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“Hay 386 000 nicaragüenses solicitantes de refugio. Nos preocupan los refugiados”, afirma Andrés Celis, representante de la agencia de la ONU en Costa
Andrés Celis Neira, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Costa Rica. //Foto: Elmer Rivas
El 12 de junio de 2025, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El régimen acusó a la agencia de la ONU de ser “un instrumento de manipulación y de injerencia en los asuntos internos de los Estados”, el mismo día en que Acnur reveló que el número de nicaragüenses solicitantes de protección internacional se quintuplicó, al pasar de 70 786 a 386 221, entre 2020 y 2024.
En entrevista con el programa Esta Semana y CONFIDENCIAL, el Representante de Acnur Costa Rica, Andrés Celis Neira, reacciona a esas acusaciones: “El Acnur es apolítico, es una agencia de protección. No está mirando quién gobierna o no. Lo que nos importa son las personas. Los datos (de los informes) provienen de las autoridades encargadas del refugio en cada país. No son datos del Acnur”.
Es la primera vez que un funcionario del Acnur habla del retiro de Nicaragua de esta agencia de la ONU, y advierte que: “El retiro afecta a los que van a acudir a ese país a tocar la puerta para pedir protección”. También aclara que las actividades que desarrollan en Costa Rica, –uno de los principales países de refugio de nicaragüenses– no se ven afectadas por la decisión del régimen nicaragüense. Aunque sus capacidades de asistencia sí se han visto mermadas por el recorte de financiamiento del gobierno de Estados Unidos a esta oficina de las Naciones Unidas, tras la llegada de la administración de Donald Trump.
Acnur es la sexta organización de la ONU, de la que el régimen de Ortega se retiró en 2025, luego de anunciar su salida del Consejo de Derechos Humanos, la FAO, OIM, OIT y UNESCO.
En esta entrevista, el representante de Acnur Costa Rica, también habla de la atención a las centenares de miles de solicitudes de refugio, y la represión transnacional que amenaza a los perseguidos políticos.
El 12 de junio de 2025, el Gobierno de Nicaragua anunció su retiro de Acnur. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión y a quiénes afecta?
El retiro de cualquier país es algo que afecta al planeta en general. El problema del retiro de un país es que termina afectando a los que van a acudir a ese país a tocar la puerta para decir: necesito su protección. Las personas en los diferentes países del planeta que tienen necesidad de ser protegidos en otros territorios van a quedar atrapados en sus propios países como una olla de presión. Y en este caso, en particular, el Acnur estará siempre dispuesto a dialogar con las autoridades de Nicaragua para encontrar la forma de resolver situaciones como esta, y que puedan regresar a ser parte de la oficina del Alto Comisionado, del sistema de protección de refugiados.
En la historia, Acnur siempre ha estado con Nicaragua. En 1979 hablábamos de entre 150 000 y 100 000 refugiados nicaragüenses en diferentes países. En 1989 eran 150 000. A partir del 2018, han llegado hasta la fecha 386 000 personas provenientes de Nicaragua, a diferentes países, pidiendo que otros países les abran la puerta. No puede estar la relación con cada país vinculada a la situación política particular, al color, al partido, a su ideología, a lo que sea. Lo que nos importa son las personas. El Acnur es apolítico, es una agencia de protección. No está mirando quién gobierna o no gobierna en un país, cuál es la oposición. No. Lo que nos importa es si alguna persona ha ido buscando protección en cualquier país, esa persona va a tener la posibilidad de encontrar una puerta en otro.
Es un problema para todos, es un problema para el sistema de refugio, en este momento con 123 millones de personas desplazadas, forzadas (en el mundo), es un problema para la humanidad. Y esperamos de los Estados, solidaridad, coherencia, conciencia frente a esa realidad.
¿Esta decisión tiene alguna implicación para los nicaragüenses migrantes y exiliados que están en Costa Rica o en otros países?
Los mecanismos de protección son los que brindan otros países. Lo que genera, teóricamente, el refugio es la fractura de la relación entre el ciudadano y su país, que cree o no puede ser protegido por su país y por eso acude al sistema de protección internacional. El resto de países están brindando también protección a esas personas. Las actividades que desarrollamos en un país como Costa Rica no se ven afectadas por la decisión de Nicaragua de estar o no estar dentro del Estatuto de los Refugiados.
Nicaragua no es un país de destino común de refugiados, pero sí un país de tránsito de migrantes y de exiliados también. ¿Habían personas recibiendo atención por parte de Acnur en Nicaragua?
