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Los desaparecidos en las ergástulas de Ortega-Murillo

La prisión, sin juicios con garantías, debidos procesos y sin el derecho a defensa, es una acción brutal y debe condenarse sea quien sea la víctima

Ilustración represores y cárceles en Nicaragua

Ilustración: CONFIDENCIAL

Mónica Baltodano

22 de noviembre 2024

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El 5 de septiembre 2024, los Ortega-Murillo desterraron a Guatemala a 135 presos y presas de conciencia. Los relatos de esta nueva camada, ahora también desnacionalizados, muestran no sólo el incremento de la crueldad del régimen, pues muchos denunciaron torturas brutales, como extracción de uñas, golpes, y choques eléctricos, sino el nivel demencial de las persecuciones, pues buena parte de ellos no tuvo relevante participación en la rebelión del 2018 ni en las acciones opositoras. Dos de ellos fueron capturados al intentar pintar un mural de la nicaragüense Sheynnis Palacios, electa Miss Universo el año pasado, lo que generó una explosión espontánea de alegría de toda la población y la rabia de la dictadura. 

De acuerdo al “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua”, a la fecha 8 mujeres y 38 hombres están prisioneros por razones políticas.[1] Llama la atención, sin embargo, que ahora la pareja demencial que oprime a los nicaragüenses, mantiene a varios de estos presos en condición de desaparición forzada, entre ellos, Brooklyn Rivera, líder y diputado del partido indígena Yatama, quien ya tiene más de un año sin que nadie haya podido verlo y sin que la dictadura le haya formulado cargos.

La lista de presos en tal condición va en incremento: la periodista y feminista Fabiola Tercero, el mayor en retiro del Ejército, Eddie Moisés González, Gersom Antonio Zeledón Motta, Brenda Yaoska Sequeira Vanegas, Sayda María Sequeira Vanegas, Carmen María Sáenz, Lesbia Gutiérrez Poveda, Eveling Carolina Matus Hernández, Domingo Antonio Munguía Carrión, el  coronel en retiro del Ejército, Víctor Boitano Coleman, y Jaime Enrique Navarrete Blandón, quien desde el año pasado cumplió condena de tres años de cárcel y en vez de liberarlo lo mantienen desaparecido.

Igual situación vive Douglas Gamaliel Álvarez Morales, campesino de El Castillo, Río San Juan, presentado como trofeo después que el gobierno de Costa Rica lo deportara en febrero, y a partir de entonces nadie ha podido verlo. Más recientemente, se puede considerar preso político en condición de desaparición, a Steadman Fagoth Müller, asesor del régimen para Asuntos Indígenas, capturado en septiembre 2024 por el Ejército, después de denunciar la situación de los pueblos mayangna y mísquito sometidos al despojo de sus territorios.


Además de los registrados como presos, hay otra forma de detención. Decenas de personas han sido citadas por la Policía y durante meses y meses obligados a reportarse todos los días o cada semana en una Delegación Policial. Otros son forzados a reportar su salida de la ciudad. Estos son los que todavía no tomaron la decisión de salir del país por veredas, muchas veces porque son de avanzada edad, o por tener hijos a los que les niegan el pasaporte. Son miles de perseguidos que, sometidos a amenazas, se ven obligados a salir al exilio. 

Las purgas internas: destituciones y capturas

A esta lista hay que agregar a innumerables funcionarios del gobierno que, aún después del 2018, permanecieron como instrumentos represivos del primer nivel y que, por distintos motivos, perdieron la confianza de la pareja presidencial. Son llamativos los casos del exjefe de Inteligencia Policial Comisionado Adolfo Marenco Corea, capturado y desaparecido desde enero 2023. Nadie tiene noticias suyas. Y con él, un sobrino, que decidió romper el silencio recientemente para denunciar las brutales condiciones en que permanece desde su captura.

Otros ex funcionarios de la dictadura están presos sin ningún tipo de proceso, y en condiciones brutales. La mayoría no sabe por qué razón los apresaron. De algunos se sabe que rompieron la orden de no hacer grupos de WhatsApp, pues solo son permitidos los organizados por el régimen. Uno de estos grupos, denominado La Comuna, era encabezado por el hijo de Carlos Fonseca Amador, principal líder e ideólogo del FSLN, caído en combate en las montañas de Nicaragua en noviembre de 1976.

Carlos Fonseca Terán era un niño cuando murió su padre. En los años 80 participó en algunas tareas, siendo siempre un muchacho bastante rebelde. En los 90 fue parte de la corriente Izquierda Democrática, que se opuso al Pacto de Ortega con el corrupto expresidente Arnoldo Alemán. Siendo diputado entre 1997-2002, Fonseca Terán votó en contra de las reformas constitucionales de ese infame pacto, pero luego se plegó a Ortega, y realizó tareas de relaciones internacionales, representando al FSLN orteguista en el Foro de Sao Paul en los primeros años del mandato del carnicero presidente de El Carmen.

Carlos Fonseca y su esposa Arlen Yaoska Cuadra, exintegrante del Tribunal Laboral, permanecen recluidos en una cárcel clandestina. Sus niños quedaron en su casa de habitación, en el residencial Lomas del Valle, en Managua, donde la pareja permaneció en condición de casa por cárcel, hasta ser trasladados con rumbo desconocido. Otros integrantes de La Comuna y decenas de exfuncionarios permanecen en cárceles clandestinas. Algunos fueron localizados en una galería del Centro Penitenciario La Modelo, acondicionada para este tipo de detenidos. Recientemente se supo de ellos, por informaciones de algunos presos políticos desterrados a Guatemala en septiembre, que pudieron verlos. 

