28 de marzo 2018
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reafirmó desde Washington a los socios de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), a los miembros de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), y a representantes de las petroleras UNO y PUMA, que siguen vigentes todas las sanciones impuestas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus subsidiarias.
Sin embargo, y pese al peso específico de empresas como la distribuidora de energía Disnorte y Dissur, DNP-Petronic (distribución de combustibles); de AlbaVientos y AlbaGeneración (generación de electricidad); y BanCorp (el brazo financiero de Albanisa), ninguna de esas empresas fue invitada a la teleconferencia que se llevó a cabo el jueves en la embajada de Estados Unidos en Managua.
Las tres primeras fueron excluidas porque no pertenecen a la Cámara de Energía, que es la que gestionó la invitación, tal como lo confirmaron fuentes de la Cámara y de la embajada estadounidense, cuyo local sirvió de sede para la realización del encuentro.
No quedó claro por qué no llegó (o no se invitó) a la representación del Banco Corporativo, que es miembro de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
Una fuente de esa Asociación dijo que ellos no giraron las invitaciones, sino que solo las recibieron, mientras la fuente diplomática creía saber que la invitación a los banqueros la hizo la CEN, y desde esta Cámara aseguraban que ellos no fueron los encargados de convocar a los bancos.
Al consultar la razón de la ausencia de esas cinco empresas, que están directa o indirectamemte vinculadas a los fondos originados en la cooperación venezolana, William Muntean, consejero económico de la embajada estadounidense, detalló que “la Cámara fue la que se hizo cargo de girar las invitaciones, no nosotros”.
En todo caso, si los hubieran invitado, “nosotros habríamos estado de acuerdo con que participaran de la reunión, porque son empresas con las que ellos tienen conexión, y a las que nos habría gustado explicarles cómo funciona esto (las sanciones)”, dijo Muntean.
En septiembre del año pasado, el propio Muntean fue el encargado de advertir a las empresas asociadas a la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), de los riesgos de sufrir una sanción por tener relaciones comerciales o financieras con Albanisa, lo que les podría llevar a cometer actos ilegales.
Producto de esas advertencias, los bancos nacionales que tenían depósitos de Albanisa pidieron a la empresa de capital mixto venezolano-nicaragüense, retirar esos fondos, lo que dio como resultado un crecimiento del 236% en los depósitos de BanCorp, entre enero y diciembre de 2017.
Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las implementa la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y fueron dictadas para castigar al Gobierno venezolano, pero también para impedir que los bancos estadounidenses lleguen a negociar con corruptos.
“Estas medidas se aplican para negar el financiamiento al régimen de Nicolás Maduro, y para proteger el sistema financiero estadounidense”, declaró el diplomático.
Zamora: cumplimos con la ley
Aunque en la cita participaron banqueros, petroleros y generadores, solo César Zamora, presidente de la Cámara, se quedó para hablar ante los medios de comunicación, a los cuales reiteró que las empresas de la Cámara cumplirán siempre las leyes nicaragüenses y estadounidenses que les sean aplicables.
Aparentemente, la principal preocupación de los generadores de electricidad es que una característica de su mercado les hiciera merecedores de una sanción. El riesgo es mayor para el propio Zamora, que tiene la ciudadanía estadounidense, y trabaja para una empresa de ese mismo país.
El líder gremial dijo que oficiales de la OFAC explicaron a los generadores de electricidad que las transacciones ocasionales que hacen con las empresas de Albanisa no son sancionables, porque no constituyen una deuda que esté pactada a más de 90 días, además que las sanciones no tienen intención de afectar al pueblo de Nicaragua y al sector eléctrico, aclaró.
Zamora reveló que después de la reunión de septiembre pasado, la Cámara envió una carta a la embajada estadounidense, para conocer las posibles afectaciones a las empresas que generan electricidad.
“Somos empresas y ciudadanos nicaragüenses, que respetamos las leyes nicaragüenses. Algunos también somos estadounidenses, así que nos vemos directamente afectados por estas disposiciones”, aseguró insistiendo en que cumplirán todas las leyes que deban cumplir.
