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El Departamento de Estado estadounidense concluyó que la situación de derechos humanos en Nicaragua “empeoró” durante 2024. Tal afirmación contradice el argumento de que hubo “mejoras notables” en las condiciones del país, que el Gobierno de Donald Trump esgrimió para justificar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses en ese país.
El Departamento de Estado en su informe, publicado el martes 12 de agosto de 2025, sostiene que, en 2024, se intensificaron los ataques contra las libertades civiles y la libertad religiosa en Nicaragua. Además, documenta violaciones sistemáticas que incluyen “asesinatos extrajudiciales”, “desapariciones forzadas”, “torturas en prisiones” y una “represión sin precedentes” contra la Iglesia católica.
A inicios de julio de 2025, la Administración de Trump ordenó eliminar el TPS para casi 3000 nicaragüenses y unos 72 000 hondureños, bajo la premisa de que en Nicaragua y Honduras existen las condiciones que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”.
Por ejemplo, consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, mientras que “nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos”.
El informe de Estados Unidos, publicado con varios meses de retraso, señala que la situación de los derechos humanos en Haití y Venezuela es “significativamente peor” que en 2023. En estos países, así como en Honduras, Nepal, Nicaragua y Afganistán, se denuncian de manera creíble numerosos abusos de los derechos humanos.
En un comunicado, la organización Human Rights Watch (HRW) resaltó que, pese a que el Gobierno de Trump reconoce que estos lugares son “peligrosos”, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para afganos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, nepaleses y haitianos.
Violaciones de derechos humanos en Nicaragua
Con base en el informe del Departamento de Estado, CONFIDENCIAL enlista las principales violaciones a derechos humanos en Nicaragua:
1. Represión transnacional innovadora
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expandió su represión más allá de las fronteras, utilizando parapolicías y simpatizantes del FSLN para hostigar exiliados en Costa Rica. Familiares de opositores en el exilio son vigilados, detenidos y condenados injustamente.
2. Asesinatos extrajudiciales y violencia política
La dictadura nicaragüense intensificó los asesinatos arbitrarios contra opositores políticos. Consideran “particularmente preocupante” la campaña sistemática de terror contra comunidades indígenas en la Región Autónoma del Caribe Norte, donde colonos armados atacaron civiles desarmados en territorio Mayangna Sauni As, incendiando viviendas y disparando contra pobladores indefensos.
3. Uso de herramientas internacionales para persecución
El régimen utilizó avisos rojos de Interpol con motivaciones políticas contra opositores, incluyendo clérigos en el exilio. El caso del líder opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado desde Costa Rica en febrero, marca un precedente peligroso, según el informe.
4. Control de movilidad y servicios consulares
Las autoridades migratorias analizan manifiestos de vuelos y listas de ocupantes de autobuses internacionales para impedir el regreso de ciudadanos al país. Simultáneamente, niegan servicios consulares y pasaportes a opositores políticos y sus familiares, manteniéndolos en un limbo legal internacional.
5. Represión religiosa sin precedentes
El informe documenta una “intensificación sin precedentes” en la persecución religiosa. Autoridades detuvieron y exiliaron a sacerdotes católicos sin cargos formales, prohibieron expresiones católicas públicas, y arrestaron a feligreses por participar en actividades de Semana Santa o simplemente por gritar “Viva la Iglesia católica” durante la misa.
6. Desapariciones forzadas sistemáticas
Las fuerzas de seguridad mantuvieron a prisioneros políticos incomunicados hasta por tres meses, trasladándolos secretamente entre prisiones y centros médicos sin informar a familiares o abogados. El caso de Carlos Bojorge, detenido en enero de 2024 y localizado por su familia hasta junio, ejemplifica esta práctica cruel.
7. Tortura y tratos degradantes en prisiones
Más de 150 prisioneros en la cárcel “La Modelo” sufrieron torturas sistemáticas: alimentación con comida podrida, interrogatorios continuos, privación de luz solar, confinamiento solitario prolongado, y negación de materiales religiosos.
Human Rights Watch critica informe de EE. UU.
Human Rights Watch advirtió que la omisión que hizo el Departamento de Estado de ciertas secciones en su informe “y la manipulación” de abusos en ciertos países “degradan y politizan el informe”.
El informe omitió varias categorías de violaciones que eran habituales en ediciones anteriores, incluidas las de las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad, la corrupción en el gobierno y la libertad de reunión pacífica, señaló en un comunicado.
Igualmente, afirmó que al socavar la credibilidad del informe, la Administración de Trump pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos, debilita las protecciones para los solicitantes de asilo y socava la lucha global contra el autoritarismo.
El Gobierno estadounidense eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras intensificó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países considerados “rivales” de la Administración Trump.
HRW sostuvo que la Administración Trump ha convertido gran parte del informe “en un arma que hace que los autócratas parezcan más aceptables y minimiza los abusos de derechos humanos que ocurren en esos lugares”.
