27 de enero 2018
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Es positivo que al término de los últimos Planes Nacionales de Desarrollo Humano de Nicaragua (2008-2011) y (2012-2016), el gobierno finalmente publique los resultados alcanzados para el lineamiento de seguridad ciudadana. Una parte fundamental del quehacer de los gobiernos se refiere al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Humano, es una política pública que fomenta soluciones para alcanzar metas económicas y sociales, que traerán inversión y mejorará el desarrollo del país.
Una opción para medir la gestión pública y su contribución a las políticas públicas es contar con indicadores de evaluación del desempeño. Como bien menciona el documento, Nicaragua alcanzó buenos niveles de seguridad en la reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, hubo una reducción de la tasa robos con intimidación a nivel nacional, y mejoró la efectividad policial. Pero más allá de eso, ¿qué nos dicen las estadísticas y los argumentos presentados en el Libro Blanco de la Seguridad?
Los problemas analizados en el documento son muy generales, y no permite analizar otras situaciones sensibles que aún no han sido del todo resueltos en el país como la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, los femicidios, las lesiones por riñas callejeras y los accidentes de tránsito, por mencionar algunos. Esta omisión e invisibilización no sólo se observa en los resultados de la gestión gubernamental, sino también en el contenido de los Planes Nacionales, en vista que los indicadores de medición de éxito o desempeño para la seguridad únicamente prioriza a la tasa de homicidios, el porcentaje de casos resueltos de denuncias y faltas, y los números de despachos y controles migratorios. Si únicamente nos quedamos con estos indicadores de medición, definitivamente no cabe duda que, “Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica”.
Lógicamente, ante la limitada lista de indicadores propuestos y la poca información disponible, es muy difícil realizar una evaluación de impacto que determine si el Plan Nacional de Desarrollo Humano ha producido los efectos deseados para mejorar la seguridad de las y los nicaragüenses. En el caso de la violencia contra las mujeres, en el texto del Plan, incorpora la creación de la Política para el Desarrollo de la Mujer, con el fin de verlas como sujetos impulsores de cambios y generadores de desarrollo. Pero la incidencia y gravedad de la violencia perpetuada contra este grupo es muy alarmante en el país, sumada a la creciente ola de femicidios, violencia sexual hacia mujeres y menores de edad, te hace preguntarte ¿para quienes es el país más seguro?
Según la última investigación de IPAS Centroamérica, en la última década en Nicaragua 16,400 menores de catorce años han dado a luz. Estas cifras registradas indican que la violencia sexual es un problema que aumenta de manera silenciosa ante los ojos de las autoridades, en vista que el Código Penal de Nicaragua establece en el artículo 168 que “cuando la víctima tiene menos de 14 años debe presumirse la falta de consentimiento, y por tanto, la violación”.
En el documento no se menciona absolutamente nada de este problema, quedando invisibilizado en su totalidad. Tampoco aparece una explicación oficial del cierre de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la entidad especializada de la Policía Nacional para atender los casos de violencia en los barrios y comunidades, que además, era una de las principales instituciones para la aplicación del Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI) que propone un abordaje interinstitucional y multisectoral para la protección y atención de las víctimas de violencia.
En general, el Estado resta importancia a la situación de las mujeres, e invisibiliza la violencia a la que están expuestas. Esa es la razón por la cual existe una clara diferencia entre las estadísticas que registra la institución policial y las que llevan organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de mujeres, insisten en que el problema radica en la tipificación de los delitos, por ejemplo la agresión contra las mujeres de parte de sus maridos, la Policía las tipifica como faltas penales, entre estas el asedio (3,806 casos en el 2017 en Managua) o como agresión contra las personas. Esto lo que hace es ocultar la violencia contra la mujer, pero no la disminuye en la realidad. La consecuencia es que los únicos beneficiados son los agresores cuyos delitos siguen en la impunidad o reciben una pena menor a las que les corresponde.
El Libro Blanco de la Seguridad es exitoso solamente si se utilizan los lentes más básicos, pero si hacemos un zoom a la información presentada, podemos observar que el panorama es mucho más amplio y complejo de lo que se cree. No se puede olvidar, que si continuamos repitiendo el discurso que “Nicaragua es el país más seguro de la región”, haciendo uso de los homicidios como el único indicador de medición, definitivamente, otros delitos que constituyen problemas de salud pública y derechos humanos, quedarán totalmente despreciados y excluidos de las soluciones a los grandes problemas de seguridad de Nicaragua, y nos hará preguntarnos ¿Para quién somos el país más seguro?
*Skarlleth Martínez Prado es relacionista internacional e investigadora de temas de seguridad ciudadana en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
