28 de octubre 2016
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Que Nicaragua es un país con instituciones estatales en bancarrota pocas personas sensatas lo ponen en duda. Es tal la quiebra de las instituciones que ningún nicaragüense está a salvo de ser tratado con la arbitrariedad y el menosprecio de quienes se supone tienen la obligación de regirse con justeza, imparcialidad y el respeto a los derechos ciudadanos; ni siquiera los adeptos al ortegato porque es un régimen que no se rige por el Estado de derecho sino por el estado de ánimo de una sola persona.
Las próximas “elecciones” no harán otra cosa sino agravar la bancarrota y quienes no nos sintamos representados por esas instituciones, sin recursos ni poder para cambiarlas desde dentro no nos queda otra opción que cambiar -o más bien recuperar- el significado con el que una vez fueron creadas. Porque las instituciones tienen -para decirlo de forma simplista- dos partes: la formal o material y la sustantiva o moral. Pero este cambio o resignificación de las instituciones no puede dejarse solamente en manos de los políticos ni de los académicos; los generadores de bienes culturales, quienes siempre han tenido a su cargo la creación y difusión de los valores, tienen un papel insoslayable.
En general se asume que la legitimidad de las instituciones políticas se expresa en la adecuación de sus comportamientos a los valores aceptados por la población, una perspectiva que explica el cambio institucional, cuando la brecha entre ambas partes se abre tanto que termina tragándose a las primeras por su falta de correspondencia con lo que piensa la población. Pero también su supervivencia ruinosa cuando las instituciones (el significante) son mantenidas contra viento y marea a pesar de contravenir la ética predominante en la sociedad (el significado).
Acreditado el origen social de las instituciones surge la pregunta si la quiebra de las instituciones políticas de Nicaragua es un reflejo de la ruina de las instituciones sociales (valores, prácticas y reglas informales) que lo consiente, o si realmente se debe a una brecha entre ellas por el rezago de las primeras respecto a las segundas.
Sin obviar que en la sociedad perviven actitudes que fomentan la bancarrota de las instituciones, las contrarreformas auspiciadas por el pacto Alemán-Ortega ha contribuido mucho más a la misma. Las instituciones, en su calidad de reglas del juego, han venido deteriorándose para ajustarse inicialmente a la conveniencia de dos jugadores y posteriormente al proyecto dinástico del orteguismo. Pero no sólo eso. No contentos con la desnaturalización de las instituciones ha tratado de hacer germinar en la población antivalores y conductas de la opresión y el exterminio de quienes piensan diferente del régimen.
En sentido contrario al proceso de construcción de las instituciones que va de la habituación (o creación de pautas sociales por la repetición de comportamientos)a la objetivación (o materialización de la institución), el orteguismo opera desde las altas esferas del Estado que han sido saqueadas para habituar a la población a sus atropellos contra la legalidad: legitimar la concentración de todos los poderes en una sola persona y su familia, justificar la exclusión política de quienes aspiran legítimamente a disputarle el gobierno yhabilitar acciones de represión, como el espionaje político en contra de medios de comunicación, con el supuesto beneplácito de los gobernados.
Frente al desafío del autoritarismo de dotarse de una legitimidad a su medida, toca hacer lo que han hecho otros pueblos que han sabido vencer un sistema de dominación que los superaba en violencia: rescatar los significados que alguna tuvieron o prometieron las instituciones de la democracia como modo de gobierno y de convivencia. Esto implica rescatar las instituciones como espacios de regulación del orden social, pero también como costumbres y valores compartidos socialmente (los que fuesen rescatables, por supuesto). En síntesis la construcción de un relato alternativo al del ortegato que desmonte sus mentiras y antivalores, y reivindique la vigencia de los derechos humanos y del imperio de la ley.
Al igual que otros pueblos, este esfuerzo no puede ser empresa exclusiva de los políticos ni los académicos. En ella tienen que intervenir los reproductores de la cultura en todas sus expresiones. La fe en un futuro mejor difícilmente podrá ser forjada de manera exclusiva por ensayos filosóficos, tratados jurídicos o estrategias políticas si no se transmiten a través de la literatura, la poesía, la música, la pintura o el teatro.
Corresponde a estas expresiones culturales exaltar comportamientos ejemplares de la población, para poner al derecho valores que han sido puestos al revés por el régimen y sus voceros, como la solidaridad y el bienestar. El derecho a la libertad frente a la opresión tiene que ser más fuerte que la resignación ante los hechos consumados del próximo 6 de noviembre.
Este es uno de los peligros (¿acaso el mayor?) que se corre tras la farsa electoral: que presas del desaliento, los nicaragüenses opuestos al proyecto dinástico caigamos en el derrotismo y terminemos asumiendo su credo como el único posible. De ocurrir esto el régimen por fin podría cerrar el círculo de la hegemonía por la vía del consentimiento y la dictadura se vería entronizada sin necesidad de recurrir a la violencia que ha exhibido desde 2007.
Cuentan los historiadores que fueron los poetas del ágora ateniense quienes conjuraron los deseos de algunos ilustres ciudadanos de rendirse ante los persas tras la derrota en las Termópilas. Fueron ellos, los poetas, y no sólo los estrategas militares quienes hicieron creer que era posible vencer a un enemigo mil veces superior en la batalla naval de Salamina.Tal vez es tiempo de que nuestros poetas certifiquen que estamos en la fase más oscura de la noche antes del amanecer.
El domingo 6 de noviembre se dará una nueva vuelta a la soga que anuda el cuello de los nicaragüenses. Ante este escenario, parafraseando a Gandhi, merece la pena hacernos saber que podrán seguir destruyendo las instituciones y repartiendo las migajas a sus comparsas; también podrán inventarse diálogos con la OEA para remendar su legitimidad internacional; pero si no tienen nuestra obediencia no podrán solventar la bancarrota por déficit de legitimidad social que aqueja la impostura del régimen dinástico.
