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Abrao y Urrejola: “Justicia y transición democrática para Nicaragua”

Excomisionados CIDH resaltan las demandas de las víctimas hoy: el alcance inmediato de la justicia, dependerá del modelo de transición democrática

Paulo Abrao y Antonia Urrejola. Foto: Confidencial

30 de enero 2024

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Cinco años después de su visita a Nicaragua en mayo de 2018, como parte de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, los juristas y defensores de derechos humanos Paulo Abrao y Antonia Urrejola destacaron el agravamiento de la crisis de derechos humanos y ponderaron la esperanza de alcanzar la justicia como parte de un proceso de transición democrática.

“La imposición de un régimen totalitario que ni siquiera permite documentar las violaciones a los derechos humanos, ha impuesto un clima de miedo, silencio e impunidad en que Nicaragua se asemeja a una cárcel gigante”, afirma Antonia Urrejola, exrelatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Por su parte, el jurista brasileño Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, considera que sí hay esperanza para la justicia. “La esperanza está en la adopción de medidas y acciones en la oposición, dentro y fuera del país para alcanzar ese momento histórico de la transición democrática que permitirá ampliar las posibilidades de justicia”, destaca Abrao.

Urrejola resaltó el papel que ya están jugando las organizaciones de los  familiares de las víctimas, al documentar los asesinatos perpetrados por la represión estatal, pero advirtió que en Nicaragua será necesario “reformular el Poder Judicial que está intervenido por el régimen de Ortega Murillo”. El modelo y los alcances de la transición política “van a determinar en el tiempo inmediato el nivel de justicia” que se puede alcanzar, señaló Urrejola.

Abrao resaltó que ya existen casos que “se tramitan dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la causa de lesa humanidad justificada por jurisdicción universal en Argentina, y el caso de la brasileña Rayneia (Lima), en Brasil”, pero las posibilidades de justicia para Nicaragua en las Cortes internacionales todavía están siendo estudiadas.

En una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL los excomisionados de la CIDH destacaron el papel de las Comisiones de la Verdad en los procesos de justicia y advirtieron que hay crímenes de lesa humanidad que son delitos imprescriptibles, y que por lo tanto, no pueden ser amnistiados. Urrejola argumentó que en las transiciones políticas no hay un “canje”, entre justicia y estabilidad democrática, aunque si puede haber una “gradualidad”. “La experiencia demuestra que cuando se empiezan a canjear esas cosas, tarde o temprano terminan apareciendo igual y se inicia de nuevo este círculo vicioso. Pero si hemos visto en distintos países, que de acuerdo a las condiciones, lo que van haciendo democracias débiles es ir paso a paso. Eso es parte de los procesos de transición, lo que no quiere decir meter bajo la alfombra todo”, dijo la excanciller de Chile. 

Nicaragua: Una cárcel gigante”

En mayo de 2018 ustedes encabezaron la primera misión de la CIDH en Nicaragua, que documentó la crisis de derechos humanos y desde entonces no solamente las recomendaciones no se cumplieron, sino que la represión y la persecución se han agravado. ¿Cómo ven ahora la crisis de derechos humanos en Nicaragua? 

Antonia Urrejola: Lamentablemente, contra los pronósticos que teníamos inicialmente, la situación es mucho más crítica. Si bien los primeros meses, lo que uno veía eran graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, eso no se está viendo hoy, pero sí hemos visto la represión que ha llevado finalmente a cerrar cualquier posibilidad de organización ciudadana, de incidencia por la vía de las organizaciones de la sociedad civil de cualquier índole, por la prensa independiente, y lo que vemos es cómo se ha logrado, lamentablemente, acallar a la gente del interior de Nicaragua. Algunas personas hablan de que es una cárcel gigante en el sentido de no poder hablar, el temor de la gente de salir porque no saben si van a poder volver. 

Todo es mucho más grave, porque, además, la posibilidad de poder denunciar la violación a los derechos humanos es mucho más difícil con un régimen tan cerrado, y hay mucha información que quizás uno no tiene tampoco. 

Pareciera que algunos Gobiernos de América Latina y también algunas instituciones internacionales, han aceptado una cierta normalización de este tipo de dictadura totalitaria. ¿Se puede imponer la impunidad?

Paulo Abrao: Efectivamente, la comunidad internacional tiene sus límites de actuación respecto a Nicaragua. Si miramos las respuestas de los mecanismos de los sistemas internacionales, durante estos últimos cinco años se activó el sistema universal, y se activó el sistema interamericano. Hemos tenido muchas manifestaciones de la Comunidad Europea y sorpresivamente también hemos tenido posiciones críticas, incluso desde Gobiernos que supuestamente tendrían algún tipo de adherencia o identidad ideológica con el proyecto original del sandinismo.

