AA
Share
A la espera de ser extraditado a Nicaragua se encuentra Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense residente en Costa Rica detenido en ese país el 27 de febrero de 2025, después de haber sido circulado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Movimiento Campesino y otras organizaciones opositoras al régimen de Ortega y Murillo han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que brinde medidas cautelares a Fernández, porque consideran que la alerta internacional hecha por la Policía de Nicaragua es parte de la persecución transnacional del régimen.
Fernández permanece detenido en el Centro de Atención Institucional (CAI), en San José, Costa Rica. Según las organizaciones sociales, su arresto “se produjo mediante engaños” y actualmente “enfrenta una grave amenaza de daño irreparable” si la extradición se ejecuta.
“De ser enviado a Nicaragua correría riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte”, señaló el Movimiento Campesino en un pronunciamiento.
Circulado por el asesinato de dos personas en Río San
Fernández es uno de los acusados por la Policía como presuntos integrantes de una supuesta agrupación delincuencial que asesinó a la oficial de policía Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas, durante un asalto ocurrido el 1 de octubre de 2022, en la comunidad Buena Vista del municipio de El Castillo, Río San Juan.
Según la versión oficial, los miembros de la supuesta banda delincuencial interceptaron una camioneta de la empresa Agro Industrial del Río con el objetivo de asaltarla, ya que transportaba cerca de medio millón de córdobas para el pago de trabajadores de la zona, pero estaba bajo resguardo policial. Situación que desató un tiroteo entre policías y asaltantes.
En el intercambio de disparos murieron la oficial de la Policía y el trabajador de la empresa. Además, resultaron con heridas de gravedad el oficial Róger Bernhard Tenorio Castro y otros tres trabajadores de la empresa.
La Policía también acusa por este crimen a: Ramón Antonio Argeñal Mendoza, condenado a 103 años de prisión en julio de 2023; Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado a Nicaragua en febrero de 2024; Reynaldo Picado Miranda, quien permaneció 32 meses detenido en Costa Rica, hasta que obtuvo la condición de refugiado en mayo de 2025, René Navarrete Rivera y Serapio Ramírez Fernández, quienes permanecen prófugos.
La Fiscalía de Nicaragua acusó ante las autoridades judiciales a todos los presuntos integrantes de la banda por los delitos de crimen organizado y secuestro simple en perjuicio de 19 personas, entre otros cargos.
Los sospechosos de haber cometido el crimen fueron circulados por la Policía de Nicaragua a través de las notas rojas de la Interpol, un mecanismo que el régimen de Ortega y Murillo ha utilizado para perseguir a los nicaragüenses en el exilio.
De acuerdo con el Movimiento Campesino, este caso forma parte de una “escalada de represión transnacional” desarrollada por el régimen de Ortega y Murillo.
Alertas de Interpol usadas para perseguir exiliados
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) señaló en su su informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, que el régimen nicaragüense ha reportado de manera falsa a personas opositoras, acusándolas de delitos comunes.
El Grupo de Expertos documentó varios casos de nicaragüenses exiliados que fueron detenidos en Costa Rica en ejecución de notificaciones rojas de la Interpol emitidas en su contra.
“En un caso, la persona fue extraditada a Nicaragua tras negársele el estatus de refugiado. Poco después, la propaganda oficial lo mostraron con manos y pies encadenados. En otro caso, se aprobó el estatus de refugiado y la persona fue liberada. En otro, la persona permanece detenida mientras se resuelve la solicitud de extradición”, subrayó el GHREN.
Anteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtió en el Informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023, que hubo informes creíbles de que el régimen orteguista hizo “un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticamente motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba”.
