16 de junio 2024
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Las elecciones mexicanas nos dejaron muchas sorpresas y pocas certezas: Claudia Sheinbaum, protegida del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), ganó de manera arrolladora —superó a su rival más cercano por más de 30 puntos porcentuales— y se convirtió en la primera presidenta del país.
Su partido, Morena, ganó siete de los nueve estados en disputa, además de la gobernación de Ciudad de México, pero más significativo todavía es que el partido estuvo a punto de conseguir una supermayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Aunque el resultado refleja la popularidad de AMLO y algunas de sus políticas económicas, también ha causado preocupación por el futuro de la joven y frágil democracia mexicana.
La rotunda victoria de Sheinbaum se puede atribuir en parte al aumento del ingreso disponible de la mayoría de los trabajadores mexicanos, tanto del sector formal como del informal. En los últimos cinco años el salario real mínimo se duplicó y el salario promedio en la economía formal aumentó aproximadamente el 10% en términos reales.
Los programas de bienestar social orientados a los ancianos, personas con discapacidades, comunidades indígenas, alumnos de escuela secundaria, jóvenes desempleados y agricultores del sudeste mexicano también desempeñaron un papel fundamental en ese aumento. AMLO impulsó con fuerza esas dádivas —que, según se estima, beneficiarán a 28 millones de mexicanos este año— remarcando con frecuencia que se ocupaba personalmente de supervisar su entrega.
Ciertamente, todos los servicios públicos esenciales como la atención sanitaria, educación, seguridad y vivienda se deterioraron durante el Gobierno de AMLO, algo que aparentemente no importó a los votantes: esos servicios siempre habían sido inadecuados y la ética tradicional mexicana del individualismo y escepticismo llevó a sus supuestos beneficiarios a creer que las dádivas en efectivo eran más valiosas que las promesas perpetuamente incumplidas de mejorar la atención sanitaria y las escuelas.
La historia económica mexicana puede ayudarnos a explicar cómo se las ingenió AMLO para poner en funcionamiento esas políticas sin causar aumentos de precios, quiebras generalizadas o déficits presupuestarios gigantescos: desde mediados de la década de los 80 los bajos salarios fueron la principal herramienta antiinflacionaria de los Gobiernos mexicanos, pero aunque fue una estrategia eficaz para controlar la inflación, también mantuvo el ingreso en niveles espantosamente bajos.
Por ello, incluso las mejoras pequeñas —como un estipendio mensual promedio de 80 dólares para los ancianos— pudieron tener un impacto significativo sobre el bienestar de la gente sin crear desafíos macroeconómicos importantes. Tal vez AMLO lo haya descubierto intuitivamente, pero, indudablemente, tenía razón.
La arrasadora victoria de Sheinbaum implica que su Gobierno tendrá mucha más libertad para impulsar la agenda legislativa, pero aunque el nuevo Congreso está convocado para el 1 de setiembre, AMLO continuará en ejercicio hasta finales de ese mes. Esa “ventana de setiembre” puso nerviosos a los inversionistas y llevó a que el peso se debilite y cayera la Bolsa mexicana.
AMLO podría, por ejemplo, aprovechar la ventana de setiembre para presentar en las cámaras de diputados y senadores sus propuestas de reformas judiciales y electorales. Esas amplias reformas buscan modificar instituciones fundamentales y agencias gubernamentales independientes —entre ellas, las responsables de garantizar la competencia y transparencia—; de ser aprobadas, los jueces de la Corte Suprema pasarían a ser elegidos mediante el voto popular y se eliminaría el sistema de representación proporcional del Poder Legislativo, reduciendo a sus miembros de 500 a 300.
Dado el resultado de las últimas elecciones, esto podría desembocar en que el partido ganador obtenga la supermayoría legislativa con mucho menos del 50 % del voto popular.
Independientemente de que se aprueben durante el mandato de AMLO o el de Sheinbaum, esas reformas de hecho eliminarían en gran medida la separación de poderes construida con tanto esfuerzo durante los últimos 25 años.
En el seno del plan de Morena para consolidar el poder yace la noción del gobierno de la mayoría: según AMLO, si la mayoría de los votantes mexicanos apoyan a su partido, agenda y sucesor designado, esas preferencias debieran reflejarse en el Congreso, el Poder Judicial, todo el aparato estatal, los medios de difusión y hasta el Banco Central. Se trata de un enfoque completamente opuesto a la separación de poderes, uno de los principios fundamentales de las democracias liberales.
Pero si un país latinoamericano necesita controles y contrapesos, tanto internos como internacionales, es México; las primeras elecciones verdaderamente libres y justas del país tuvieron lugar en el año 2000, y la nación sigue lidiando con la violencia, la corrupción y el capitalismo amiguista. Dada su tumultuosa historia, la centralización del poder en una única persona o poder de gobierno es precisamente lo que México debe evitar.
A pesar de la contundente victoria de Sheinbaum sigue habiendo mucha incertidumbre: es posible que Morena no consiga bancas suficientes para enmendar la Constitución, y tal vez Sheinbaum no impulse las reformas judiciales y electorales de su predecesor, especialmente si causan una violenta reacción negativa del pueblo (además, es posible que los cambios propuestos no sean compatibles con los tratados internacionales ratificados por México).
De todas formas, cuesta mantener el optimismo, dado que los votantes mexicanos decidieron empoderar a un partido y a un líder cuya agenda legislativa podría socavar a las instituciones democráticas y tener consecuencias impredecibles; es un escenario que ya hemos visto, tanto en México como en otros países... y rara vez termina bien.
*Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.
