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La corrupción es una descomposición o degeneración de aquello que es respetado, comúnmente aceptado; y típicamente se manifiesta como el abuso de la autoridad y las normas (moral, social, política y económica) que se ejercen en una sociedad.
La dictadura de Nicaragua exhibe los sesgos de las 3C de corrupción, política, económica, y moral, en las que la transgresión de los valores democráticos queda completamente pisoteada. Más bien para ellos, la corrupción política, económica y moral son la base, o la cimentación de este régimen dictatorial.
Un organigrama de corrupción política
La principal transgresión de los Ortega-Murillo ha sido inventar un andamiaje de sucesión presidencial dinástica haciendo uso del marco legal. El resultado es la imposición de leyes que van contra el bien común y el cambio de la Constitución que resulta en la criminalización de la democracia.
Aparte de eso, el liderazgo se encarga de facilitar la ruta hacia el poder a través del intercambio transaccional de lealtad por puestos de autoridad o mando. Nicaragua se ha convertido en un país en el que el ejercicio de la gobernanza está supeditado al mandato discrecional de Rosario Murillo a través de sus ejecutores directos, sin ningún empeño en seguir los pasos y procesos del ordenamiento institucional.
Todo el proceso de toma de decisiones burocráticas y administrativas pasa por la aprobación de Rosario Murillo. Los operadores, además de encargarse de dar las órdenes, asumen el rol de mandamases entre su red de operación, quitando y poniendo gente, o simplemente recordando a los empleados que “ellos” tienen una línea directa con la copresidenta para que sigan sus órdenes y se porten bien o de otra forman los reportan.
Institucionalmente, no hay pesos y contrapesos, lo que hay es monopolio del poder político que ordena y manda. Tampoco hay un Estado de derecho en el que los ciudadanos puedan recurrir o ampararse al imperio de la ley. La ley está subordinada a la interpretación de lo que dicte Rosario Murillo. Las entidades del Estado no tienen autonomía, sino que operan con base en el empleado de turno que puso la “compañera”.
La captura de Estado como forma de cleptocracia
Según el Fondo Monetario Internacional, la captura de Estado es el procedimiento por excelencia de corrupción económica para llevar a cabo la cleptocracia en pro de la familia y de construir una nueva élite económica.
La familia en el poder autoriza al Legislativo a solicitar préstamos a organismos como el BCIE en actividades de obras públicas (70% del endeudamiento se va en obras públicas y construcción) —así es, desde el famoso pacto con el sector privado, quien escribe las leyes no es el Legislativo, sino que es el Ejecutivo quien las entrega (no devuelve) a los diputados sandinistas para que formalicen su preaprobación.
Anualmente, la inversión pública consiste en un poco más de mil millones de dólares, de los que al menos dos tercios están apoyados en préstamos externos.
El dinero desembolsado al Estado se usa para realizar contratos de servicios en construcción de carreteras, edificios y otra infraestructura, los cuales licitan a favor de empresas amigas. Un poco más se usa para otro tipo de inversión, como en vivienda. No hay inversión en tecnología, innovación, desarrollo empresarial. Nada de eso.
Dos tercios de la inversión pública proviene de endeudamiento y se dedica a esas contrataciones. Las instancias de abuso cleptocrático abundan.
Un caso ilustrativo es el programa de vivienda de propósito social que cuenta con más de 80 millones de dólares anuales para otorgar préstamos y subsidios (de alrededor del 10% del valor de la hipoteca), a cargo del INVUR y convoca directamente su red de empresas de construcción para participar en ferias y recibir contratos. El general Óscar Mojica, ministro del MTI, es el intermediador y Gabriela Palacios, directora de INVUR es la operadora. Hay otros casos similares en Aduanas, con desembarque de mercadería china a socios de Laureano Ortega, o contratos de arrendamiento de plantas en la zona franca. Estos son ejemplos pequeños, de beneficios millonarios menores a diez millones de dólares anuales, pero que multiplicado por cien, van montando una élite económica que se ha enriquecido a base de préstamos y favores de la dictadura, a cambio de reconformar un nuevo “gran capital”.
La degradación moral del “liderazgo”
La corrupción que los nicaragüenses respiran más habitualmente es la consciente o intencional inmoralidad del régimen. La dictadura se apoya en el uso del irrespeto a la dignidad humana como norma social. Los líderes y operadores de éstos funcionan bajo una soberbia moral de considerarse encima de todos.
