista un “debate electoral basado en evidencia, respeto y responsabilidad social”, de acuerdo con el documento.
Contar con información verificada
Según la propuesta, cualquier dato sobre migración en el desarrollo de la campaña política, debe incluir la “fuente y la metodología utilizada para su obtención, evitando así el uso de estimaciones no verificadas que circulan en redes sociales”.
Lo anterior, según los creadores de la Guía, eleva la “calidad del debate público” y previene la “propagación de desinformación que alimenta el rechazo social hacia las personas migrantes”.
Además, los materiales de propaganda no deben contener “mensajes que estigmaticen a grupos por su nacionalidad, etnia u origen, y que fomenten la violencia contra estas poblaciones”.
Para evitar estigmas sobre estas poblaciones recomiendan usar términos que hagan relación a “personas en contextos de movilidad humana”, “personas migrantes”, “personas solicitantes de protección”, “personas refugiadas”, “apátridas” o “personas desplazadas forzadas” para no fomentar estigmas, estereotipos o concepciones que afecten la imagen de estas poblaciones.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recomienda reemplazar términos como “personas ilegales” por “migrantes en situación irregular”, aclarando que la irregularidad se refiere al estatus migratorio y no a la condición de la persona.
Desmontando mitos con evidencia
Las organizaciones consideran necesario que los candidatos electorales eviten asociar el aumento de la criminalidad con la presencia de personas migrantes y refugiadas.
Una de las falsas narrativas más comunes es asociar la inseguridad que vive el país con la migración. Sin embargo, los datos muestran que en 2023 se registró un aumento del 64% en homicidios de personas extranjeras comparado con 2022, pasando de 61 a 139 casos, de los cuales 100 eran nicaragüenses.
Durante el primer semestre de 2025, el 15.3% de las víctimas de delitos contra la propiedad fueron personas extranjeras. La evidencia demuestra que las personas migrantes son, en muchos casos, “víctimas de delitos y no responsables de ellos”.
Asimismo, otro discurso recurrente, pero sin evidencia, responsabiliza a las personas migrantes por la saturación de servicios de salud. Sin embargo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) señaló en su declaratoria de emergencia de 2024 que, las “principales causas de saturación corresponden a problemas estructurales no vinculados a la atención de personas migrantes y refugiadas”.
“Las personas migrantes y refugiadas sólo tienen acceso a los servicios de salud cuando cumplen con los requisitos legales establecidos o en situaciones excepcionales, como es el caso de mujeres embarazadas, menores de edad y personas con VIH”, señala el documento.
Por otro lado, recordaron que el acceso a la educación está protegido en el artículo 78 de la Constitución Política, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza preescolar, general básica y diversificada, sin distinción de nacionalidad.
“Los discursos que presentan a la población migrante como causante de la saturación de centros educativos —subrayan—, desvían la atención de problemas estructurales como la falta de infraestructura y la asignación insuficiente de recursos que ha sido señalada por diferentes actores en el país”.
Datos del Ministerio de Educación Pública muestran que en 2022, las niñas, niños y adolescentes extranjeros representaron alrededor del 5% de toda la matrícula en escuelas y colegios, desmintiendo la narrativa de “saturación” de centros educativos.
Personas migrantes aportan a economía
La Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio recordó que la población migrante representa cerca del 12.5% de la fuerza laboral del país. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 2017 y 2021, los trabajadores extranjeros inscritos ante la CCSS aportaron directamente con alrededor del 6.5% del Producto Interno Bruto anual de Costa Rica, principalmente nicaragüenses.
Costa Rica ha sido históricamente un país de acogida. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2024, el 9.1% de la población que habita el país nació en el extranjero, de las cuales el 54% son mujeres. Esta realidad convierte a Costa Rica en uno de los principales receptores de población extranjera en América Latina, pero también en un escenario vulnerable a narrativas estigmatizantes durante periodos electorales.
Esta guía, elaborada sin financiamiento alguno y con aportes voluntarios de más de 60 organizaciones, representa un “compromiso ético” de los candidatos y partidos políticos.