Nicaragua también ha sido país de asilo. Fue país de asilo para salvadoreños, para guatemaltecos, en las guerras de los 80. Hasta el 90 estábamos hablando de unas 35 000 personas que estuvieron refugiadas en Nicaragua. Yo no tengo datos. Nosotros no cubrimos Nicaragua desde Costa Rica. Saber si en este momento habría estado alguien bajo algún esquema, creo que no lo habría. No sé si todos los expedientes de personas que alguna vez llegaron, buscaron protección, quisieron naturalizarse estaban cerrados, no tendría información. Es otra oficina la que cubre Nicaragua.
Usted menciona que la agencia es apolítica, pero el régimen de Nicaragua los acusó de ser un instrumento de manipulación, de tener doble rasero y de injerencia en los asuntos internos. ¿Cuál es la posición de Acnur ante esas acusaciones?
Hay cosas que se debaten bilateralmente con las misiones permanentes a través de las cancillerías en nuestra sede, será un punto. Lo único que puedo decir al respecto es que el Alto Comisionado siempre estará dispuesto a dialogar, entender preocupaciones, clarificar, buscar formas de continuar trabajando conjuntamente en procura del bienestar de todas las personas que lo necesiten, que hayan sido desplazadas forzadamente en sus países.
El Gobierno de Nicaragua calificó los informes de Acnur como “sesgadas, parcializadas y llenas de engaño”. ¿Cuál es el procedimiento y las fuentes que utiliza Acnur para la realización de estos informes anuales?
Los datos de esos 386 000 personas, que desde el 2020 hasta el 2024, han buscado protección en otros países, son datos que provienen de las autoridades encargadas del refugio en cada país. No son datos del Acnur. El Acnur lo que hace es agrupar la información que periódicamente le pide a cada país en términos de cuántas solicitudes de asilo hay, cómo se han tramitado los casos y cuántas personas han sido reconocidas como refugiadas en un periodo de tiempo, pero también en su acumulado. Eso nos lo comparten todos los países y con esa información se hacen los reportes. Y eso es lo que compartimos con la comunidad internacional.

El asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor refugiado, Roberto Samcam, ha conmocionado a toda la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica. ¿Los refugiados nicaragüenses están sufriendo represión transnacional en Costa Rica?
La situación de cualquier refugiado es importante para nosotros. Esta nos ha preocupado y hemos sido sensibles frente a la realidad de lo que está ocurriendo. El 70% de las personas que han buscado protección internacional están habitando en el país vecino. Y en todas esas circunstancias se presentan situaciones de riesgo. Pero no tenemos, frente a estos casos, elementos que puedan decirnos: en efecto, vino este hecho de (represión transnacional). Tenemos que esperar las decisiones de las autoridades judiciales. Hemos estado en coordinación también con las autoridades judiciales, buscando, promoviendo que la investigación permita identificar las causas, los responsables, la forma.
No podemos decir que uno de estos casos ha correspondido o no a una situación de persecución transfronteriza. Pero el hecho que existan circunstancias de persecución contra algunas personas, en particular en el territorio de un país, es algo que nos preocupa y que dialogamos permanentemente, tanto con personas dentro de la diáspora del país correspondiente, en este caso, personas nicaragüenses en el país, como con las autoridades.
Apartando ese caso, ¿han identificado casos que pueden tener relación con la represión transnacional? ¿Algún patrón?
Ahí el punto es la calificación frente al origen, la causa, la autoría. No tenemos elementos sobre eso. Lo que hacemos permanentemente sí es dar seguimiento a la situación que ocurre. Cada caso nos preocupa, cada caso en que aparece una persona de Venezuela, de Nicaragua, que sufre una agresión en territorio costarricense, le damos seguimiento. Pero al darle seguimiento, lo que nosotros podemos hacer es simplemente informar a las autoridades: mire, alguien que aparece en el registro de personas refugiadas, aparece con un tipo de agresión, y eso lo compartimos con las autoridades.
¿Qué tipo de agresiones han documentado? ¿Hay amenazas, vigilancia?
Lo que estoy diciendo son tipos de hechos en los cuales hay una situación que pueda poner en peligro la vida de una persona.
¿Acnur juega algún papel en la protección de las personas solicitantes de refugio o refugiadas en Costa Rica o es una responsabilidad exclusiva del país de acogida?
Tenemos una responsabilidad de protección, pero la responsabilidad fundamentalmente es de los Estados. El obligado principal es el Estado, que es signatario de la Convención. Como personas que están en el territorio de un país, la protección de su vida está bajo la responsabilidad de las autoridades del correspondiente país.
