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Asunción Moreno: "En Nicaragua se está radicalizando un modelo dictatorial y totalitario"

Detenciones de 21 opositores están al margen de la Ley 1055, que la Policía utiliza para justificar los arrestos, afirma especialista en Derecho Penal

Asunción Moreno, abogada penalista. // Foto: Archivo | Confidencial

1 de julio 2021

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La especialista en Derecho Penal y miembro de la Alianza Ciudadana, María Asunción Moreno, asegura que la Alianza Ciudadanos por la Libertad se mantendrá hasta el último momento en la competencia política de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Considera que la clave para vencer al régimen orteguista, en medio de una ola represiva de detenciones y estado policial de facto, es lograr la unidad en el voto masivo.

En una entrevista en el programa Esta Noche, Moreno también aseguró que el régimen orteguista no cumple ni siquiera las leyes que su misma bancada aprobó en la Asamblea Nacional y que han utilizado en contra de 17 de los 21 opositores encarcelados ilegalmente desde el 2 de junio.


Afirmó que las legislaciones como la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, lo que hacen es facilitar la "radicalización del totalitarismo". Dicha ley es de tipo administrativa electoral y determina inhibiciones, pero no es una ley penal, explicó Moreno.

En el último mes han sido encarcelados cinco precandidatos presidenciales y diez dirigentes políticos y cívicos. ¿Qué impacto tiene la represión en el proceso electoral y en la Alianza Ciudadana?

Es un gran impacto. Este tipo de escalada represiva tiene como finalidad limitar u obstruir, de alguna manera, la participación política de los nicaragüenses. Aunque en el último mes, efectivamente, estamos hablando de 21 detenidos, entre los que están, cinco precandidatos, recordemos que esta escalada viene desde hace aproximadamente unos dos meses, cuando el Consejo Supremo Electoral inició cancelando personerías jurídicas a dos partidos políticos.

La Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció que modificaría su mecanismo de selección del candidato a la presidencia. ¿Cuál será el siguiente paso?

La misma escalada represiva, obviamente, nos obliga a nosotros como Alianza Ciudadanos por la Libertad a replantearnos el mecanismo. Estamos conversando, estamos planteando, reflexionando a ver qué mecanismo podemos establecer para elegir la fórmula presidencial que va a representar a la Alianza Ciudadana y sobre todo, queremos que esa fórmula que salga de ese mecanismo de mucha esperanza y credibilidad a la gente porque, recuerda, que es una fórmula para la participación en el proceso electoral.

El jueves pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera. La Corte emplazó al régimen de Ortega a responder a esta solicitud el próximo 8 de julio. ¿Qué significa que la Corte Interamericana haya girado una orden de este tipo al Estado?

Nicaragua es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, al ser parte de este Sistema, esta obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que son parte del Sistema Interamericano y las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado de Nicaragua. De tal forma, que, frente a esta resolución, en donde mandan la liberación inmediata de estos cuatro líderes opositores y hay otras resoluciones sobre medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para el Estado, y se le ha dado un plazo hasta el 8 de julio para cumplir esa resolución.

¿Qué pasa sí el Estado nicaragüense no lo acata?

Para nosotros, en Nicaragua, no sería sorpresa porque el régimen Ortega-Murillo tiene ya más de 14 años de venir desmantelando la institucionalidad del Estado y el propio Estado de derecho. ¿Qué va a pasar? Va a ser un Estado que sigue diciéndole a la comunidad internacional en materia de derechos humanos que no va a cumplir con sus obligaciones y eso va a repercutir, en que sea parte de ese Sistema Interamericano, y que sea parte de la Organización de Estados Americanos.

Todos los opositores han sido encarcelados bajo la ley 1055, mejor conocida como Ley de soberanía que imputa cargos de traición a la patria a opositores, periodistas y empresarios. Ortega ha justificado el uso indiscriminado de esta Ley contra opositores, alegando que otros países tienen legislaciones similares. ¿Eso es cierto?

Efectivamente, si vemos el derecho comparado, hay algunas legislaciones muy parecidas. Pero no es lo mismo una legislación de esa naturaleza en democracia que esa legislación en una dictadura, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De tal forma, que no vale hacer un análisis comparativo con las legislaciones de otros países si no tomamos en cuenta el modelo de Gobierno de Estado que tenemos.

En Nicaragua se está radicalizando un modelo dictatorial y totalitario y este tipo de leyes lo que realmente vienen a facilitar esa radicalización del totalitarismo.

Desde la aprobación de esta Ley, en diciembre de 2020, fue señalada de inconstitucional y como una medida, precisamente, que busca eliminar la competencia política. ¿Esta consiguiendo su objetivo la legislación de la dictadura?