Esto se manifiesta de muchas maneras, incluido el desdén hacia la fe religiosa, el machismo empedernido y abusivo, y el maltrato generalizado contra el público ordinario.
Los Ortega-Murillo y sus seguidores muestran irrespeto por las tradiciones y la fe religiosa, empezando por Rosario Murillo que plagia pasajes bíblicos para representar sus propios discursos. Murillo le dio licencia de atacar a cualquier persona que bajo sus creencias religiosas considere que esté atentando contra el poder dinástico si ellos no subordinan su fe religiosa con la práctica del régimen. Dios guarde que uno diga que lo que hace Rosario Murillo va contra la fe cristiana. Peor aún decir que el cura de tu parroquia lo dijo en un sermón. Al padre y a vos te meten preso.
La prepotencia machista dentro del círculo de poder es otra de las transgresiones morales más visibles. Sus jefes, desde lo más alto de las cumbres del poder salen de juerga, tragos y algo más, aprovechándose con su status político de la pobreza de las personas. Otro se va con su amigo del gimnasio a realizar sesiones privadas. Esto se da hasta en funcionarios intermedios de las alcaldías, y otros entes públicos, que organizan encuentros íntimos con hombres y/o mujeres, a los que se les trata como mercancía.
Cuando la oferta laboral no permite trabajo estable y bien remunerado, los nuevos ricos del murillismo se presentan como gente influyente, con las que hay que estar agradecido. Basta ver cómo esta “nueva burguesía” transformó el color del Club Terraza.
La historia de los abusos de Silvio Conrado, protegido de Daniel Ortega, no son ningún cuento chino, pero tampoco son la excepción a la regla.
El país sufre de una degradación en formas semejantes al siglo XIX, e incluso al estilo del derecho a pernada que reclamaba el generalísimo Trujillo en República Dominicana. Al interior de la dictadura, muchos conocen los abusos del dictador que se han mantenido en la impunidad por varias décadas.
Todos los que dicen estar conectados con la compañera Rosario actúan con soberbia, prepotencia contra la gente de la calle, estés donde estés. “No me hablés así, porque yo soy amigo del director del INSS”; “No papito, así no es la cosa, aquí mando yo, vos no tenés voz ni voto, mejor callate”; “Mirá, te voy a dejar entrar esta vez, pero cuidadito te agarro viéndote con alguien que no sea del gusto de la compañera Rosario”.
Mientras Rosario Murillo ejecuta sus purgas y persecuciones al interior del círculo de poder, los “afectados” vomitan su frustración sobre la gente, le gritan a la chica que se llevaron, al “novio” del momento, a la vendedora del mostrador.
La gente mira y se indigna de estas aberraciones inmorales, se las navega buscando cómo no toparse con esos tipos. Pero no soportan ni secundan la prepotencia inmoral de los dictadores y seguidores.
Murillo y la corrupción
La pretensión de Rosario Murillo de presentarse como campeona de lucha anticorrupción; su método para justificar oficialmente las purgas y confiscaciones se asemeja a la versión dinástica del Ministerio afgano de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, una fachada que justifica la violencia económica y física; para legalizar el ejercicio de la corrupción. Pero todo tiene sus límites.
Los excesos siempre le pasan la cuenta al cuerpo humano y a las instituciones sociales y políticas. El exceso de corrupción en Nicaragua no es sui generis, y como en la Roma imperial cuando los bacanales y las transgresiones políticas sobre extendían los límites de acción de sus perpetradores, las debilidades se van acumulando y se tambalean como resultado de estos abusos.
Si bien para unos es tautológico decir que la dictadura va a terminar cayéndose del poder, lo que no se sabe, es cuándo y cómo.
Pero al ir midiendo el porvenir de una contracción económica en 2026 (que debilita la captura de Estado), la reducción del número de socios dentro del círculo de poder (acompañado del miedo y resentimiento de éstos), el aislamiento internacional, la resistencia silenciosa que incluye una “contabilidad” que el pueblo lleva de todos los agravios de la dictadura, y la corrupción sistémica en el régimen, se pueden identificar señales de un desgaste en ascendencia que calibran la resistencia popular.
De esto último se ve que el desborde de la corrupción pública ya está sepultando a Ortega y Murillo: el comandante en jefe de la corrupción, que enriquece a la familia gobernante y financia a la dictadura, y su heredera dinástica desesperada en purgar a políticos, empresarios, y militares del sandinismo que le hacen sombra, corren contra reloj sin poder frenar la “corrupción no autorizada” que ahora compite con su corrupción oficial.
