20 de mayo 2020
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La pandemia de covid-19 ha puesto en jaque a los gobiernos del mundo y Nicaragua no es la excepción, aunque la respuesta del régimen Ortega-Murillo ha sido tan irresponsable como desconcertante. Pero, ¿qué implicaciones tiene la estrategia del régimen ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?
Lo primero que hay que decir es que no estamos ante un genocidio por no existir la intención de exterminar a la población de un país, ni estamos ante Crímenes de Lesa Humanidad porque la omisión no está dirigida contra un grupo específico, a pesar que el Papa Francisco haya calificado como “genocidio virósico” no defender a los pueblos del covid-19. Entonces, ¿Frente a qué estamos?
Supongamos por un momento que la mentalidad del régimen Ortega-Murillo no es tan retorcida y que le apuestan a la propuesta de Anders Tegnell, el epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública sueca que está a cargo de la estrategia contra el covid-19. En términos generales, Suecia le ha apostado a la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, o sea, ante la falta de vacunas, aspiran a que el 40% de la población de Estocolmo haya adquirido el virus para finales de este mes, como una estrategia a largo plazo para evitar futuros brotes de contagios.
No obstante, es falso decir que no han adoptado medidas, ya que entre otras cosas: Están prohibidas las concentraciones de más de 50 personas; hay suspensión de clases a estudiantes mayores de 16 años; se incentivó el trabajo desde casa; se impactado en la reducción del transporte y movilidad; y se implementaron de medidas de sana distancia en la interacción social cotidiana.
Al 18 de mayo la BBC informó que en Suecia había unos 3674 decesos en una población de poco más de 10 millones, y que mitad de estos decesos se produjeron en asilos. Si bien estos números son mayores que los de Dinamarca (543), Noruega (242) y Finlandia (297), países vecinos que aplicaron cuarentena y cuentan con la mitad de la población sueca, no son drásticamente superiores. Además, la estrategia sueca supone: Un impacto menor en una segunda ola de contagios; evita un incremento de la violencia domestica asociada al confinamiento; y previene otras secuelas de salud mental también vinculadas al confinamiento.
Pero el problema con el modelo sueco, es que no tiene perspectiva de Derechos Humanos. Que la mitad de los decesos se hayan presentado en adultos mayores por falta de medidas de prevención, es obviar las obligaciones generales del Estado de atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, desde los Derechos Humanos es inaceptable dejar morir a los más débiles.
Esto quedó de manifiesto cuando países como Italia, España y México adoptaron “Guías Bioéticas” en el contexto de la pandemia que brindan criterios de prioridad (Triage) para la atención médica ante la saturación de los servicios de salud. No fue hasta que se puso en perspectiva el tema que, ante los limitados servicios de salud hay vidas que pueden valer más que otras desde la praxis médica.
Al valorarse esos criterios médicos como discriminatorios, la opinión pública se centró en demandar el incremento de la capacidad de los servicios médicos para hacer frente a la pandemia, eso sólo fue posible por atender la problemática con enfoque de Derechos Humanos.
Si la idea del régimen es la adopción del modelo sueco, no es un modelo con enfoque de Derechos Humanos, a lo que hay que sumarle los atropellos propios del régimen en la pandemia. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado primero de mayo, un comunicado sobre el respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas por covid-19, y del análisis del comunicado se puede concluir que los entierros nocturnos violan Derechos Humanos.
Las dificultades para enterrar y negativa de ritual fúnebre viola la integridad psíquica y física de los familiares; La imposibilidad de despedir a los familiares bajo sus propios rituales, costumbres y símbolos religiosos, viola la libertad conciencia y religión; La obstaculización de forma arbitraria de la asistencia al entierro de un familiar o amigo, impidiendo la realización de un homenaje en su tumba, es una injerencia indebida y por tanto viola la vida privada y familiar.
Si bien el origen de los entierros nocturnos es un mecanismo de censura para que no trascienda el impacto del covid-19 en Nicaragua, el régimen se vio obligado a revelar datos; 254 contagios y 17 decesos podría parecer una cifra aceptable para aplacar las críticas. Empero, mi intuición me dice que el número de decesos es más cercano a las 309 muertes por neumonía reconocidas por Ortega el pasado 18 de mayo.
Para concluir, no creo el régimen Ortega-Murillo tenga en mente afrontar la pandemia en Nicaragua con la metodología de Tegnell, sino que su actuar se explica desde la búsqueda de la sobrevivencia política, ya que aplicar medidas apropiadas significaría su debilitamiento y hasta su caída. Por otro lado, si bien no estamos en presencia de un Crimen Internacional, si hay responsabilidad internacional del Estado que se suma a los Crímenes de Lesa Humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el régimen, violando derechos como: La verdad; la vida; la salud; la integridad física y psíquica; la libertad de culto; la vida privada; y la libertad de expresión e información, entre otros.
Maestro en Derechos Humanos
