2 de julio 2024
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La estructura corrupta instaurada por el expresidente Juan Orlando Hernández “sigue vigente” en Honduras, advirtieron analistas políticos de ese país. El exmandatario (2014-2022) fue condenado a 45 años de cárcel, en un tribunal de Nueva York, por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas; sin embargo el escándalo internacional no ha tenido ningún efecto en Honduras.
Los expertos destacaron que el Ministerio Público hondureño no ha abierto ninguna investigación en contra el exmandatario y sus colaboradores en el país, a pesar que esa instancia envió fiscales al juicio del exmandatario en New York.
Los partidos políticos hondureños, la cúpula empresarial y las autoridades del Gobierno de Xiomara Castro “no dicen nada”, enfatizó el abogado y analista político Lester Ramírez. “Hacen como que eso no les sucedió a ellos ni al sistema hondureño”.
Este silencio en la clase política hondureña “no sorprende”, subrayó Ramírez, para quien prevalece una “visión patrimonialista del Estado” hondureño, donde el Estado es visto como botín, y porque la corrupción ha sido “como la gasolina para los partidos políticos en Honduras”.
Un Ministerio Público que no investiga
En una entrevista con el programa Esta Semana, la socióloga e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, destacó que la sociedad hondureña sigue “asombrada de ver cómo el Ministerio Público no hizo nada” durante la Administración de Juan Orlando Hernández, y “no ha hecho todavía absolutamente nada para investigar y procesar todas las sospechas, denuncias de narcotráfico y de corrupción con respecto al expresidente y a todos sus socios”.
La inoperancia del Ministerio Público, valoró Salomón, tiene relación con que el fiscal general y el fiscal general adjunto fueron nombrados después de “una serie de negociaciones secretas en el Congreso”.
“Ese Ministerio —prosiguió— sigue teniendo un peso político sumamente importante y lo que haga va a depender de lo que negociaron los diputados en el Congreso Nacional”.
Recordó que, cuando Hernández salió de la Presidencia y sabía que Estados Unidos iba a solicitar su extradición, sus abogados acudieron al Ministerio Público a ver si había alguna acusación en su contra para que la extradición fuera negada. Pero no tenían ninguna causa abierta, a pesar de todo el escándalo que significó la impunidad con que él operó en el país.
Para Salomón, la sentencia del tribunal estadounidense representa “un duro golpe al sistema de justicia en Honduras”, y resaltó que existe “una sensación de indefensión de la sociedad, sabiendo que el Ministerio Público —que está ahí para defender a la sociedad— no hizo absolutamente nada para investigar los casos por los cuales la sociedad lo denunciaba en las calles”.
Preocupación en las élites empresariales
Mientras tanto, la cúpula de la empresa privada, las iglesias evangélicas y los medios de comunicación cooptados por el expresidente siguen “atentos y con suma preocupación” lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en torno al juicio contra el expresidente Hernández, según Salomón.
Agregó que estos sectores “están preocupados pensando qué puede decir o qué dijo y qué no dijo el expresidente en Estados Unidos que pudiera salpicarlos y hacer más grande la lista de extraditables que están ya en poder de la Cancillería hondureña”.
A juicio de Ramírez, los efectos de la condena al expresidente Hernández y la falta de investigación sobre las estructuras corruptas que siguen operando en Honduras se verán a mediano plazo, cuando inicie la competencia de las elecciones generales de 2025.
“Públicamente no se está investigando nada. Tal vez se esté produciendo (algún proceso) y esté bajo el secreto de investigación, pero el efecto de este lo va a tener más adelante. Cuando entremos fuerte a la competencia electoral, estas van a ser las denuncias que se van a hacer”, sentenció Ramírez.
El analista, sin embargo, no cree que estos temas vayan a afectar a un partido político en particular, ya que políticos de diferentes partidos están inmiscuidos en este esquema de corrupción.
Al estar involucrados todos los partidos “se reparten el riesgo reputacional”, advirtió. Entonces, “como es un riesgo compartido, todos llevan la carga y no lo ven como un problema que les afecta a ninguno”, opinó.
“De dos a tres gobiernos” para desmontar las estructuras
Salomón y Ramírez coincidieron en que desmontar las estructuras corruptas que creó el expresidente Juan Orlando Hernández es un desafío “enorme”, tanto para el Gobierno de Xiomara Castro como para los Gobiernos siguientes. Además de tiempo “se necesita voluntad política”, subrayaron.
El narcotráfico y la corrupción están enraizados en Honduras, pasaron a ser parte del Estado y de las relaciones del Estado con la sociedad, sobre todo con los sectores que estuvieron como socios y cómplices del expresidente.
“La situación es complicada. Este Gobierno puede iniciar ese proceso de desmontaje, pero va a llevar, calculo yo, de dos a tres gobiernos para que podamos recuperar un poco de la legitimidad del sistema de justicia en el país”, subrayó la socióloga.