El contagio con Albanisa
Muntean, el consejero de la embajada, dijo que la reunión del jueves con los empresarios, fue para “proporcionarles información adicional sobre el cumplimiento de las sanciones” dictadas contra Pdvsa el 25 de agosto pasado, las que también afectan a Albanisa, su filial en Nicaragua.
Recordó que durante la administración Trump se han dictado otras rondas de sanciones para impedir que empresas, ciudadanos y residentes estadounidenses, entre otros, contraten deuda, efectúen transacciones con ciertos bonos, paguen dividendos a Venezuela, y hasta que negocien con monedas digitales, como la criptomoneda venezolana Petro.
Muntean detalló que las sanciones a Pdvsa se aplican también a Albanisa, sea que se trate de transacciones comerciales, financieras, o de otro tipo, a menos que la OFAC lo permita expresamente, o esté incluido en las excepciones de ley, sin que exista un monto mínimo que las haga inimputables.
El diplomático también alertó a las empresas nicaragüenses que quizás no son sancionables al amparo de las leyes estadounidenses, a tomar en cuenta el “riesgo reputacional” de que se les asocie con una entidad acusada de corrupción.
El economista Néstor Avendaño participó como invitado de la cita en la embajada, a la que definió como una reunión “con fines de precaución, para evitar que personas y empresas estadounidenses tengan problemas legales con ese Estado, por tener relaciones financieras, económicas y comerciales, con personas jurídicas y físicas que han sido sancionadas y bloqueadas por la Global Magnitsky”.
“La intención es evitar que haya más sancionados, por desconocimiento de las leyes”, añadió.
De hecho, en la cita se aclararon temas que “los representantes de la Banca no sabían, pese a que para ellos, esta es la segunda reunión en que participan”, en referencia a la aclaración de que las personas que laboran para una empresa que está sancionada o bloqueada, no está sancionada ni bloqueada por ese simple hecho.
Aunque hasta ahora, las advertencias han sido muy puntuales para los generadores de electricidad, los distribuidores de combustibles y los banqueros, eso no significa que no haya otros sectores que no deban revisar con lupa sus transacciones con esa empresa de capital mixto.
En especial considerando que, como dice Muntean, “Albanisa es una pulpería” que tiene actividad en distintos campos de la economía.
Aunque parte de esa actividad ha mermado, en especial, la importación de hidrocarburos venezolanos y la exportación de alimentos a ese país como parte de su “sistema de compensación comercial”, Albanisa todavía maneja importantes activos, entre los que se incluyen sus unidades generadoras de electricidad y su sistema de distribución de combustible.
Otras sanciones, otros sancionados
William Muntean, consejero económico
de la embajada de EE. UU. en Nicaragua.
Desde el día en que se anunció la lista de 15 sancionados a tenor con lo establecido en la Global Magnitsky, periodistas, empresarios y políticos nicaragüenses especulan con la posibilidad de que más nicaragüenses pasen a engrosar esa lista.
Preguntado al respecto, el consejero económico de la embajada estadounidense, William Muntean, dijo que él no ha indagado a ese respecto con los oficiales de la OFAC que se encargan de confeccionar el listado, pero que de todos modos, ellos tampoco iban a especular con posibilidades.
En vez de eso, gobernantes y gobernados quizás deberían interesarse por un peligro más real: que Estados Unidos haga una aplicación más estricta de la Ley de Asignaciones Federales 2017, en la que se ordena restringir el acceso a fondos estadounidenses, de los Gobiernos centrales de países que reconozcan la “independencia” de Abjasia y Osetia del Sur.
Rusia y Nicaragua, más Venezuela y Nauru (una pequeña isla de 21 kilómetros cuadrados ubicada en el inmenso océano Pacífico), son los únicos países que han reconocido la desmembración de esas dos regiones que se separaron de la exrepública soviética de Georgia.
Muntean dijo que su país, de hecho ya ha tomado algunas decisiones basado en el mandato que representa la Ley de Asignaciones Federales 2017, lo que habría tenido “impacto en la colaboración en determinados temas de seguridad”, sin entrar en más detalles.
