18 de octubre 2021
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) solicitaron este lunes al alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que empiece a preparar una serie de medidas contra el Gobierno de Nicaragua, que podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios, tras las elecciones del 7 de noviembre, para las que los opositores al presidente Daniel Ortega están encarcelados.
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Los ministros abordaron la crisis nicaragüense a petición de España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Albares calificó la situación actual en Nicaragua de “fraude electoral”.
“No se dan las condiciones mínimas para que pueda haber un proceso electoral democrático, libre, transparente y competido”, aseguró el jefe de la diplomacia española al término de la reunión.
Por eso, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Borrell, va a empezar a trabajar una serie de medidas “que incluirían, si es necesario, una tercera ronda de sanciones a nivel personal, también en el entorno del presidente Ortega”, aseguró Albares.
La UE prorrogó la semana pasada hasta octubre de 2022 y por segundo año consecutivo las sanciones que aprobó contra Nicaragua en 2019, que incluyen a 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Ninguna de ellas puede entrar en territorio comunitario y se les han congelado los activos y acciones que tengan en la UE.
“Una de las peores dictaduras”
“Una vez llegue el 7 de noviembre y se produzca lo que en estos momentos parece desgraciadamente bastante inevitable es cuando vamos a barajar esas posibilidades”, aseguró Albares.
Un mensaje muy similar al que lanzó Borrell en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde dijo que Ortega y su mujer, la vicepresidente Rosario Murillo, han “garantizado su victoria (...) por medio de encarcelar a la oposición”.
“La Unión Europea va continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las oenegés y organizaciones de derechos humanos y elecciones libres, puesto que las que se van a celebrar ahora en breve son falsas, organizadas por una dictadura”, dijo el jefe de la diplomacia europea.
Borrell, además, aseguró que en Nicaragua existe “una de las peores dictaduras en el mundo”.
Ante esta situación, donde “desde 2018 la represión violenta ha dejado al menos 328 muertes en las calles”, la UE, dijo el exministro español, “seguirá insistiendo en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la liberación de presos políticos y la organización de elecciones justas y libres”.
Las sanciones europeas
El marco legal de las sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra las personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevan a cabo “políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de derecho”.
Además de la primera dama, han sido sancionados Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas; el asesor presidencial de asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa.
Se suman a ellos los jefes policiales: el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellán, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle Valle. La lista de sancionados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
La mayoría de los catorce sancionados por la UE ya figuran en otras listas de castigados por los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.