Tratándose de refugiados, nuestras responsabilidades simplemente es dar seguimiento a las realidades, cómo estar en diálogo con las autoridades para mostrar, evidenciar con ellos, encontrar mecanismos. Tenemos una coordinación cercana. Cada vez que hemos conocido alguna circunstancia, hemos compartido la información que tenemos con la autoridad correspondiente en el Ejecutivo, en el aparato judicial del país. Y siempre hemos encontrado por parte de las autoridades un canal abierto y dispuesto a hablar sobre la situación.
Lo que no tenemos es ningún mecanismo concreto, en términos de una situación de riesgo, que requiera protección física, como para poder proveer algún tipo de mecanismo de protección física. Nuestra protección está vinculada a esa protección jurídica y en algunos casos a buscar que otro país le abra la puerta si el riesgo es muy alto, que son los programas de reasentamiento.
Los 386 000 solicitantes de refugio que mencionaba, entre 2020 y 2024, ¿están en todos los países?
Es el registro que nos han dado los países a nivel global.
¿Cuál es la tendencia de solicitudes de refugio en Costa Rica?
En el 2017 estábamos hablando de 4000 personas. A partir del 2019, empieza un incremento de solicitudes de asilo en este país, cuyo año de mayor crecimiento fueron 2021 y 2022. Eso del 2022 llegó incluso a un nivel cercano a 130 000 personas, que en ese momento ubicaron a Costa Rica como el tercer país a nivel global con mayor número de nuevas solicitudes de asilo. El número se ha venido reduciendo. Lo que es muy difícil establecer es cómo ha variado año a año la entrada al país. Porque el sistema de registro de la población viene por el momento en el cual se registra la aceptación de la solicitud de asilo. Pero es posible que algunas de esas solicitudes correspondan a entradas al país previas al momento en que queda registrado en el sistema.
Entonces, lo de 386 000 era global, pero —del 2018 a la fecha— 380 000 personas han solicitado asilo en este país (Costa Rica), no solamente nicaragüenses. De los que son solamente nicaragüenses, en este momento tenemos un poco más de 15 000 personas que ya han sido reconocidas como refugiadas y quedan alrededor de 195 000 casos pendientes de resolución, dentro de lo que se llama la mora del sistema de asilo.
Sobre esa mora se está trabajando. Por eso planteaba lo de los 380 000 desde el 2018, porque no es que no se hayan resuelto casos, el problema es que cada semana hay, por mes, entre 1500 y 2000 solicitudes que van llegando.
¿Por qué la tasa de aprobación es tan baja? ¿Es un asunto que tiene que ver con requisitos de elegibilidad o capacidad de atención y respuesta a los casos?
Yo creo que no hay una tasa de reconocimiento bajo. Ha sido tradicionalmente alta. Lo que hay en el número es que por la acumulación de solicitudes, hay solicitudes que dejan de ser activas. Entonces, eso va también disminuyendo en algunos de los datos. Lo que hay es un problema de congestión en la solicitud de la cita. En el trámite una vez reconocida la cita para la toma de decisión. Entonces, lo que tienes frente a eso es 195 000 solicitudes pendientes.
Decía en una entrevista reciente el viceministro de gobernación, el señor Omar Badilla, que de esas que están pendientes, 150 000 son casos complejos y que requieren una revisión caso a caso. Atender el caso, darle la seriedad, analizar las condiciones y tomar la decisión frente a esa solicitud de asilo, toma tiempo. Y eso es un poco lo que hace que se acumule.
Pero la presión continúa porque seguían acumulándose casos. Eso es lo que trata hoy, con muy buena disposición el Gobierno y con nuestro apoyo, de resolver cómo manteniendo un número no siempre ideal, pero importante de personas que están atendiendo los casos. Nos tomó más de un año, junto con el Gobierno, ordenar archivos que no permitían la búsqueda de la solución ágil de los casos para mejorar la tasa, el tiempo en la resolución y en la revisión de los mismos, agrupando por perfiles, que permitan soluciones por grupos, ir resolviendo problemas. Pero yo no diría que hay una tasa baja de reconocimiento, es una tasa baja de procesamiento.
En 2018 los primeros solicitantes de refugio que llegaron a Costa Rica, eran personas que participaron en las marchas, en las barricadas y que huyeron de la represión. ¿Cuál es el perfil de los solicitantes de refugio nicaragüenses en los últimos años?