Pero también ese ese aislamiento que Nicaragua hoy vive resultante de esta ausencia de implementación de recomendaciones internacionales, de recrudecimiento de la violación a los derechos humanos, de su orientación hacia a un régimen totalitario, todo eso hace que la comunidad internacional muchas veces quede en posición de espera.

El régimen ha sido muy inteligente en administrar la crisis, ceder en la liberación de presos políticos o eventualmente una u otra concesión. Pero nosotros, que hemos estado acompañando todo el proceso, sabemos que ellos toman esas decisiones, pero después adoptan otras para tener una moneda de cambio para de nuevo realizar concesiones. Entonces esa trampa se tiene que visibilizar internacionalmente, denunciarlo. 

Las últimas medidas que ha adoptado el régimen recientemente ha sido incorporar en la Constitución de la República la pérdida de nacionalidad por supuesta traición a la patria y también aplicar de forma sistemática, los destierros de facto. ¿Qué significan?  

Antonia Urrejola:  Claramente, son violatorias de los derechos humanos, y creo que efectivamente uno de los problemas pensando en el día de mañana es que un exilio de facto. En las dictaduras del Cono Sur, donde la gente que era exiliada hasta eso era legalizado. Y una tenía en el pasaporte un timbre que daba cuenta que era gente exiliada. Hoy, parte del problema no es solo es que no hay una formalización del destierro, sino que también quienes están desterrados, ¿cómo acuden a la ayuda y la cooperación internacional? Yo tengo que demostrar que soy perseguido político, tengo que demostrar que volver a Nicaragua pone en peligro mi vida. Antes era mucho más fácil, entre comillas, si yo tenía un documento que estaba marcado que daba cuenta de que uno no podía ingresar.

La gente más conocida, obviamente, todo el mundo sabe que están siendo perseguidos. Pero la gente más anónima que ha estado también en la oposición es mucho más difícil buscar el refugio, buscar trabajo, o la cooperación internacional. Desde la perspectiva de los derechos humanos, incluso es como una suerte de doble violación, el destierro de por sí, pero además que yo tengo que demostrar que soy perseguido, desterrado. 

La demanda de las víctimas y la justicia internacional

El régimen de Ortega ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por la violación y la perpetración del delito de genocidio, cuando este mismo Gobierno de Nicaragua ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad y también por la violación de convenios internacionales como el de la tortura y la apatridia, ¿podría ser Ortega enjuiciado en esa misma Corte? 

Paulo Abrao: Las posibilidades de justicia internacional para Nicaragua todavía están siendo estudiadas. Lo que hay son los casos que se tramitan dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la causa de lesa humanidad justificada por jurisdicción universal en Argentina, y el caso de la brasileña Rayneia (Lima). Pensar cuáles son los requisitos legales y las condiciones efectivas para activar otros foros de justicia internacional, sea la Corte (Internacional) de Justicia, sea un tribunal penal internacional, requiere una acumulación de alianzas y de condiciones efectivas para postularse, porque a estos foros se tiene que llegar con la seguridad de que vamos a ganar. No se puede arriesgar activar un foro internacional de esa naturaleza y eventualmente por cuestiones procedimentales o formales, no avanzar, lo que generaría aún más ausencia de esperanza para la gente.

Entonces yo creo que un día habrá decisiones tanto dirigidas a la responsabilidad estatal frente a estos hechos, así como responsabilidades individuales. Pero eso va a depender de cómo nosotros nos preparamos hacia una transición democrática dentro del país. En materia de registro y documentación estamos bien, pero hay otras acciones que se requieren para acumular fuerzas y  eventualmente llegar a estos otros foros de justicia internacional. 

¿Cómo ve la demanda de justicia de las víctimas? Algunas están documentadas individualmente en asociaciones de víctimas, otras han sido conocidas también por comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos. ¿Y qué papel podría jugar la Justicia en una transición política en Nicaragua? 

Antonia Urrejola: En primer lugar, lo que han hecho las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos al interior del país, más allá de la frustración que yo entiendo (porque no se ha hecho justicia), es elemental para cualquier futuro de justicia en Nicaragua. Es un trabajo indispensable el que se está haciendo hoy día y creo que eso hay que hay que rescatarlo, porque yo sé que hay voces que --para qué tanto trabajo si seguimos como estamos y peor. Ese trabajo es fundamental y lo ha demostrado la experiencia en otros países de la región, que han sufrido regímenes autoritarios o dictatoriales, el trabajo previo y la documentación que a veces es lo más difícil.