Estos presos han sido confinados a celdas donde no tienen comunicación entre ellos ni con el mundo exterior. Un informe preparado por el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) —que da seguimiento a la situación de los presos políticos desde 2019— afirma que el primer grupo de recluidos en estas celdas eran funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos: Álvaro Carcache, exdirector de Infraestructura; Miguel Torres, ex subdirector de Infraestructura; Herroll Raití Morales González, exasesor de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia; Martín García, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC) y  Berman Martínez, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia. 

Es prohibido hablar entre nosotros. No tenemos derecho a usar papel ni lápiz, ni siquiera una Biblia.  Ni cualquier libro. La desinformación que se mantiene es tal, que ni siquiera sabemos cuál es la condena a que fuimos sometidos, a veces por bolas se sabe, pero no hay seguridad de ello. Ningún reo tiene derecho a visita familiar y están vigilados las 24 horas del día por una cámara colocada en cada celda, y por un policía que hace rondines a cada momento. Siempre utilizan la amenaza de encarcelar a nuestros familiares para obligarnos a aceptar lo que ellos quieren que les digamos.

En estas celdas y en total aislamiento también están otros integrantes de La Comuna: Isaías Bonilla Chamorro; Ernesto Paredes,  profesor universitario; Cristhian Eduardo Bermúdez Roque, humorista, daba clases de inglés; Gustavo Antonio Zapata, Administrador de Empresas y funcionario del Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA); Frank Matus, profesor de Economía; Rigoberto Ramos Mora, con maestría en la Universidad Javeriana; y José Ángel Bermúdez (Chepe Nicaragua), profesor de Artes y Pintura del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). Alejandro Taleno Rueda, integrante de este grupo, no está en la misma galería y suponen que lo tienen en una celda de castigo en la Dirección de Máxima Seguridad, conocida como “La 300”.  En esa infame galería también están: Reynaldo Vidaurre Martínez, funcionario de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y Alexander Téllez Martínez, ex director de Informática de la Cancillería.

Otros presos que laboraban en instituciones estatales son: Domingo Antonio Munguía Carrión (conductor) y Ovidio Johan Aguirre Urtecho (abogado), ambos capturados el 5 de abril del 2024, con sus respectivas esposas, las hermanas Sequeira Vanegas, que también están presas (desaparecidas). A uno de ellos lo acusaron de querer salir del país sin permiso de la institución donde trabajaba. Los demás no saben por qué los tienen ahí.  

Hay varios presos en esa galería a quienes solo se les conoce el nombre: Dagoberto, 62 años, trabajaba en una finca cafetalera en Estelí, Julio y Alexander. Ellos fueron trasladados después de siete meses de cárcel en la Estación Policial Distrito 3. Otro encarcelado, Joel Morales, cree que lo apresaron en represalia porque su hijo migró a lo Estados Unidos, acogiéndose al Parole Humanitario, pese a tener una beca universitaria. El reporte indica que también hubo presos indígenas mayangnas, como Eusebio Lacayo Bretan, de 75 años.

Lo dramático de estas prisiones es que, siendo hasta su captura funcionarios del régimen, y teniendo familiares vinculados a las instituciones, muchos prefieren guardar silencio, no quieren ser presentados como presos políticos ni tienen ninguna defensa. En sus celdas algunos repiten que están ahí por confusión, y que sus amos pronto lo reconocerán. Viven la tortura de estar presos, aislados, sin derechos a visitas ni a paquetería, pero no se atreven a denunciar y más bien disculpan a sus verdugos.

La situación de estos presos es parecida a la que vivieron muchos purgados del estalinismo, que pasaron años en Siberia, a veces por simple denuncia de un vecino que los malquería, pero aún loaban a Stalin y rogaban por su clemencia. Leyendo El fin del Homo sovieticus, de la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Aleksiévich, no puedo menos que encontrarle parecido. La ilegalidad de las detenciones y las condiciones carcelarias a que son sometidos no son exclusivas de regímenes de este signo. Nos remite también a la cárcel norteamericana Guantánamo, en Cuba, centro de torturas y detenciones arbitrarias, calificada por Amnistía como gulag de nuestro tiempo.

La prisión, sin juicios con garantías, debidos procesos y sin derecho a la defensa, es simplemente una acción brutal venga de donde venga y su condena vale también sea quien sea la víctima. Es igualmente violación a los derechos de los ciudadanos, sean estos opositores, disidentes o, aunque se sigan identificando como amigos del régimen. Es sencillamente una situación que debemos denunciar como intolerable en cualquier sociedad y en cualquier sistema.

[1] Puede seguir la información de las personas presas políticas de Nicaragua en este enlace.

 

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Mónica Baltodano

Mónica Baltodano

Guerrillera, revolucionaria y política nicaragüense. Participó en la insurrección contra la dictadura somocista. Exdiputada de la Asamblea Nacional. Fundó el disidente Movimiento por el Rescate del Sandinismo. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y una maestría en Derecho Municipal de la Universidad de Barcelona, España. Es autora de la serie "Memorias de la Lucha Sandinista".

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