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Los nicaragüenses, por diversas razones, se encuentran en un territorio en el que el día a día se mueven sin un compás moral y político que les permita guiarse adecuadamente.
Ellos perciben que hay cosas que no están bien, que hay injusticias, corrupción, pero el juicio de valor carece de claridad para medir la magnitud de algo correcto, justo o defendible (o viceversa), y generalmente generalizan y trivializan la problemática y le dan vuelta a la página.
La capacidad de comparar y contrastar las cosas junto a un sistema de justicia, e incluso a una historia compartida, reconocida y legítima, es mínima. Los actos de violencia y represión, la censura, la propaganda y la desinformación, así como la política de Estado que ha cambiado el currículo escolar y la noción de cívica, han eliminado toda posibilidad de apoyarse o aprender del juicio moral (de reglas que permitan distinguir que es lo correcto).
Además, entre la carestía de las cosas, la urgencia de la necesidad aunada con la reorganización institucional de la justicia como un brazo político partidario, la falta de libertad de expresión y comunicación, tanto el Estado como la sociedad misma, por necesidad y circunstancias, han desplazado lo moral a un segundo plano. No es que la gente se haya vuelto inmoral, sino que en Nicaragua la fuerza y la violencia han sustituido el poder de decisión y juicio sobre el balance entre lo justo y lo inaceptable, y quien no está del lado de la fuerza, vive en injusticia. Lamentablemente, la historia de Nicaragua muestra que el respeto a la autoridad solo se ha dado por la fuerza y escasamente por la voluntad popular.
Aquellos en el exilio, la diáspora, los migrantes, pasan por situaciones similares. Las necesidades de sobrevivir priorizan o reordenan lo que más se puede valorar, la necesidad económica; mientras que los que se consideran “opositores” al régimen dictatorial, o líderes, subordinan valores básicos de tolerancia, solidaridad, igualdad o confianza mutua. Ante la ausencia de una historia reconocida y aprendida y de un vacío democrático y de aprendizaje sobre la moral en la política, todos asumen la autoridad para “explicar” o interpretar la historia, para acusar, demandar, descalificar al otro, para exigir castigo y venganza en vez de justicia. Unos hablan del somocismo como la mejor época; acusan a todo el que fue sandinista de cómplice con el presente; selectivamente escogen momentos históricos; dejan datos, eventos y personajes a un lado para apoyar sus críticas, y pocos contribuyen constructivamente hacia adelante.
La más reciente experiencia se observa en el episodio del autosabotaje político en la Concertación Democrática Monteverde, que básicamente creó una división profunda, para algunos percibida de irreconciliable que frustró una alternativa cívica que avizoraba alguna esperanza de éxito político en el corto plazo. Desde entonces, las acusaciones y ataques se intensificaron con reclamos y derechos para expandir los insultos y las descalificaciones a otros. La atomización política, de quienes se consideran “opositores” o “críticos”, ha llegado a una expresión altísima y en vez de preocuparse por el conflicto, valoran la posibilidad de que de esa atomización “salga ganando yo”. Pero no es así. Ni vos, ni el otro, salen ganando. El país pierde.
Se ha perdido el centro político de por qué es importante un cambio en Nicaragua, sin dictadores, sin dinastías, sin corrupción. Aunque digan lo contrario, esa es la realidad. Las razones de por qué, pueden ser un tema de análisis académico, pero las razones para salir adelante y recuperar ese centro atañen a todos.
Subir la parada hacia una ruta clara, justa y moral
Nicaragua se encuentra en un momento en que la radicalización autoritaria está consolidada. Una transición que conduzca a un reordenamiento del andamiaje legal y represivo en que se apoya el régimen se muestra como un desafío lejano.
No se trata de pensar en “el día después”, especialmente porque para este país no es algo que ocurrirá con la muerte de Ortega, sino que ese momento ya ocurrió desde la farsa electoral de 2021 y con todo el andamiaje legal de criminalización y captura de Estado que fue seguido por las purgas y persecución contra líderes cívicos (ya tomando en cuenta el eventual deceso del dictador).
La existencia o no de un movimiento opositor es secundaria porque el sistema represivo no permite la participación política. Sin embargo, tener una lectura clara de las necesidades del pueblo y de cómo resolverlas es el punto de partida para construir una estrategia de resistencia, no de oposición política. De ahí que conocer de cerca la temperatura del ciudadano promedio, en vez de asumir lo que ellos quieren, sea primordial.