En términos de justicia, sin lugar a dudas, pensando en el día de mañana, yo creo que un tema fundamental va a ser la reformulación del Poder Judicial en Nicaragua. Eso va a requerir un trabajo previo, porque el Poder Judicial está intervenido por el régimen de Ortega Murillo, es un sistema judicial que va a requerir también modernizarse, como ha pasado en otros países, y no solo garantizar la independencia y la autonomía que hoy día no está, pero también ver qué Poder Judicial requiere Nicaragua para una nueva democracia. Es decir, esperar, además, que llegue la democracia, que se cambie el Poder Judicial, eso es lo deseado, pero hay posibilidades de justicia con acompañamiento internacional. Hay experiencias donde la comunidad internacional acompaña las investigaciones internas y creo que eso es la primera medida en cualquier transición: empezar, desde ya, a hacer denuncia ante los tribunales.

Lamentablemente, con el Poder Judicial que existe ahí hay que ver cómo se van haciendo los cambios. Y esos cambios se empujan a través de las denuncias en los distintos tribunales nicaragüenses con el acompañamiento internacional. 

El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que fue promovido por la CIDH, aunque era autónomo, recomendó, por ejemplo, la creación de una Fiscalía Especial y de otra serie de acciones, tomando en cuenta que en Nicaragua la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial están completamente desmantelados por la intervención de la dictadura. 

Paulo Abrao: Estas recomendaciones siguen vigentes y necesarias y desde ese informe del GIEI, que se terminó a fines de 2018, ya pasaron otras cosas que incluso nos ayudan a elaborar qué otras acciones serían necesarias para establecer las posibilidades de una justicia en el plano nacional cuando una transición llega. Pero también la complementariedad de la actuación del Sistema Internacional.

La idea de justicia en el ámbito internacional va más allá de sanciones individuales dirigidas a determinadas personas. Y esa es una mirada que debemos incorporar en nuestras perspectivas. De cierta manera ya se está construyendo justicia internacional para Nicaragua. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos activó un mecanismo especial que ha sido el GIEI, después ha mantenido un monitoreo permanente que está diagnosticando las violaciones, pero también informando sobre los responsables de esas violaciones, como ha sido el trabajo del Meseni. El sistema universal ha creado el Grupo de Expertos (de la ONU) que hoy todavía está en funcionamiento. Todas esas instancias son, en sentido más amplio, de construcción de justicia internacional.

Si miramos desde una perspectiva estricta, obviamente esperamos el encarcelamiento, la sanción de actores específicos. Ese es un momento que llegará, pero como resultado de ese proceso que ya se viene construyendo. Y creo que la acción de jurisdicción universal en Argentina, la acción de Rayneia (Lima) y los casos que referentes a la crisis de abril 2018 que ahora empezarán a llegar a la Corte Interamericana, también van amplificar esa necesidad de otros caminos de justicia para Nicaragua. 

No hay amnistías ni “canje” entre justicia y democracia

En algunos países que salen de dictaduras prolongadas o de crisis autoritarias, se debate a veces el dilema sobre cómo encarar esta demanda de verdad y de justicia. Nicaragua es un ejemplo también de eso, de descartar ese tipo de discusiones por temor a abrir heridas, a provocar divisiones. ¿Existe acaso un canje entre verdad y justicia, y democracia y estabilidad? 

Antonia Urrejola: No hay un canje. Yo creo que,  más allá de la perspectiva de derechos humanos, pero desde el realismo político, no es un canje, sino más bien una gradualidad. En un país como Nicaragua, en un escenario de democracia incipiente requiere una estabilidad para fortalecerse, requiere estabilidad para poder hacer las reformas necesarias, pero eso no implica meter bajo la alfombra las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado. 

Y hay distintas experiencias de cómo enfrentar esas violaciones desde las Comisiones de la Verdad, que no necesariamente establecen sanciones penales, pero sí algo que me parece fundamental en la historia de Nicaragua, permiten establecer la verdad y no solo la verdad de 2018 en adelante, sino qué es lo que llevó al 2018, qué es lo que ha llevado a la institucionalidad que hoy día tiene Nicaragua y eso se puede hacer sin necesariamente ir a los tribunales. 

Y, por otra parte, también muchos países han ido avanzando en materia de justicia criminal, primero concentrándose en los altos mandos y posteriormente ir viendo otros responsables o concentrándose en determinados crímenes. Hay que establecer que independientemente cuál sea esa transición en Nicaragua, hay ciertos delitos que no pueden ser dejados. No se pueden establecer, por ejemplo, leyes de amnistía. Hay parámetros indiscutibles que tienen que ver con aquellos crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y que no pueden ser amnistiados. Por lo tanto, en absoluto, no son canjeables.

La experiencia demuestra que cuando se empiezan a canjear esas cosas, tarde o temprano terminan apareciendo igual y se inicia de nuevo este círculo vicioso. Pero si hemos visto en distintos países que, de acuerdo a las condiciones, lo que van haciendo democracias débiles es ir paso a paso. Es conflictivo, porque efectivamente las víctimas quieren justicia, ahora y ya y respecto de todo. Pero esa es parte de los procesos de transición, lo que no quiere decir meter bajo la alfombra todo. 

