22 de octubre 2018
Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegará a Managua esta semana para reunirse con la administración de Daniel Ortega, además de empresarios, economistas y líderes gremiales, para evaluar el estado de la economía del país.
Ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo Stand Bye con el Fondo, el Gobierno los recibirá con un objetivo en mente: conseguir el espaldarazo que requiere con urgencia para impulsar reformas que son en extremo impopulares.
Esas dos leyes, mencionadas en la propuesta de Presupuesto 2019, son la Ley de Concertación Tributaria, y la de la Seguridad Social. De paso, también tratarán de encontrar una vía para frenar el dreno de los depósitos del público en la banca nacional, -que ya superan los 1303 millones de dólares- y, si se puede, hacer lo mismo con las maltrechas reservas internacionales.
El problema es que el Ejecutivo carece de la legitimidad política necesaria para negociar nuevas leyes, en especial las de tipo económico, en las que se pide nuevos sacrificios a los ciudadanos y a las empresas.
Ante esa limitación política, la estrategia del Ejecutivo se centra en lograr que el FMI le conceda algún tipo de aval, que luego los funcionarios del régimen puedan esgrimir ante la nación, sea que intenten negociar con el sector privado, o imponerlo con la aplanadora parlamentaria que se concedieron al conformar la Asamblea Nacional.
Basado en su experiencia, el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades) resalta que el FMI no puede actuar a fondo –incluso si solo se trata de ofrecer consejo a un país- cuando este tiene serios conflictos internos como los que tiene Nicaragua, en un contexto en el que el Gobierno no trata de resolver el problema político que dio origen a los económicos, sino que trata de rendir a la sociedad, por hambre, temor o hastío.
Ante el deseo expreso del Gobierno, de suscribir o elaborar un nuevo programa de ajuste macroeconómico y de reforma estructural para buscar financiamiento concesional hace unos meses, “el FMI dijo ‘no’ a Nicaragua hasta que resolviera la situación política. En la reunión anual en Indonesia creo que nuestros representantes tuvieron otra respuesta similar: ‘no se puede, por la falta de solución a los problemas políticos’”, reveló.
En todo caso, si la visita es para algo más que para conversar entre expertos, es muy probable que el FMI le recuerde al Gobierno de Nicaragua algunas de las sugerencias que le hizo durante la última visita del Artículo Cuarto, que incluían buscar un amplio consenso para discutir las reformas a la Seguridad Social, y que se revisaran los precios de la electricidad.
INSS: más de C$16 460 millones en tres años de déficit
El aviso de que están interesados en reformar la LCT se explica en la caída de las recaudaciones, que muestran una diferencia de más de 11 000 millones de córdobas, con respecto al Presupuesto inicial de 2018, lo que se entiende fácilmente al ver la proyección de crecimiento de -4.0% para este año.
El régimen parece haber entendido que desde el punto de vista económico, 2018 es prácticamente insalvable, por lo que estarían tratando de reformar la LCT para que funcione como un salvavidas en 2019, y permita crecer al menos ese -1.0% que está pronosticado.
El problema es que las previsiones para 2019 no son nada halagüeñas.
Avendaño detalla que así como en 2018 salieron golpeados el comercio, el turismo, y la actividad de hotelería y restaurantes, “en 2019 primero salen golpeadas las empresas de construcción, y las de minerales no metálicos. Esas son barridas prácticamente”.
Añade que “el valor agregado de la construcción cae 76% fácilmente el próximo año”, con lo que, así como el crecimiento de esa actividad genera un efecto multiplicador positivo para el resto de la economía, su caída origina un efecto multiplicador negativo. “En este caso, la construcción genera una caída de -9.7% del PIB real”, certificó el experto.
Después, explica que como la población tendrá menos ingresos, ocurrirá un descenso del gasto de consumo que calcula en -11%. “Combinando eso con el -9.7% de caída de la construcción, se acumula una caída de -20.7% para el próximo año”, advirtió.
“Eso me recuerda a 1979, el año que salió Somoza del poder, cuando el PIB cayó -26%. Esta situación es muy crítica”, comentó.
La otra urgencia es buscar una solución –o algo que se le parezca- para enfrentar los déficits cada vez mayores que acumula el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que fue de 2373.8 millones de córdobas en 2017; más que duplicará este año, al completar los 5464.7 millones de córdobas, y más que triplicará en 2019, cuando supere los 8621.8 millones.
“El empeoramiento de la situación del INSS pasa por un empeoramiento de la economía nacional, con despidos masivos que aumentan el desempleo, y eso va a repercutir sin duda alguna en las finanzas del INSS, y obligará a implementar reformas que posiblemente no vayan a agradar mucho a la sociedad nicaragüense”, dijo el economista Leonardo Labarca, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
En la reciente reunión anual del FMI en Bali, las autoridades del Fondo reiteraron al presidente del Banco Central Ovidio Reyes y al ministro de Hacienda Iván Acosta, que esta entidad internacional no negociará con el Gobierno el desembolso de créditos para mitigar la crisis económica, porque las causas de esta son políticas y no económicas, y por lo tanto el Gobierno debe primero buscar soluciones a la crisis política.