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Una carta abierta a Joe Biden sobre la fiscalidad corporativa internacional

"Le solicitamos que cumpla con su promesa de 'liderar esfuerzos a nivel internacional para aportar transparencia al sistema financiero global'"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla sobre la respuesta Covid-19 de su administración en el Comedor Estatal de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 21 de enero de 2021. // Foto: EFE

José Antonio Ocampo

27 de febrero 2021

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Estimado Sr. presidente,

El mundo le ha dado la bienvenida a su elección y a su promesa de volver a colocar el compromiso diplomático con la comunidad internacional en el centro de la política exterior de Estados Unidos. Al movilizar a los gobiernos a crear las condiciones para una recuperación económica global equitativa y ambientalmente sustentable, su liderazgo puede fomentar cambios transformadores.


Durante demasiado tiempo, las instituciones internacionales no han sabido lidiar con uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales. Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos.

Al desviar sus ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales. Este déficit afecta no solo a Estados Unidos, donde alrededor del 50% de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor.

En calidad de miembros de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), le solicitamos que cumpla con su promesa de “liderar esfuerzos a nivel internacional para aportar transparencia al sistema financiero global, ir tras los paraísos fiscales ilícitos, recuperar activos robados y hacer que a los líderes que le roban a su pueblo les resulte más difícil ocultarse detrás de compañías ficticias anónimas”. Para lograrlo, su administración debería involucrarse activamente en los esfuerzos en curso destinados a remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales, lo que hoy en día se está discutiendo dentro del proceso de la OCDE encomendado por el G20.

Desafortunadamente, estas negociaciones no han ido bien. Los gobiernos de los principales estados miembro (incluyendo la administración norteamericana previa) han negociado bajo la presunción errónea de que la mejor manera de servir su interés nacional es protegiendo a las multinacionales cuyas sedes centrales están al interior de sus fronteras. Las discusiones sobre la reforma de la fiscalidad internacional, por lo tanto, han sacrificado la ambición común a manos del menor denominador común.Bundle2021_web4

Mientras tanto, las multinacionales siguen evadiendo impuestos que podrían ayudar a pagar el gasto público para respaldar la recuperación post-pandemia. El mundo no se puede permitir esto.

El proceso de negociación, de todos modos, ha llegado al acuerdo de que las multinacionales deberían ser consideradas como empresas unitarias. Esto significa que sus ganancias a nivel mundial deberían ser gravadas en línea con sus actividades reales en cada país. Es un concepto familiar en Estados Unidos, donde las ganancias corporativas son asignadas a diferentes estados en base a fórmulas, según los factores clave que generan ganancias: empleo, ventas y activos. Pero la propuesta actual aplica este criterio de asignación solo a un pequeño porcentaje de las ganancias globales de una empresa –particularmente aquellas de multinacionales altamente digitalizadas, que están radicadas esencialmente en Estados Unidos.

El comercio electrónico creció casi un tercio durante la pandemia y es crucial que no solo las multinacionales digitales, sino las operaciones comerciales digitales de todas las multinacionales paguen lo que les corresponde en materia de impuestos. Por lo tanto, debería adoptarse una reforma ambiciosa e integral que replique el sistema norteamericano a nivel internacional, sin distinción entre empresas digitales y no digitales. Una regla de esta naturaleza ayudaría a establecer un campo de juego más nivelado, reducir distorsiones, limitar las oportunidades para la evasión fiscal y brindar certeza a las multinacionales y a los inversores.

Este sistema debería estar respaldado por un impuesto mínimo global a las multinacionales, poniendo fin a la nociva competencia tributaria entre países y reduciendo el incentivo para que las multinacionales desvíen ganancias a paraísos fiscales. Pero la tasa mínima del 12.5% que se está discutiendo en la OCDE y en otras partes podría convertirse en el techo global, en cuyo caso la iniciativa loable de obligar a las multinacionales a asumir su parte justa de los impuestos terminaría logrando exactamente lo contrario.

Su campaña prometió aumentar el impuesto mínimo en Estados Unidos sobre las ganancias en el exterior de las corporaciones norteamericanas (conocido como “GILTI”) al 21%. Esta medida no solo tendría el mérito de aumentar los ingresos fiscales de su país; también ofrecería el respaldo político para que los responsables de las políticas en otros países siguieran el ejemplo.

Un impuesto mínimo global ambicioso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la evasión fiscal. Si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25% (como recomienda la ICRICT) sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90% de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25% o más. Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en su audiencia de confirmación que su administración aspiraba a “trabajar activamente con otros países” para “intentar frenar lo que ha sido una carrera destructiva y global hacia el abismo en materia de fiscalidad corporativa”. No existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. El recorte de la tasa en Estados Unidos en 2017 esencialmente terminó financiando pagos de dividendos y recompras de acciones.

La fiscalidad corporativa es, en efecto, un impuesto a las ganancias puras, de manera que reducir la tasa tiene poco efecto en la actividad económica. En otras palabras, los impuestos corporativos son esencialmente una retención a cuenta sobre los dividendos y así un impuesto a las rentas de los ricos, porque las participaciones (directa o indirectamente a través, por ejemplo, de fondos de pensiones) están distribuidas de manera aún más desigual que los ingresos.

Le pedimos que garantice que Estados Unidos una vez más lidere con el poder del ejemplo y coopere con otros países dispuestos a generar una reforma integral que sea equitativa para Estados Unidos y para el resto del mundo. Hasta que no se adopte una reforma equitativa de estas características, las sanciones comerciales contra los países que ya han decidido gravar a las empresas digitales –muchos de ellos, países en desarrollo desesperados por ingresos adicionales- serán contraproducentes.

Volver a involucrarse en el sistema multilateral aceptando a la vez un compromiso internacional débil en materia de tributación de las multinacionales, lejos de restaurarla, erosionará aún más la confianza en el sistema. Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar. Para la ICRICT sería un honor apoyar a su administración para alcanzar este objetivo crucial.

Este comentario también está firmado por Edmund Valpy Fitzgerald, Kim Jacinto-Henares, Eva Joly, Ricardo Martner, Suzanne Matale, Léonce Ndikumana, Irene Ovonji-Odida, Thomas Piketty, Magdalena Sepúlveda Carmona, Wayne Swan y Gabriel Zucman.

Este artículo fue publicado originalmente en Project Syndicate.


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José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo

Economista, sociólogo y político colombiano. Fue subsecretario general de las Naciones Unidas y ministro de Hacienda y Crédito Público. Es profesor de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de la ONU y de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas.

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