Se aprobaron las leyes y sin embargo, creo que en su actuación no están cumpliendo ni sus propias leyes que ellos aprobaron recientemente. De las 21 personas detenidas de forma ilegal y arbitraria, que no han sido vistos ni por su familia ni por sus abogados defensores, podríamos hablar que se trata de personas secuestradas.

Nos hemos dado cuenta que esas 21, salvo Cristiana chamorro, a quien se le dice que se está investigando por supuesto delito de lavado de dinero en los otros 20 casos, en donde según las notas de prensa, tanto de la Policía como del Ministerio Público, señalan que las detenciones se hacen en base a la ley 1055, se trata de entrada una fundamentación ilegal y una actuación al margen de la propia Ley porque la Ley 1055 es una ley administrativa electoral que prevé una inhibición, efectivamente, de naturaleza electoral, donde dice que las personas que la Ley califica o que realiza las conductas que la ley contempla en un artículo único, por cierto, como traidores de la patria no pueden optar a cargos de elección popular. Eso es una inhibición electoral, no es una Ley penal.

Desde ahí no puede ser el fundamento legal de unas detenciones ilegales. Este mismo artículo dice sin perjuicio de la responsabilidad que podría tener por un grupo de delitos que el mismo artículo cita: actos de traición a la patria, los delitos contra la Constitución y los delitos contra la soberanía.

Efectivamente, cuando revisamos el Código Penal, cuando habla de actos de traición a la patria, se habla de actos de revelación de información en épocas de guerra. Su detención en base a la ley 1055 es una detención totalmente ilegal en la que el régimen Ortega-Murillo no está cumpliendo ni su propia legislación aprobada para radicalizar su sistema.

Además de estas leyes represivas, la dictadura reformó el Código Procesal Penal que justifica la detención de los opositores por periodos de noventa días sin que tengan una sentencia firme. ¿Es legal la discrecionalidad con que lo están haciendo?

Se hizo una reforma al Código Procesal Penal, donde se crea una audiencia paradójicamente denominada audiencia especial de tutelas de garantías constitucionales, y lo que se ha visto en cada uno de los casos de los detenidos es que se han celebrado audiencias secretas, clandestinas, sin derecho a la defensa.

El derecho a la defensa, no solamente es tener a un abogado al lado, es tener al abogado que la persona que esta siendo investigada elija, y además, que esa persona pueda realmente ejercer, materialmente, la defensa en la audiencia. ¿Qué hemos visto en estos casos? audiencias secretas, clandestinas, cuando deben de ser públicas y la misma Ley lo dice. Y por supuesto, sin derecho a la defensa por parte de los detenidos.

Esa es una prueba mas que no están cumpliendo ni su propia Ley porque esa reforma al Código Procesal Penal, que es una reforma inconstitucional porque da facultades al juez para detener a cualquier ciudadano mediante una resolución judicial en un plazo de 15 a noventa días y lo que hemos visto en todos estos casos es que se van al limite máximo de la detención preventiva para investigar.

Se está institucionalizando, aunque no se esta cumpliendo la Ley, el detener para investigar. ¿Cuál es el estatus jurídico de estas personas secuestradas? están detenidas para ser investigadas por unos hechos, que salvo el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, no sabemos cuáles son los hechos que se están investigando.

El régimen nunca necesitó de estas leyes para hacer lo que ha venido haciendo por la vía de facto que es reprimir, asaltar, secuestrar y actuar lejos del debido proceso. ¿Cuál es la razón de ser de las leyes inhibitorias y punitivas de la dictadura?

Creo que lo que prima en la actuación de estas autoridades y estos operadores del partido Frente Sandinista es realmente el espíritu totalitario y dictatorial de la forma de ejercer poder a cualquier coste y a cualquier precio. Nunca han necesitado cumplir la Ley y tampoco necesitan cumplir sus propias leyes.

Lo cual uno dice, y para qué las aprobaron, probablemente, para crear un ambiente de confusión y de caos, que es parte de la estrategia de ellos, tanto a nivel nacional como internacional y que no podamos entender realmente que lo que estamos viviendo es una etapa de radicalización y profundización de un modelo totalitario, que nos ha dejado a los nicaragüenses sin derechos y libertades básicas y fundamentales que todos los ciudadanos, independientemente, de donde estemos y a donde vamos a residir tenemos con el simple hecho de ser seres humanos.

El derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarnos, el derecho a exigir a quienes nos gobiernan una rendición de cuentas, el derecho a poder participar en un proceso electoral, justo, libre, transparente y observado, en donde la voluntad de la ciudadanía realmente se respete y que sea la mayoría de una población la que decida quién va a gobernar ese país.

La radicalización represiva que usted menciona, evidencia, precisamente la falta de condiciones para ir a elecciones con estándares mínimos de democracia. Si las condiciones empeoran, ¿Cuándo decidirán ustedes si suspenderán su participación en ellas o ya tomaron la decisión de participar en las elecciones bajo estas condiciones?

