8 de abril 2022
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Durante más de dos años la covid-19 se llevó vidas, destruyó sustentos, perturbó las rutinas diarias y dominó la discusión política en todo el mundo. Ahora que la fase aguda de la pandemia llega a su fin, debemos evaluar qué nos reveló sobre la capacidad de los sistemas democráticos para responder ante ese tipo de emergencias.
Podemos aprender varias lecciones de una crisis que causó la muerte de más de seis millones de personas y produjo la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el año pasado la Comisión Mundial sobre Democracia y Emergencias del Club de Madrid reunió a ex jefes de Estado y de Gobierno, expertos eminentes y líderes de la sociedad civil de todo el mundo para discutir sobre las enseñanzas de la covid-19 y la forma en que nuestros países pueden planear para las crisis futuras.
Así como nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ya no es el mismo río y ya no es la misma persona, ningún país sufre dos veces el mismo desastre, pero aprender de una emergencia es fundamental para prepararse para la siguiente. Aunque las pandemias son algo raro, las epidemias, los desastres naturales, las crisis financieras y los accidentes industriales ocurren con frecuencia. Los Gobiernos, organismos legislativos, instituciones judiciales, sociedad civil y organizaciones internacionales deben estar equipados para fomentar la capacidad de recuperación frente a las crisis.
En primer lugar, los Gobiernos deben elevar la categoría de la preparación ante emergencias y trabajar con sus pares para abrazar una transparencia radical, apoyar al periodismo y los medios responsables, fomentar la alfabetización digital y trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para desenmascarar la desinformación, especialmente en línea. Deben vincularse con las empresas de tecnología para solucionar los problemas que surgen en el entorno digital y aumentar el acceso a los recursos digitales. Y —considerando que la covid-19 puso al descubierto graves brechas en los sistemas de seguridad social— también deben promover una mejor protección para las minorías vulnerables, las mujeres y los jóvenes.
De hecho, los líderes gubernamentales deben movilizar todas las herramientas disponibles de política fiscal para fortalecer la resiliencia democrática y mejorar la equidad. Esto no solo implica ampliar la base fiscal en la lucha contra la evasión impositiva, sino también redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción.
Al mismo tiempo, las legislaturas deben evaluar la respuesta de sus Gobiernos ante la covid-19 y recomendar medidas para mejorar el desempeño en las emergencia futuras. Deban revisar el marco legal de sus países para garantizar que la forma en que se definen las emergencias refleje adecuadamente los riesgos actuales y que las disposiciones constitucionales para declarar el estado de emergencia proporcionen suficientes salvaguardas para mitigar el riesgo de abusos de poder.
Las legislaturas también deben garantizar que sus planes para la preparación ante emergencias sean lo suficientemente robustos como para permitir una supervisión eficaz durante las crisis futuras. Estos planes deben incluir normas flexibles para los procedimientos legislativos, y abrazar las tecnologías digitales para fomentar la capacidad de recuperación y promover la participación de los ciudadanos.
Las instituciones judiciales, por su parte, deben garantizar que el imperio de la ley guíe las respuestas de las democracias ante las emergencias futuras. Cuando la pandemia llegue a su fin, se pedirá a los tribunales —como ya ocurrió en algunos casos— que examinen las acciones de los Gobiernos en términos de los criterios de necesidad, proporcionalidad, equidad procedimental y respeto por los derechos fundamentales. Los tribunales deben asegurarse de que sus planes de preparación para emergencias permitan una rápida supervisión judicial en tiempos de crisis.
En una democracia, la sociedad civil y los medios cargan con la mayor parte de la responsabilidad para evitar la difusión de la desinformación. También tienen poder para poner temas en el centro de la escena y funcionar como catalizadores de las políticas de emergencia que mejor se vinculan con las necesidades de los grupos subrepresentados y las solucionan. En su preparación para las emergencia futuras, las organizaciones de la sociedad civil deben promover un mayor diálogo público sobre los riesgos críticos y la acción preventiva.
Finalmente, los organismos multilaterales tienen un papel fundamental que desempeñar a través de la coordinación de las lecciones aprendidas de los países miembros y el fortalecimiento de los valores compartidos. Los mecanismos de control de los derechos humanos pueden funcionar como un marco para defender los derechos fundamentales durante la respuesta de los países ante las emergencias. Los organismos regionales que cuentan con instrumentos para proteger a la democracia y el imperio de la ley entre sus Estados miembros deben reflexionar sobre la manera en que esas herramientas se pueden usar para la supervisión regional durante las emergencias. Y las instituciones mundiales como la Organización Mundial del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo deben seguir apoyando los esfuerzos para crear resiliencia a través de la inclusión social.
Todas las democracias son diferentes y todas las emergencias son distintas, pero la lección más importante que podemos aprender de la pandemia de la covid-19 es que todos los Estados democráticos son responsables, mientras se preparan para la próxima crisis, de salvaguardar sus valores centrales.
*Ex primer ministro de Bélgica, es presidente de la Comisión Mundial sobre Democracia y Emergencias y miembro del Club de Madrid.
** Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.