Lo primero, claramente vinculado con las situaciones derivadas de las tensiones y los disturbios que se dieron en el país, en que aparecieron estudiantes, personas del sector médico. Posteriormente, fuimos identificando algunos problemas que nos preocupan, como por ejemplo la situación de pueblos indígenas miskitos. Llegan a Costa Rica donde no hay una nación indígena misquita y genera un problema de integración. Y hay un problema serio en términos de cómo lograr una respuesta frente a ellos.
Se dieron casos de privación de nacionalidad de algunas personas. Entonces, obviamente esos perfiles, generan un perfil político distinto en términos de quién estamos hablando. Comunidades campesinas que requieren un tipo de respuesta distinta. Cómo apoyar comunidades campesinas que continúan agrupadas dentro del territorio costarricense. Todas esas realidades nos preocupan, pero también nos preocupan aquellas que no son tan visibles como perfil, porque no sabemos la causa, no podemos decir: no es un perfil político alto, pero puede ser algo vinculado con lo que ocurre con su familia, con alguna persona cercana, no sabemos.
En todo caso, todos los casos ameritan una revisión del perfil y eso es lo que hace tan lento el procesamiento de las situaciones. Las personas pueden pensar que esa cifra de la mora de un poco más, es una cifra estática. No, se han resuelto casos, pero además continúan llegando. En este año se han atendido 10 880 nuevas solicitudes de asilo por la Unidad de Refugio (hasta abril 2025). El problema es que no podemos asegurar todavía que correspondan a personas que llegaron este mismo año o el año pasado. Pueden ser solicitudes que me han quedado atascadas dentro del procedimiento.
¿Esa tasa baja de procesamiento de solicitudes tiene algún impacto en la vida de los refugiados para insertarse en la sociedad costarricense?
Yo creo que por eso es la preocupación, obviamente, porque mientras no esté formalizada la solicitud de asilo, pues hay una situación que puede ser, a lo mejor que tenga otro estatuto migratorio en el país, que tenga una presencia todavía irregular en el país. Y eso afecta, por supuesto, las posibilidades de integración socioeconómica.
Hay refugiados nicaragüenses que en años anteriores se reasentaron en Estados Unidos, España y Canadá, con el programa de Movilidad Segura. ¿Cuáles han sido las principales motivaciones?
Hay de todo. Lo que ofrece un sistema de reasentamiento, es si existen elementos vinculados con riesgos en un determinado país. Dos, que existen mecanismos que complementan otras formas de reunificación familiar, que existen unas dificultades objetivas de integración que faciliten eso. Los programas han sido, primero, derivados de acuerdos entre los Estados. Hay un elemento ahí que es la responsabilidad compartida entre los Estados.
Costa Rica es un país que tiene el mayor porcentaje de habitantes extranjeros en Latinoamérica. Un 10% de los habitantes de este país son extranjeros. El 80% de ellos corresponde a población nicaragüense. El hecho que 200 000, 230 000 personas hayan buscado protección internacional de nacionalidad nicaragüense, genera la necesidad de atender eso. Es un 5% de la población. Si lo miráramos en la lectura de otro país, estamos asumiendo una carga. El país está asumiendo la necesidad de protección de un número muy significativo como proporción total de los habitantes. Entonces, lo que hacen los programas de reasentamiento es también contribuir a aliviar esa situación.
En efecto, se han encontrado situaciones particulares de una necesidad de salida humanitaria por las preocupaciones, por la visión, por lo que va encontrando también la persona afectada. Y creo que ha sido muy útil tener esas puertas abiertas. Estos son programas que no constituyen derechos. No es que la persona tenga un derecho per se a un reasentamiento. Constituye una oportunidad.
Estados Unidos suspendió la admisión de refugiados a través del programa de movilidad segura. ¿Existen otros programas de reasentamiento a los que los refugiados puedan aplicar?
Nosotros estamos trabajando con el Gobierno de España en el manejo de una cuota que nunca llega a la magnitud de lo que tuvo la cuota cuando teníamos el programa de movilidad segura.
¿Siguen recibiendo solicitudes?
Sí. Algunos casos. Siempre que se presente una situación de riesgo, que una situación humanitaria lo amerite, Acnur tocará la puerta de los Estados para ver si es factible abrir eso y avanzar en un programa de reasentamiento.
¿Cómo ha afectado el recorte del financiamiento de Estados Unidos a los programas de Acnur en Costa Rica?
Los cortes están afectando una realidad en el peor momento. El peor momento es: nunca se han presentado tantos conflictos como los que hoy se están presentando en el planeta. Estamos hablando de 123 millones de personas.
