7 de junio 2021
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, la comunidad internacional debe “pasar de la condena a las sanciones”, ante el nuevo escenario político y electoral de Nicaragua, donde el régimen ha encarcelado, procesado y amenazado con inhibiciones a los principales precandidatos opositores.
“La reacción de la comunidad internacional ha sido tibia para el tipo de amenaza que estamos enfrentando. Si no se le traza una línea roja clara a un dictador como Ortega, lo que vamos a tener es otra Venezuela”, comentó Zovatto, director del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.
En los últimos días, dos precandidatos —Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz— fueron procesados y encarcelados; Félix Maradiaga está amenazado de inhibiciones y fue citado a la Fiscalía este martes; y tres más: Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, en la Alianza Ciudadana, y Miguel Mora, en el PRD (despojado de su personería jurídica) están expuestos a las leyes inhibitorias.
En una entrevista con el programa Esta Semana, Zovatto analizó la importancia de exigir condiciones mínimas para las elecciones de noviembre próximo, la necesidad de una oposición unificada y articulada en el ámbito nacional e internacional.
¿Cómo valoras la reacción de la comunidad internacional ante la escalada de represión que se está produciendo en Nicaragua?
Creo que la reacción de la comunidad internacional ha sido tibia para el tipo de amenaza que estamos enfrentando. Si no se le traza una línea roja clara a un dictador como Ortega, lo que vamos a tener es otra Venezuela, porque prácticamente el manual que vimos en Venezuela, con algunas adaptaciones, se está repitiendo en Nicaragua.
Está bien condenar, deplorar y solidarizarse. Está bien pedir condiciones de un proceso electoral libre, pero lo que hay que hacer aquí es pasar de la condena a las sanciones. Estados Unidos ya está avanzando con un conjunto de sanciones para contrarrestar este acto tremendamente arbitrario; ojalá este ejemplo sea seguido por otros países. Me gustaría ver más países de América Latina también condenando y denunciando, además de la alta comisionada de Derechos Humanos (Michelle Bachelet), muchos de los grupos de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Me parece que sería muy importante ver una acción más decidida de parte del secretario general de la OEA (Luis Almagro) y de la OEA, como organización; llamando a una reunión urgente del Consejo Permanente y aplicando la Carta Democrática Interamericana.
Dilema de la oposición
El dilema que enfrenta la oposición y que suelen aludir es verse en el espejo de Venezuela, donde la oposición decidió participar en unas elecciones con el candidato Enrique Capriles, y en otro momento se abstuvieron y dijeron no hay condiciones para participar. ¿Cómo se puede enfrentar ese dilema de acuerdo a la experiencia de Venezuela?
El dilema es cierto. Cuando vas a una competencia electoral, donde están todas las garantías o donde hay pocas garantías, pero al menos están las garantías mínimas que te permiten suponer que tienes alguna posibilidad de competir y que los resultados se van a respetar. Eso fue la elección de 2015 en Venezuela, donde pese a todos los problemas, todas las dificultades y todas las ventajas que tenía el régimen de Maduro, la oposición que iba bastante unida a esa elección tenía ciertas garantías mínimas y además había observación internacional.
Pero si no están dadas las condiciones mínimas, ir a una elección en la que claramente vas a perder, en la que claramente te van a hacer fraude y en la que claramente después de tu participación vas a terminar asumiendo el riesgo de que estas legitimando ese proceso electoral, te van a decir: ‘usted participó y ahora que perdió está denunciando el fraude’. Aquí hay que poner una serie de condiciones mínimas, si esas condiciones no están presentes, hay que trazar una línea roja. Esas condiciones mínimas tienen que ser ampliamente circuladas con la Unión Europea, Canadá, los Estados Unidos, la OEA y los países de América Latina. Lo mínimo que establece la Carta Interamericana es que cualquier elección tenga integridad electoral.
El señor Ortega y la señora Murillo quieren organizar elecciones sin estas garantías, pero estas son elecciones totalmente ilegitimas; van a mantener el poder, pero ese poder va a ser totalmente ilegitimo.
¿Qué consecuencias tiene realmente esa ilegitimidad política?
La ilegitimidad política tiene mucho poder porque el Gobierno de Ortega y Murillo va a carecer de la legitimidad de origen, que establece la Carta Democrática Interamericana; va a ser un Gobierno de facto, ilegitimo. Por si solo no va a bastar, sino viene acompañada de una oposición unida que dentro de Nicaragua se movilice de manera pacífica para enfrentar al régimen. Eso va a llevar a un nuevo riesgo de represión, pero obviamente coloca al Gobierno de facto en una situación cada vez más difícil.
Esa oposición movilizada en el plano interno tiene que articularse a nivel internacional. La experiencia de Chile, de Venezuela y de muchos otros sitios nos dice que no se derrota únicamente a una dictadura desde fuera, pero muchas veces tampoco alcanza hacerlo únicamente desde adentro.
Las dictaduras se han derrotado fundamentalmente con una buena articulación de oposición interna, de movilización en las calles, y a su vez un anillo de apoyo a nivel internacional, acompañado de sanciones y de una serie de medidas que le hagan sentir al régimen que esto les va a costar caro.
El desafío es que la crisis en Nicaragua no se vuelva ni irrelevante, ni invisible, para eso hay que seguir luchando de una manera muy importante.
¿El sector privado podrá ser un actor democrático en medio de esta crisis o simplemente esperará cuáles son las consecuencias de lo que ocurra y de la ilegitimidad del régimen si se produce o de la consumación del fraude?
El sector privado tiene un pecado original, durante varios años tuvo una convivencia no adecuada con el régimen, porque le servían para hacer negocios y las cosas iban bien; pero siempre hemos dicho que tarde o temprano concluye y termina mal. El sector privado tiene que haber aprendido de esa lección, tiene que anteponer los intereses del país y la democracia a sus intereses de negocio y tiene que convertirse en un actor muy importante, que junto con los otros actores haga un frente común para enfrentar al Gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo.
El sector privado tiene que jugar de manera muy responsable, porque de nuevo vamos a ver a Ortega tratando de llamar a un diálogo, ver quién viene, quién no viene; hacer pelear a los que vienen con los que no vienen. Esa película ya está escrita.
Los candidatos y candidatas, la sociedad civil, incluidos los empresarios, tienen que hacer un frente unido para tomar una decisión: exigir condiciones mínimas para una elección con integridad. Si esas condiciones no están, entonces de manera conjunta no prestarse para ninguna farsa electoral, no prestarse para ninguna manipulación de diálogo y articularse con la comunidad internacional para presentar un frente unido, dentro y fuera de Nicaragua. El régimen va a entender únicamente por las malas.