Nosotros desde enero, que conformamos la Alianza Ciudadanos por la Libertad hemos apostado y creemos realmente en una salida cívica y pacífica. La única salida cívica y pacífica que nosotros, que creemos en la democracia, encontramos son los procesos electorales.

De tal forma, que no nos vamos a cansar, no vamos a ser mensajeros de la desesperanza, y la desilusión porque esa es la estrategia de la dictadura. Y si vamos a seguir apostando por ese proceso electoral y vamos a seguir exigiendo las condiciones para que haya un proceso electoral justo, libre y transparente hasta el último momento.

La solución definitiva a la crisis humanitaria y de graves violaciones de derechos humanos que vivimos en Nicaragua, y sobre todo el fin de la dictadura, pasa necesariamente por ganar unas elecciones.

Nosotros, desde la Alianza Ciudadana estamos apostando a que la ciudadanía tenga una oportunidad y tenga una opción electoral creíble de una oposición democrática y que pueda elegir a un nuevo Gobierno (...)

Cada vez que visitamos los territorios nosotros sentimos que la gente quiere mayoritariamente votar y elegir un nuevo gobierno. Creo que debemos darle, y lo estamos asumiendo desde la Alianza Ciudadana esa oportunidad a la gente. Por supuesto, de aquí a noviembre vamos a ver si no nos inhiben a los candidatos que inscribamos porque seguramente viene una danza de inhibiciones a partir de que se empiecen a inscribir y eso, si te permiten inscribir.

Y las condiciones las vamos a ir valorando para saber si continuamos en esta lucha cívica hasta el 7 de noviembre para derrotar a la dictadura o si la dictadura nos va inhibiendo a todos los candidatos y nos va quitando la oportunidad, como todo indica, de que los nicaragüenses elijamos un nuevo Gobierno y empecemos a vivir en democracia.

La posibilidad de que la casilla de la Alianza Ciudadana se convierta en un punto de encuentro para la unidad de todas las fuerzas opositoras al régimen no incluye según la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, a los movimientos de izquierda. Para la Alianza Cívica ¿existe una pugna ideológica entre izquierda o derecha o hay una crisis entre democracia y dictadura?

Para mí, personalmente, creo que hay una pugna entre dictadura y democracia y cuando conversás con la gente, la gente lo que quiere es acabar con la dictadura, que surjan oportunidades porque es un país que cada día nos hundimos en mayor pobreza. Somos un país empobrecido y dada las condiciones de represión y de un régimen totalitario, pues sin duda, esas condiciones de vida de la gente, están deteriorándose aceleradamente. De tal forma, que la prioridad es terminar con la dictadura, esto no es un debate ideológico, y la unidad la queremos nosotros en las urnas.

Una votación masiva, una participación ciudadana en las elecciones va a definir el futuro y el cambio de régimen de una dictadura, hacia esa democracia. Por eso estamos en esta lucha electoral. Creemos que debemos hacerla hasta el último momento y la última oportunidad que podamos hacerla.

Y por eso quiero aprovechar para invitar a todos los nicaragüenses a participar en ese proceso de verificación que es una oportunidad para el ciudadano y es una obligación del Consejo Supremo Electoral realizarla para que cada ciudadano compruebe que esta habilitado para ejercer el derecho al voto y que va a poder el 7 de noviembre votar contra esta dictadura para que el 8 de noviembre surja la democracia en Nicaragua.

¿Se le puede arrebatar a Ortega una elección ante una maquinaria de fraude institucionalizada, bajo estado de sitio policial y que toma de rehenes a los aspirantes presidenciales?

Hay que arrebatarlo con el voto masivo. La actuación que hemos estado viendo, inclusive, ellos saben que la tienen perdida.

De hecho, por eso, no solamente aprobaron un ordenamiento jurídico, que pretende casi eliminar la participación y el pluralismo político, sino que también, quieren evitar que participemos en las elecciones. Nosotros como Alianza Ciudadana por la Libertad, sentimos la responsabilidad de hacer la lucha hasta el último momento para que los nicaragüenses tengan la oportunidad de cambiar y tengan una opción electoral creíble a través de los candidatos que vayan en la Alianza Ciudadana.

Ahí se va a dar la unidad porque el voto masivo va atropellar a toda esa maquinaria que esta preparada sin duda para realizar un fraude. Y una vez, que salgamos el 8 de noviembre y sepamos que hubo ese voto masivo, y que se ha ganado, tendremos que emprender otra lucha si la dictadura pretende permanecer pese a la voluntad mayoritaria de la gente, para eso necesitamos si la participación masiva en las urnas electorales para decirle a la dictadura basta ya. Hasta aquí llegaron.


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Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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