Impacta a esas personas que están sufriendo de eso inaceptable que están viviendo. Impacta a las sociedades de donde están saliendo e impacta a las sociedades donde están llegando. Generan inestabilidad. Los cortes que están sufriendo organizaciones como el Acnur afectan a esas personas, mucho más de lo que afecta al Acnur.
Había un modelo humanitario de respuesta, ordenado, concertado, que se va desmoronando. Al desmoronarse afecta el principio de humanidad. El problema no es que haya menos financiamiento, es que eso impacta la sostenibilidad de los programas. El Acnur sigue con su puerta abierta para atender a una persona que llega con una necesidad de protección internacional. Sigue evaluando situaciones de riesgo, necesidad, buscando mecanismos de integración. ¿Qué cosas nos han afectado? Los programas de movilidad, de reasentamiento, se vieron afectados, y no tenemos sobre eso una opinión que expresar, porque los Estados dicen: tenemos que valorar el diseño de este programa. No estamos de acuerdo. No podemos. No hay un derecho, no hay una obligación. Entonces, se está viendo disminuido y eso afecta la velocidad, procesamiento de los casos.
Segundo, la asistencia humanitaria tiene una dificultad y es que en este movimiento masivo de personas fue vista como en un incentivo para el movimiento, y eso no nunca ha sido así. De acuerdo con las estadísticas de la OIM, más de 65 000 personas han muerto desde el 2014 en el tránsito por las diferentes regiones del mundo cuando acuden a rutas irregulares. Lo que uno encuentra en las fronteras es la llegada de personas en estado de inadmisión. No es posible no atender con un vaso de agua, no es posible no proveer asistencia. Ahora, esa no es nuestra carga principal, pero la asistencia humanitaria que brindábamos se ve cobijada por eso, entonces hay una reducción en la asistencia y eso afecta.
¿Los programas continúan, pero han reducido su capacidad?
Asistencia humanitaria es algo que se nos ha afectado más, por (falta de) fuentes de financiamiento. Pero seguimos apoyando al sistema de protección de refugiados del país. Seguimos trabajando de la mano con las instituciones para el reconocimiento de la condición de refugiado. Seguimos trabajando en integración social, seguimos con menos cupo, pero con el programa que manejábamos con la Caja Costarricense del Seguro Social para casos extremos en que las personas tenían una situación compleja en salud y no tenían una fuente de financiamiento, no estaban trabajando; con números reducidos, pero continuamos en ello. Seguimos en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, con el PANI, buscando respuestas.
Seguimos trabajando con programas que algunos de los meses se vieron afectados de integración económica. Mantenemos una red que se llama Vivir la Inclusión, con cerca de 70 empresas del sector privado que están contribuyendo, pero que también se suma a ello instancias del Estado, con programas que son muy positivos, como el de Brete, que busca, dentro del Ministerio de Trabajo, abrir oportunidades para las personas que han ido llegando. Lo mismo que con el INA, en programas de formación, en habilidades blandas para poder tener emprendimientos.
Mantenemos nuestra presencia en Upala. Upala es un lugar crítico. El nivel final de impacto sobre este nuevo escenario de financiamiento no lo tenemos dimensionado todavía porque aún estamos en desarrollo de ajustes. Pero nosotros seguimos brindando protección Seguimos con la puerta abierta, seguimos una excelente coordinación con las autoridades, con oenegés locales e internacionales que se continúan brindando apoyo y con el resto de las agencias del sistema de Naciones Unidas, que todos nos vinculamos a esta respuesta.
Las personas refugiadas o que buscan protección en Costa Rica y que quieran buscar asistencia de Acnur, ¿qué deben hacer? ¿A qué medio deberían abocarse?
Por supuesto, las personas siempre estarán bienvenidas. Es para eso que estamos acá. Hay una página de apoyo. Están nuestras instalaciones aquí, en San José y en Upala, donde todas las personas serán bienvenidas. También las invito a que acudan a las oficinas de Refugio del Gobierno. Creo que puede también agilizar. Allí también estamos en contacto con ellos. Pero les dejamos en la entrevista.
¿La línea telefónica ya no está disponible?
La línea telefónica, tristemente, no. Fue algo de lo que nos afectó también el proceso de (recorte de) financiamiento.
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Periodista y productor de CONFIDENCIAL y Esta Semana, dirigido por Carlos F. Chamorro. Exiliado en Costa Rica desde junio de 2021.
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