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Negar el acceso al país también es un crimen de lesa humanidad

Son centenares de casos: Daniel Ortega acude al desplazamiento forzado de personas para extender su política represiva fuera de las fronteras

Daniel Ortega Aislamiento

Foto: Presidencia

Uriel Pineda

2 de agosto 2023

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Una auténtica pesadilla, es lo que vivió el periodista nicaragüense Marcos Medina al presentarse con su familia al counter de una aerolínea con su familia pretendiendo regresar a Nicaragua, dónde solo le informaron que, por disposiciones de las autoridades de ese país, no les estaba permitido regresar. Sus vidas, tal y como la conocían hasta ese momento desapareció y les tocará iniciar de cero, a como sea y donde puedan. Pero ¿qué implicaciones tiene esto desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?

Como punto de partida es importante destacar que ciertamente no existe un computo o sistematización independiente de este tipo de casos, que supera holgadamente el centenar, ya que en diferentes momentos en los últimos años, la misma medida le ha sido aplicada a: familiares de personas presas políticas; familiares de personas en el exilio; familiares de personas a quienes se les ha privado arbitrariamente de su nacionalidad; periodistas; personas defensoras de derechos humanos; sacerdotes; y personas con doble nacionalidad.


Lo anterior, verifica la existencia de una política de Estado que busca extender la represión más allá de las fronteras nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo, política que busca finalmente silenciar las voces que demandan el restablecimiento de la democracia en el país y/o cortar cualquier tipo de apoyo o colaboración que esta causa pueda recibir.  La existencia de Crímenes de Lesa Humanidad requiere un elemento contextual que puede inferirse de la sistematicidad indicada previamente y se perfecciona cuando se presenta el resultado.

En el caso que nos ocupa, al igual que los otros casos, el resultado es el desplazamiento forzado de personas, toda vez que impedir el ingreso de nicaragüenses a su país, es una acción coactiva que impide a las víctimas permanecer en su propio país sin que existan razones autorizadas por el Derecho Internacional para restringirles el ingreso y/o residencia, obligando a las víctimas a ser solicitantes de asilo y/o refugio fuera de Nicaragua.

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Si bien la problemática lleva algunos años, se ha invisibilizado por la existencia de al menos tres razones: el perfeccionamiento de la política represiva del régimen; el desgaste de la comunidad internacional respecto de Nicaragua; y la desarticulación opositora. En lo concerniente al perfeccionamiento de la política represiva, en los inicios de la crisis sociopolítica el régimen asesinó sin mayor contemplación, encarceló y torturó, volvió a encarcelar y torturar, desterró masivamente y ahora lo hace selectivamente al impedir el ingreso al país, pero siempre como parte de la continuidad de la política de Estado, aunque atenuada en sus efectos.

Respecto del desgaste de la comunidad internacional, existe un agotamiento sobre el tema de Nicaragua, desgaste que alcanza a instancias internacionales como la propia CIDH, quien ha sido incapaz de brindar protección por el efecto extraterritorial de las violaciones, les ha faltado creatividad. El riesgo de este desgaste es que al mediano plazo pueden surgir voces e iniciativas en el seno de la comunidad internacional pretendiendo obviar o aminorar lo ocurrido, puedo precisar como ejemplo de ello los casos de Siria y Venezuela.

Finalmente, debemos partir del hecho que la política represiva del régimen logró una desarticulación opositora, ya que en Nicaragua no existe ni el menor asomo de juego democrático. En todo caso, lo que existe en Nicaragua es un activismo por el restablecimiento de la democracia, activismo que más que la unidad opositora (inexistente por antonomasia) requiere la articulación de esfuerzos y acciones de grupos diversos que conforman el activismo por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Es justamente la desarticulación opositora, lo que impide una sistematización y visualización de la política represiva, sistematización y visualización que tiene la posibilidad de contener el agotamiento de la situación de Nicaragua ante la comunidad internacional.

Daniel Ortega y Rosario Murillo acuden al desplazamiento forzado porque es la única forma de extender su política represiva fuera de las fronteras de Nicaragua, necesitan silenciar a las voces críticas que aún demandan el restablecimiento democrático en el país y cortar cualquier red de apoyo que estos actores puedan tener a lo interno del país. Por el perfeccionamiento de la política represiva del régimen, el desgaste de la comunidad internacional sobre el tema de Nicaragua y por la desarticulación opositora, el desplazamiento forzado personas como crimen de lesa humanidad por negar el ingreso al país, plantea un reto mayúsculo a la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, este crimen permanece invisibilizado hasta hoy.

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Uriel Pineda

Uriel Pineda

Abogado nicaragüense, máster y consultor independiente en Derechos Humanos, radicado en México.

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