24 de mayo 2023
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Guillermo Lasso cumplirá dos años en el Gobierno de Ecuador el 24 de mayo. En este periodo ha sobrevivido a tres intentos de destitución de diverso tipo e intensidad. En junio del año pasado superó un paro nacional de 18 días consecutivos, que fue liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con Leonidas Iza a la cabeza; luego siguió la votación en la Asamblea para conseguir su salida anticipada y un grupo de opositores recogió firmas para la revocatoria del mandato.
El presidente de Ecuador es un sobreviviente de la oposición de izquierda y de derecha. La primera, encarnada por la Revolución Ciudadana, del exmandatario Rafael Correa y el movimiento indígena Pachakutik, que cuenta con varios dirigentes, y la segunda, por la derecha del Partido Social Cristiano, con su figura histórica, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.
En estos dos años de gobierno, Lasso no ha logrado un acuerdo político interpartidario que le permitiese gobernabilidad; más bien ha estado siempre al filo del despeñadero. Esto ha limitado completamente la gestión y ni siquiera ha concretado un pacto social con organizaciones de la ciudadanía.
La decisión del mandatario para disolver la Asamblea (muerte cruzada), amparada en el artículo 148 de la Constitución de la república y expedida mediante el Decreto Ejecutivo 741, se produjo en un contexto de crisis simultáneas. Desde la inseguridad generalizada en todo el país, una alta tasa de desempleo, la insatisfacción ante los servicios de salud pública, el bloqueo legislativo, hasta una limitada capacidad de gestión gubernamental en el área social. Como un hecho positivo, se destaca el equilibrio de las cuentas macroeconómicas.
Lasso disolvió la Asamblea antes de ser juzgado políticamente en el proceso por peculado. La Corte Constitucional aprobó la continuidad del juicio bajo esa figura y la Comisión de Fiscalización de la legislatura basó el proceso sin un informe de consenso de sus nueve legisladores. Además, no se evidenciaron pruebas contundentes respecto de este delito. Así, la oposición quiso cortarle la cabeza al presidente con figuras que van desde la incapacidad mental hasta el descrédito popular.
Tras la “muerte cruzada”, de momento no ha habido protestas en las calles de Ecuador. El rechazo a la Asamblea es muy amplio y apenas tenía el 5% de aceptación. Es la legislatura peor evaluada desde la transición a la democracia desde 1979. Y ni siquiera el movimiento indígena ha puesto en marcha sus anunciadas protestas en contra del Gobierno, pues el contexto no les favorece.
Por su parte, el presidente Guillermo Lasso también cuenta con una aprobación bajísima. Solo el 13% de los ecuatorianos aprueba su gestión, y también ha hecho un récord el último año, pues su desgaste ha sido intenso y acelerado.
¿Qué se viene?
La muerte cruzada implica elecciones anticipadas para escoger el binomio presidencial y la Asamblea por el tiempo que les queda a las dos funciones del Estado para el periodo 2021-2025. En otras palabras, se vive un ambiente electoral, pues las organizaciones políticas están en la búsqueda de los mejores candidatos para el siguiente año y medio. La situación es compleja, las nuevas autoridades locales acaban de asumir sus cargos y la población se ve obligada a volver a las urnas en un escenario marcado por el descrédito por la política y la fatiga cívica.
En el tiempo restante, el presidente podrá gobernar por decretos, en la medida que la Corte Constitucional los apruebe. Lasso tiene apenas seis meses para demostrar que puede concretar alguna de sus ofertas de campaña como reducir el desempleo, mejorar el sistema de salud y el acceso a la educación y, sobre todo, combatir la inseguridad. En el oficialismo no se ha mencionado aún quién tomaría la posta. Si bien el presidente puede volver a ser candidato, los números le son adversos.
A futuro, queda la interrogante de si la muerte cruzada es un remedio o una nueva enfermedad para el sistema político ecuatoriano, puesto que cualquier mandatario, sin mayoría legislativa y que sufra el bloqueo político, podría aplicarlo antes de cumplir tres de los cuatro años de gobierno.
Por el momento, el mandatario ha recibido el rechazo de la oposición, el beneplácito del cuerpo diplomático acreditado en el país y el respaldo de las fuerzas del orden. Solo el tiempo dirá si Lasso tomó la mejor decisión.
*Artículo publicado originalmente en Latinoamérica21.