Lo que los nicaragüenses querían en los Diálogos Nacionales 2018-2019 (salir de la dictadura), 2021 (unas elecciones libres sin fraude), 2023 (una mejoría económica, o irse del país) es muy diferente a lo que quieren hoy. Hay un común denominador: el rechazo nacional a los Ortega-Murillo se refleja de diferentes maneras, no de forma literal, sino a través de los síntomas de la podredumbre del sistema y lo que le permite a uno expresar en ese contexto. Lo económico, la delincuencia y la corrupción han sido los lastres que agobian a los nicaragüenses, y su expresión se manifiesta en frustración e indignación.
Recientemente, se observa el rechazo a la invasión de las tiendas china en el país y las concesiones mineras a empresas chinas de dudosa trayectoria, en la inserción comercial de estos negocios y en el desplazamiento de negocios locales. Tampoco están satisfechos con la corrupción, pero no la reflejan con el lenguaje “académico” sino con la voz de la calle, protestando por los favores que les hacen a unos y las penalidades contra todos. Pero también ahora es importante saber qué es lo que quieren los nicaragüenses que están afuera; hay más de un millón de nicaragüenses en el exterior (cerca del 20% de la población), tres cuartos de ellos salieron por las circunstancias políticas después de 2018. Lo que ellos quieren en relación con Nicaragua no necesariamente es igual a lo que quieren los que están “adentro”. Ellos miran las cosas desde afuera, con otra óptica, pensando en sus familias, pero en el temor al retorno, con la ilusión de meter a la cárcel a los dictadores, y volver al país lo más pronto posible.
Conjugar esos deseos es una tarea difícil y promover una agenda común representa un reto formidable.
Es importante distinguir entre lo que los nicaragüenses necesitan hacer para debilitar al régimen y entrar a una transición democrática y lo que los nicaragüenses merecen una vez que vuelva la democracia, si es que esto llegue a ocurrir.
En el primer caso, la presión política tiene que ir con dos caras, una que debilite las condiciones materiales de la dictadura, y la desmoralice al mismo tiempo. La otra cara es contar con un mensaje claro que reivindique la dignidad humana de los nicaragüenses, que les haga apropiarse de una lucha que es para ellos y por ellos; en vez de ver denuncias desde afuera, que les da la impresión de que no los toma en cuenta.
Segundo, aparte de resetear todo lo que se ha llamado oposición, hay que contar con un movimiento político en el que sus miembros rindan su voluntad a la de la mayoría. John Rawls recomendó que la justicia es el mejor método para reglamentar las decisiones, ya que provee los insumos correctos para un ajuste de cuentas. Para ello, planteaba que se definieran reglas, y éstas se conforman entre quienes quieran integrar un equipo y no presumen de conocer en qué consistirían las reglas, sino que participan en formular un contrato mutuamente, en un velo de ignorancia, fundamentalmente para identificar qué principios mínimos conforman este reglamento.
Partiendo de un contexto en el que todos los participantes tienen desconocimiento del contexto hacia la Nicaragua posible, ¿es el pasado una guía para definir el futuro?, ¿cómo?, ¿en qué consiste construir un entorno democrático y con quién?, ¿cuáles son las herramientas de movilización política que se necesitan para hacer resistencia?, ¿qué criterios o características debe reunir un equipo, o un personaje, en liderazgo?, ¿qué reglas de conducta se deben establecer para conducir una resistencia política?, ¿cuáles son los candados y penalidades a usar si el contrato es violado por sus miembros?, ¿cuál es el tipo de riesgos que no se está dispuesto a asumir? Ningún movimiento cívico ha querido considerar criterios mínimos; en cambio, ha dejado que las cosas ocurran por inercia, eligiéndose uno u otro para un equipo al que le resta decisiones y autoridad para movilizar al pueblo, y en la mayoría de los casos, una fuerte aversión a calcular riesgos.
Aunado a esos dos aspectos, y frente a los fracasos que han surgido, el sujeto democrático debe ser diferente al pasado, debe reunir los criterios de un buen ciudadano y alguien dispuesto a asumir riesgos y tener la cara del nica promedio.
El buen ciudadano, como el sujeto político de la Nicaragua posible, es aquel que se apoya en los principios que guían la cultura cívica y moral de esta. Esta guía moral está compuesta por el compromiso individual de arriesgarse a mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas, de tener un carácter moral intachable y un apego a los principios mínimos de la cultura democrática. No son consideraciones abstractas; para desmoralizar a la dictadura hay que tener el carácter para hacerlo; con la labia no es suficiente.
Lo que está en cuestión para lograr la Nicaragua posible es terminar con el desorden político, entendiendo lo que quieren los nicaragüenses, para dar un golpe proporcional al régimen que cuente con el apoyo del pueblo a través de un movimiento de resistencia respetuoso de su propio ordenamiento y que lo sostenga con el cuerpo moral de sus miembros. ¿Será posible?