Mientras tanto, en estos momentos en que en Nicaragua la palabra está criminalizada, la libertad de expresión, la disensión, el derecho de la gente a reclamar la verdad, ¿qué esperanza de justicia pueden tener las víctimas? ¿Qué pueden hacer hoy? 

Paulo Abrao: Me parece que el gran tema hoy es pensar cuáles son las condiciones para instalar un ambiente hacia una transición democrática para el país. Sí hay esperanza, esa esperanza está exactamente en la adopción de medidas y acciones en la oposición, dentro y fuera del país para alcanzar ese momento histórico que permitirá ampliar las posibilidades de justicia. Depende mucho del tipo de transición que se instale en cada uno de los países. en experiencias de transiciones pactadas, normalmente las posibilidades de justicia tienen un tiempo un poco más largo de implementación, a veces en una transición por ruptura, la desmoralización de los actores que han sido los perpetradores de violaciones de los derechos humanos, remite inmediatamente a juicios.

Entonces, que pensar hoy las condiciones para construir y alcanzar esa transición y que esas condiciones nos lleven a una transición que genere el mejor ambiente para la construcción de una justicia inmediata es un gran desafío, que cabe a nosotros, que estamos apoyando desde afuera; a la oposición que está organizando también en el exilio; a las personas están desde el país y que a pesar de que están indignadas, están calladas, están indignados; y qué puede estar elaborando y pensar la sociedad. Entonces es algo que va a requerir bastante reflexión y bastante movilización. 

Lo que están diciendo es que la profundidad o el alcance de la justicia en buena medida depende de la profundidad de la transición democrática, es decir, de cuál es el resultado de esa transición. 

Antonia Urrejola: Efectivamente, el modelo de transición va a determinar en el tiempo inmediato el nivel de justicia, pero no necesariamente los primeros años va a determinar lo que viene después. Chile es un ejemplo, fue una transición pactada, tuvo una Comisión de la Verdad que fue muy importante, pero solo referido a desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. No estaba, por ejemplo, el tema del exilio o la tortura, eso vino después, tenía que ver con que Pinochet era comandante en jefe, que había senadores designados.

Y había un legado de la dictadura, implantado en el Estado.

Antonia Urrejola: En el Estado y en el Poder Judicial, y por lo tanto lo primero fue alcanzar verdad. Y esa verdad también fue de alguna manera tener cierta justicia, no justicia en términos de sanciones, pero las víctimas y sus familiares pudieron ir a una Comisión y dar sus testimonios. Incluso ya ser reconocido finalmente en una Comisión de la Verdad como víctima es un hecho que va avanzando.

Y luego lo que llegó en el caso de Chile a acelerar los procesos criminales, hacer una comisión de tortura, fue el caso Pinochet, que es jurisdicción universal cuando Pinochet fue detenido (en Londres), porque eso obligó también al Poder Judicial chileno a decir –si trajimos de vuelta a Pinochet, si la demanda es de mayor justicia, y no a la impunidad, tenemos que responder. Y era más o menos el mismo Poder Judicial. Claro que fue cambiando, pero el propio Poder Judicial se dio cuenta que tenía que responder porque lo que se cuestionaba era que en Chile no se podía hacer justicia.

Y eso fue un cambio en la transición chilena fundamental en términos de la justicia. Tomó tiempo, y efectivamente uno habla con las organizaciones de víctimas y hay mucho enojo en los primeros años de la transición, pero lamentablemente las transiciones se dan en un contexto de equilibrio de poderes que son complejos. 

Paulo Abrao: Creo que hay un elemento importante de construcción de correlaciones de fuerzas, de acumulación de fuerzas de aquí a una eventual transición. Depende de muchas acciones que se deben implementar ahora. La justicia, en un sentido más estricto, llegará. Obviamente que no se puede afirmar cuándo y cómo, pero llegará. Llegará porque hemos estado acompañando las experiencias históricas, el conocimiento de la verdad es un proceso donde se revela y visibiliza todas las atrocidades, y muchas veces las comisiones de la verdad también construyen la identificación de responsabilidades individuales.

Se están construyendo las bases para una responsabilidad individual y eso muchas veces también está un poco fuera de nuestro control, como fue el caso chileno. O sea, fue un juez español que de repente activó a la justicia universal y eso ayudó la justicia interna de Chile, para poder implementar un ambiente de justicia. y hay otra experiencia, otros países que las cosas también pasan por ahí.

Entonces, hablar de justicia hoy para Nicaragua requiere de nuestra parte una visión amplia de qué significa, del propio concepto de justicia, pero también de la importancia de mantener un estado de movilización y de organización de la resistencia democrática para que tengamos una transición democrática un día,  que sea la más favorable posible para una celeridad del alcance de esa justicia esperada. 

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Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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