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En el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, la delegación de Nicaragua no se presentó en absoluto. Es la primera vez que un Estado opta por una ausencia total: no respondió al Examen Periódico Universal (EPU) ni ocupó su asiento en sala. La inasistencia confirma una estrategia de no cooperación que cancela la réplica de la sociedad civil y busca neutralizar el escrutinio internacional.
El sistema de Naciones Unidas no está exento de críticas, también desde países democráticos. Tras una semana en Ginebra —precedida por otra en Nueva York durante la Asamblea General— escuché en sesiones abiertas a la sociedad civil voces (incluida la de Estados Unidos y la de no pocos países) que cuestionaron con dureza la relevancia actual de la ONU. No me son ajenas esas críticas: he colaborado puntualmente con estructuras de Naciones Unidas en tareas de reconstrucción posconflicto por más de 25 años y conozco desde dentro sus debilidades, su pérdida de centralidad y su dispersión temática en detrimento de su mandato original. Y, sin embargo, precisamente por lo que vi y oí en estas dos semanas, puedo decirlo con claridad: para Nicaragua la ONU sigue siendo necesaria.
Empiezo por los hechos. Más de 120 personas figuran como desaparecidas en Nicaragua, y 32 de ellas permanecen sin esclarecer desde 2018. No son cifras; son familias a la intemperie, caminando el desierto de la incertidumbre. En reuniones con procedimientos especiales —el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo sobre Detención Arbitraria— quedó cristalino un patrón imposible de negar: la desaparición forzada de corto y mediano plazo se ha convertido en una técnica recurrente. La secuencia inicia con una captura policial, incomunicación por semanas o meses, traslados opacos entre centros como El Chipote, La Modelo o La Esperanza, y ausencia de verificación independiente. Es un vacío jurídico y humano que convierte la duda en castigo. Fabiola Tercero exige esclarecimiento urgente. Chester Cortés y Eveling Matus engrosan una lista que no deja de crecer. Jaime Navarrete lleva siete años en prisión; cumplida su condena, debería estar libre y, sin embargo, permanece secuestrado en un laberinto de incomunicación.
Lo inédito en Ginebra no es solo la profundidad del sufrimiento, sino la arquitectura del silencio que lo sostiene. Nicaragua se ha convertido —hasta donde alcanza la memoria institucional— en la primera delegación en la historia de la sede europea de la ONU que decide no responder a ninguno de los mecanismos del sistema universal de derechos humanos. No solo al EPU, sino también ignorando cartas privadas enviadas al régimen por el secretario general y por el alto comisionado. Como me admitió un alto funcionario cercano a la Secretaría General, lo paradójico es que incluso regímenes cerrados como Corea del Norte, Afganistán o China suelen acudir, responder técnicamente o, cuando menos, ocupar la silla. Ortega ha optado por la nada.
Este deterioro tiene historia. Desde 2019, recuerdo una reunión con la Oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet: más de 23 cartas privadas de esa Oficina al régimen quedaron sin respuesta. A ello se sumaron comunicaciones del secretario general igualmente ignoradas. La espiral se cerró en febrero de 2025, cuando el régimen anunció de facto que no colaboraría con ningún mecanismo ni participaría en el Consejo. Ese portazo no solo degrada la institucionalidad internacional: censura directamente a la sociedad civil. ¿Cómo? Al no comparecer, el régimen impide la réplica. Sin contraparte, no hay derecho de respuesta; sin respuesta, la verdad queda sola en el pasillo.
Muchos preguntan: ¿de qué sirve un sistema sin dientes? Es cierto: la ONU no muerde. Pero alumbra, registra y ordena. Alumbra: pone foco, construye agenda, da legitimidad a causas silenciadas. Registra: crea expedientes, fija memoria, resguarda pruebas; y los archivos, algún día, hablarán ante jueces. Ordena: establece estándares y lenguajes comunes que vuelven exigible lo que antes era solo reclamo moral. El sistema universal no impone, pero expone; no sanciona, pero sustenta que otros sancionen; no juzga, pero prepara la justicia. En ese “mientras tanto” caben resoluciones, comunicaciones urgentes, visitas de expertos, principios rectores para empresas, plataformas de protección para periodistas e iglesias, y coaliciones diplomáticas que, con paciencia y constancia, encarecen el costo político de la represión.
Por eso merece reconocimiento el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conducido por Jan-Michael Simon. Recuerdo que, apenas días después de mi excarcelación, volví a Ginebra y escuché la cautela de varias delegaciones: temían que un mandato robusto derivara en recomendaciones sobre sanciones o acuerdos comerciales. El tiempo demostró que fue la decisión correcta: ese mandato devolvió al Consejo algo de dientes. Sus informes no se quedaron en exhortaciones genéricas; documentaron patrones, cadenas de mando y responsabilidades y —en un paso sin precedentes para nuestro caso— atribuyeron a Daniel Ortega y a Rosario Murillo responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. El método del Grupo, sin ser una Fiscalía, ha trabajado con un estándar cuasi forense, próximo a umbrales probatorios de la justicia penal internacional. Acerca a las víctimas a la verdad y a la justicia: fija memoria, ordena evidencia y prepara el terreno para que, cuando sea posible, un tribunal especial conozca estos hechos.
Desde esa premisa, no tenemos hoy alternativa: debemos agotar —y no “votar”— todos los mecanismos del sistema. Cada oficio enviado, cada audiencia solicitada, cada caso presentado abre una grieta. A veces minúscula. Pero por las grietas, tarde o temprano, entra la luz.
Hay además un riesgo geopolítico que no puedo obviar. El 20 de septiembre, Daniel Ortega envió una carta a Nicolás Maduro ofreciendo respaldo político y dejando entrever otros apoyos ante un eventual colapso de su régimen. Lo he denunciado con preocupación: meter a Nicaragua en incendios ajenos es un acto gravemente irresponsable que puede poner en peligro a inocentes y comprometer la paz regional. Un país con heridas abiertas no puede ser trinchera de aventuras de autócratas.
Queda una última reflexión para quienes, desde el exilio o desde la resistencia silenciosa dentro del país, me preguntan por la justicia. Nicaragua no es Estado parte de la Corte Penal Internacional, pero existen rutas: jurisdicción universal en terceros países, cooperación con fiscalías nacionales dispuestas a actuar, mecanismos de investigación transnacional, acciones civiles y, sobre todo, resguardo riguroso de la evidencia. Agotar los procedimientos de la ONU no es un formalismo inútil: es preparar el terreno de la memoria, la verdad y la justicia en instancias internacionales. Es reducir la impunidad futura.
Regreso a la imagen de la silla vacía del régimen ante el EPU. Habrá quienes la lean como gesto de fuerza que “ningunea” a la ONU; yo la leo como confesión a cielo abierto. Allí donde debía sentarse la defensa del poder aparece el contorno del abuso. Y cada ausencia pública es un testimonio involuntario. Persistimos porque Nicaragua necesita ese archivo, esa lámpara y ese lenguaje común. Mientras haya silencio, haremos memoria; mientras haya impunidad, prepararemos justicia; y mientras falten dientes, seguiremos usando la ONU como brújula y como luz: para que, incluso en la noche más larga, la verdad encuentre por dónde amanecer.
